La Junta alerta de que el Gobierno estudia reducir la flota que faena en Marruecos

La flota que faena en el caladero marroquí lleva casi cuatro meses amarrada sin que ni siquiera haya todavía un calendario de negociaciones para un nuevo tratado de pesca. Armadores, pescadores y Junta coinciden en que el Gobierno debe presionar más a la Unión Europea para que se inicien las conversaciones. Sus portavoces advierten que hay que "apretar" a Marruecos porque no sólo está en juego la prórroga de las ayudas, que vencen a finales de mayo, sino el futuro del sector. En medio de esta incertidumbre, la Consejería de Pesca alertó a los patrones de los barcos y a sus trabajadores, que el Ministerio baraja la posibilidad de desmantelar el 60% de la flota. La administración central reconoció que se lo plantea "como ultimísima medida" ya que la mayor parte de las embarcaciones andaluzas no es reubicable en caladeros alternativos como Perú o Mauritania.

La propuesta no ha sido comunicada ni al sector ni a la Junta. Según el Ministerio, porque "lo que se pretende a toda costa es un acuerdo" y porque lo contrario "sería asumir una postura catastrofista". El consejero, Paulino Plata, ha acusado al Gobierno de "rendirse a las tesis de Marruecos" y ha llegado a insinuar que las ayudas han servido a Madrid para desmovilizar al sector. "La habilidad del Estado en pagar las indemnizaciones provoca desidia y pasividad", dijo.

El presidente de los armadores, sin embargo, lanzó ayer un aviso a navegantes: "Esta excesiva tranquilidad no va a durar mucho tiempo. La situación no puede alargarse demasiado porque no sólo está en juego la continuidad de las ayudas, sino el futuro del sector". Hace cuatro años, cuando se negoció el anterior tratado pesquero, las subvenciones eran la mitad más bajas, lo que motivó innumerables protestas durante los siete meses que duró el amarre. Ahora ya van tres meses y medio y aún no se sabe cuándo se iniciarán las conversaciones porque Marruecos pretende aprobar antes su legislación pesquera.

Maza eludió estimar las pérdidas de la flota, pero admitió que están "muy por encima" de los cinco millones mensuales por embarcación registrados en 1996. Pero el portavoz de los armadores aclaró en que ese no es el único perjuicio: "Se pierde cuota de mercado, el sector extractivo está en crisis porque no percibe ayudas y se resiente el tejido productivo porque la falta de tratado tiene repercusiones socioeconómicas".

La preocupación del sector no es gratuita. Las subvenciones pueden ser prorrogadas por otros seis meses, pero la normativa comunitaria exige como requisito previo un plan de reestructuración. Quedan dos meses para que se acabe el primer bloque de ayudas y aún el sector desconoce si el Ministerio ha dado algún paso ante las autoridades europeas para garantizar su prórroga. La administración central argumenta que no hay motivo de alarma porque serán ampliadas, pero pescadores y armadores reclaman una reunión urgente con el ministro para analizar la situación a la que se enfrentan.