El fiscal pide penas de 5 años para tres empresarios por delito ecológico

El fiscal de medio ambiente de Cataluña, José Joaquín Pérez de Gregorio, solicita penas de cinco años de prisión por delito ecológico para tres directivos y dos empleados de la empresa Gonvarri Industrial, SA, situada en Castellbisbal y dedicada al corte y cincado de placas de acero. La fiscalía les acusa de haber vertido durante años aguas altamente contaminadas al alcantarillado público que va a parar al río Llobregat y de crear con ello un grave riesgo para la salud de las personas.

El juicio por el caso se celebrará el próximo 12 de abril en la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona. En el banquillo se sentarán Francisco Rieras Pampliega, Francisco José Riberas Mera y Manuel Suárez, que en 1996 ocupaban los cargos de presidente del Consejo de Administración, administrador y director de producción, respectivamente, de Gonvarri Industrial, situada en el polígono industrial Sant Vicenç, en Castellbisbal. Además, el fiscal acusa a José Antonio Ruiz Muro y Ana María Cuesta Prieto, quienes eran entonces responsable y encargada de la cadena de decapado y cincado de la empresa.La industria, según explica el fiscal en su escrito de acusación, se instaló en 1981 sin permiso municipal para la actividad de cincado y en 1984 obtuvo de la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental una licencia para el vertido de aguas residuales al río Llobregat con la condición de que no fuesen vertidos industriales. Sin embargo, en abril de 1996 la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente comprobó que el colector de la empresa vertía aguas de color rojizo. Una vez analizadas se comprobó que contenían concentraciones de hierro que eran 400 veces superiores a las permitidas por la ley y de cinc más de cinco veces superiores. La entidad metropolitana denunció los hechos ante los Mossos d'Esquadra y se inició entonces el proceso penal.

El fiscal asegura que las aguas se vertían "de forma ilegal y clandestina" para ahorrarse los costes económicos de su tratamiento. El perito judicial de la causa, Francesc Menen, emitió un informe en su día en el que desvelaba que la salida de aguas de la empresa Gonvarri Industrial estaba conectada a la de Gonvauto, que es únicamente un almacén de productos y que, en teoría, no debería realizar vertidos contaminantes. El perito asegura que al margen de los daños inmediatos que puede causar el vertido en las personas, también deben considerarse los daños diferidos, de imposible previsión.