"El proteccionismo europeo es la peor discriminación sufrida por América Latina"

Al cumplirse los cien días de su llegada al Gobierno, el hombre que ha puesto fin a la décadadel peronista Carlos Menem hace balance de su gestión. De la Rúa esquiva las comparaciones con

su antecesor y prefiere concentrarse en sus logros, aunque no pierde la oportunidad de criticar la herencia

recibida, en especial la ineficiencia del Estado.

Hay un gran trajín en los pasillos de palacio. Un nutrido grupo de civiles y uniformados aguarda ser recibido por el presidente. El jefe de los servicios secretos, Fernando Santibañes, se mueve inquieto de un lado a otro. Falta poco para la primera reunión del Consejo de Inteligencia creado por el nuevo Gobierno argentino que preside Fernando de la Rúa, 61 años, casado y con tres hijos, y en las filas de la Unión Cívica Radical desde los 18 años. En su despacho de la Casa Rosada, el primer mandatario argentino recibe antes a EL PAÍS para hacer balance de sus primeros cien días al frente del Gobierno que puso fin a la década del peronista Carlos Menem, un presidente con una fuerte personalidad. No le gustan a De la Rúa, hombre de gestos y palabras menos elocuentes, las comparaciones. Prefiere hablar de sus logros y, de paso, criticar la herencia dejada por su antecesor.

Pregunta. Después de 10 años de Gobierno de Menem, que con su estilo de hacer política llenó muchas páginas de periódicos, en Argentina se ha producido un cambio súbito con su nuevo estilo.

Respuesta. Súbito no. En la campaña dijimos que había que poner austeridad y luchar contra la corrupción en el Gobierno. Que la gente vuelva a confiar en el gobernante. Ésta es la base del sistema democrático. Cada uno es como es, y si puedo definir cómo es mi Gobierno y esto significa un estilo, yo le digo que es un estilo republicano.

P. ¿Cuál fue la mayor sorpresa que encontró usted cuando llegó a la presidencia de la nación?

R. De manera general, la ineficiente organización del Estado. Lo dije en el Congreso: el Estado así no sirve. Hay mucha ineficiencia. Más que recompuesto tiene que ser refundado. Tiene que mejorar la Administración, llegar más a la gente, reducir la burocracia y mejorar la justicia, tiene que ser una justicia eficaz e insospechable. Estoy poniendo en marcha programas de acción sobre temas concretos. La base principal de lo que hago es coordinar las áreas, impartir las órdenes y crear la mística. Es el caso de la lucha contra el contrabando, la lucha contra la evasión, la promoción del comercio exterior o la reunión que tendré dentro de un rato de la comisión sobre las tareas de inteligencia del Estado.

P. ¿A qué atribuye usted la aparición de una incipiente crítica en diversos medios de prensa, a través de portadas que hablan de un país parado, o de un presidente al que acusan de dormir la siesta?

R. Creo que sufrimos un ataque que puede responder a opiniones expresadas libremente, pero puede responder también a intereses concretos para tratar de forzar determinadas medidas económicas. Por ejemplo, hablaban de una supuesta fuga de empresas argentinas a Brasil y después se comprobó que era una maniobra para crear un clima de incertidumbre.

P. ¿Con qué intención?

R. Es muy difícil saberlo. Bueno, hoy me reúno con el Consejo de Inteligencia. A ver si son capaces de analizarlo. Hay muchos intereses en juego. Este país tiene un régimen económico, cambiario. Hay reclamaciones de subsidios...

P. No teme que se reproduzca en alguna gente el fantasma de lo que ocurrió con el presidente Arturo Illia, que lo empezaron a caracterizar de tal modo, por intereses como usted dice, y terminaron haciendo creer a la población cosas que no eran ciertas.

