Los tribunales chilenos tendrán que afrontar fuertes presiones militares
"Es un fanatismo querer juzgar a Pinochet. Por el conocimiento que tengo no creo que se le vaya a juzgar. A lo sumo, será interrogado, por escrito, naturalmente". La frase es de un general retirado del Ejército que trabajó largo tiempo junto al dictador. Éstos son sus argumentos: "No hay antecedentes para procesarle. El mundo cree que es intocable y el juez Guzmán tendrá que pensarlo muy bien antes de dar cualquier paso. Y no sólo Guzmán, sino también el Gobierno".
Así piensa en Chile la llamada familia militar. Frente a esta opinión se levanta la voz de jueces y políticos, que, por necesidad o convicción, sostienen que todos los chilenos son iguales ante la ley. Sergio Muñoz, magistrado de la Corte de Apelaciones, afirma que "el ordenamiento jurídico chileno permite juzgar a Pinochet". Pero puntualiza: "Por la simple convicción ciudadana no se puede juzgar, antes hay que reunir las pruebas". Muñoz instruye la causa del asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez a manos de agentes de la policía de la dictadura en 1982, y es el primer juez que ha interrogado a Pinochet por un delito de homicidio a través de un exhorto remitido a Londres en mayo de 1999.Ricardo Núñez, senador y presidente del Partido Socialista (en el Gobierno), admite que los uniformados no observarían impasibles a su antiguo comandante en jefe sentado en el banquillo: "Sé que podemos vivir momentos delicados, pero tengo la certeza de que Chile se ha convertido en un país con una sólida adscripción a los valores de la democracia y la justicia". Firmante de una querella contra Pinochet, el líder de los socialistas reclama justicia -"no busco venganza"- para que nunca más haya crímenes en Chile. "Amigos y compañeros míos fueron asesinados cruelmente entre Santiago y Arica. ¿Vamos a permitir para las futuras generaciones que eso quede impune?".
El procesamiento de Pinochet en Chile está de momento en manos de Juan Guzmán Tapia, el juez que debe dar los primeros pasos. Guzmán considera que el exdictador puede ser juzgado basándose en el artículo 274 del Código Penal, especialmente en los apartados concretos que se refieren a que "está justificada la existencia del delito" y a la existencia de "presunciones fundadas de que ha tenido participación en el delito". A Guzmán le correspondería bastante más que interrogar a Pinochet. Según la legislación chilena, en primera instancia el juez instruye, juzga y dicta sentencia. Es decir, tiene que pronunciarse sobre su propia actuación, lo que no puede considerarse muy ajustado a derecho, según coinciden diversos juristas.
La primera acción que deberá llevar a la práctica el instructor será la petición de nuevos exámenes médicos a Pinochet, a cargo de los equipos de Medicina Legal del Ministerio de Justicia, para comprobar si está en condiciones de afrontar un juicio. Todas las partes, defensa y acusación, pueden aportar los antecedentes que consideren convenientes. Los abogados que patrocinan las 59 querellas no albergan ninguna duda de que la defensa de Pinochet en Chile pedirá el sobreseimiento de todas las causas que instruye Guzmán, y para ello aportarán como prueba fundamental el informe médico británico.
Sin embargo, la legislación chilena presenta algunas particularidades. Mientras en el Reino Unido se aplica la razón humanitaria por salud cuando el inculpado no está en condiciones seguir el desarrollo del juicio, "en Chile es distinto", señala Adil Brkovic, abogado querellante. "Las eximentes en el terreno de la salud mental son más severas. Tiene que haber una pérdida total de la razón, lo que equivaldría a diagnosticar a Pinochet como demente". Si un médico señala que el examinado tiene una dolencia mental de tal magnitud que le incapacita para afrontar un proceso, el juez está obligado a sobreseer la causa, al menos temporalmente. En este punto, los abogados querellantes llaman la atención sobre los problemas políticos que podría entrañar en Chile un dictamen de demencia. ¿Están dispuestos a aceptar un diagnóstico de tales características las Fuerzas Armadas y el entorno del exdictador?
Antecedente de salud mental
En la historia judicial chilena reciente hay antecedentes en los que la salud mental no siempre fue considerada eximente. El letrado Adil Brkovic recuerda el caso del Chacal de Alcohuaz, un campesino de un poblado de la precordillera, al norte de Santiago, juzgado por el homicidio de una mujer y sus tres hijas. Era un campesino analfabeto con una historia de abandono familiar y con problemas psiquiátricos serios. Así lo certificaron sendos informes del Servicio de Medicina Legal, que lo declaró esquizofrénico, y de la Policía de Investigaciones, que hablaba de una personalidad psicótica. No fue suficiente. Fue condenado a muerte y la Corte Suprema ratificó la sentencia. El presidente Patricio Aylwin conmutó la pena. Aquel campesino cumple cadena perpetua, pese a un cuadro clínico que debería haberle eximido. Claro que Pinochet no es el Chacal de Alcohuaz.