R. Yo colaboré con Illia. Fantasmas, no creo en los fantasmas. Eso no va a pasar. Algunos quieren tomar la delantera de la oposición pensando que así interpretan la realidad o atraen a sus electores. Pero no son la mayoría. Sí sé del gigantesco esfuerzo que hay que hacer para poner el país de pie, después del pozo en que lo dejaron. Vamos saliendo del déficit, saneando las cuentas y recuperando la confianza del país, bajando el riesgo en el país, ya ha bajado la tasa de interés, lo cual favorece las inversiones.

P. ¿Qué ha logrado usted en sus primeros cien días de Gobierno?

R. Si cien días atrás se hubiera anunciado que haríamos todo lo que hicimos, no nos habrían creído. Desde cerrar el acuerdo con Chile y Brasil hasta ordenar la situación en la provincia de Corrientes, refinanciar los pasivos del campo, poner en marcha programas culturales, de salud, sociales... Es díficil imaginar hacer tanto en tan poco tiempo. Así que estoy satisfecho, pero quiero más. Nadie puede conformarse así cuando el país tiene dificultades y problemas que derivan de una falta de rigor en el gasto y en las inversiones. Por ejemplo, el PAMI, que es la obra social de los jubilados, tenía suspendido el 80% de las prestaciones, hoy cubre el 90% de aquellos servicios. Estamos bajando el gasto del PAMI en 300 millones de dólares. Son pasos importantes.

P. Sin embargo, en este corto espacio de tiempo usted ha adoptado dos medidas (la subida de impuestos, conocida popularmente como impuestazo, y la reforma laboral) que han generado un rechazo amplio, que se ha traducido en las primeras movilizaciones de los sindicatos contra el Gobierno.R. Impuestazo es una expresión periodística local. Un periodista inteligente de un diario extranjero no debiera usarla. El problema no es el tamaño del impuesto, sino el tamaño del déficit que había que cubrir. El impuesto no gusta a nadie, pero se ha hecho recaer sobre las ganancias de las personas para no afectar el proceso productivo. Es para los que más tienen, los que pueden, no afecta al conjunto de la población. Nos permite equilibrar las cuentas, pero va acompañado de un gran esfuerzo administrativo para bajar el gasto. Estamos haciendo la reducción del gasto público más severa de la última década que se conozca en nuestro país, y seguramente en muchos a la redonda.P. ¿Se ha acabado la fiesta para unos pocos en Argentina, como usted pregonó en la campaña electoral?

R. Aquí ha habido una época de crecimiento inequitativo en la que algunos se benefician y otros se perjudican. A ésos me referí en la campaña, se iba a acabar la fiesta para pocos. Quiero que el crecimiento sea equitativo, para todos. Hay que recuperar la economía. La gente sabe eso, el sentido de equidad con que actúo. Hago el esfuerzo para asistir a los que más necesidades tienen. El programa de este Gobierno es de crecimiento con equidad, con igualdad. Ésa es una demanda generalizada en el mundo. Siempre hay quienes establecen privilegios o sacan ventajas. Privilegios públicos y privados, corporativos y particulares, que se aferran a ellos y se convierten en enemigos de los Gobiernos. Es necesario enfrentarlos para lograr la equidad. Es un valor derivado de la igualdad que deben buscar las democracias modernas. Pero el mundo es inequitativo, porque concentra la riqueza y discrimina en los mercados. Pongo por caso el proteccionismo europeo, que es la peor discriminación que sufren los países de América Latina. Así es que tenemos una gran amistad con los pueblos de Europa, pero... no se muestra a la hora de los hechos y, en cambio, se nos somete a una discriminación comercial.

P. La lucha contra la corrupción fue el caballo de batalla de su campaña electoral. Usted ha creado una oficina anticorrupción. ¿Las consecuencias de esta lucha deberían llegar hasta el anterior presidente?

R. No hay excluidos. Ahí ellos van contra todos y no preguntan. Lo que vaya a pasar... Bueno. La oficina anticorrupción actúa con completa autonomía, llega hasta donde tiene que llegar e investiga lo que tiene que investigar. Ahí no hay excluidos ni culpables predeterminados. Se basa en hechos porque actúa con criterios objetivos, prácticamente judiciales. De hecho quien la conduce es un funcionario proveniente de la justicia. Esta oficina es un punto de referencia para el Gobierno y para la gente.

P. Las Abuelas de Plaza de Mayo acaban de anunciar que le van a pedir la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas por el último Gobierno radical de Raúl Alfonsín y que fueron derogadas pero no anuladas. Con lo cual, su anulación permitiría abrir nuevos procesos.

R. Tres cosas. Primero, no corresponde que el poder Ejecutivo anule una ley, eso es competencia del Congreso; segundo, no estoy de acuerdo con que se anulen unas leyes que fueron dictadas por un Gobierno democrático; y tercero, de acuerdo a los principios de Derecho Penal que rigen entre nosotros, los efectos no se retrotraen. Comprendo el sentimiento de las Abuelas, pero éstos son los principios jurídicos.

P. ¿Usted las va a recibir para decirles esto?

R. No tengo noticias de que lo hayan pedido, pero con mucho gusto recibo a toda la gente que desea plantear sus problemas.

P. ¿Y los militares que fueron ascendidos a pesar de tener procesos por violaciones de derechos humanos?

R. No habían sido procesados. Me informé de los antecedentes y estos militares no tenían antecedentes que impidieran su ascenso.

P. Más allá de la opinión que le merezca la actuación del juez Baltasar Garzón, ¿en qué se va a diferenciar la actuación de su Gobierno de la mantenida por el de Menem en cuanto a colaborar con la justicia para actuar contra militares argentinos?

R. Sobre eso aguardo los hechos. Hasta ahora lo que ha llegado es una petición de detención vía Interpol , la pasé a la justicia y el juez la rechazó. Respeto la justicia española, pero considero que debe respetarse también la soberanía argentina y la justicia argentina. Aquí hay dos sistemas: el sistema legal y judicial español y el argentino. Diferente es el caso de Chile, donde no se produjeron juicios, aunque también reivindica su derecho a ser quien juzgue. En nuestro caso la diferencia es todavía mayor porque desde 1983 aquí pasó de todo, hubo juicio a los comandantes, leyes del Congreso, procesos aún abiertos, han sido 17 años muy intensos. Por eso digo que cuando lleguen las peticiones, se verá.

P. ¿Cree usted que las causas que están abiertas como el robo de bebés tienen que seguir, o sería partidario de archivarlas y poner punto final?

R. Eso debe continuar, porque los casos de los bebés no están comprendidos en la Ley de Obediencia Debida. Hay que dejar que siga actuando la justicia y el Gobierno brindará todo el apoyo que requieran los jueces. Tal y como haremos con la investigación de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel. El Gobierno es muy respetuoso con los derechos humanos, fomenta el respeto de los derechos humanos y lucha contra la discriminación racial o religiosa, la tortura y contra cualquier forma de abuso. Eso es la continuación de la política iniciada por el doctor Alfonsín en 1983.

P. ¿Tiene previsto revisar alguna de las privatizaciones llevadas a cabo por el anterior Gobierno, y qué opinión le merece el papel de España que fue el primer país inversor en Argentina el año pasado?

R. No tengo en carpeta ninguna revisión, de momento. Las empresas españolas que están radicadas aquí se integran bien, como parte del país. Han mejorado la relación de compras aumentando el aprovisionamiento local, y esto es fundamental para defender el trabajo argentino, ya que es aquí donde recaudan sus ingresos. Al principio, lamentablemente, se aprovisionaban todo afuera y no era equitativo, pero eso era la política del anterior Gobierno. La mía es pedirles que se aprovisionen aquí, que se abra al máximo la competencia, y lograr precios más bajos porque los servicios caros afectan a la competitividad del país.