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Dinamarca, punta de lanza europea de la política restrictiva con la inmigración

El país nórdico, que ha incrementado las expulsiones y recortado la protección de los solicitantes de asilo, se ha convertido en modelo para otros países de la UE

Refugiados sirios en Copenhague (Dinamarca), el 21 de mayo de 2021.
Refugiados sirios en Copenhague (Dinamarca), el 21 de mayo de 2021.Anadolu (Anadolu Agency via Getty Images)

Cero solicitantes de asilo fuera del esquema de reasentamiento de la ONU. Ese el objetivo de Dinamarca, uno de los países más ricos de Europa, con un extenso Estado de bienestar, y que es también punta de lanza en la Unión Europea de las políticas restrictivas hacia la inmigración. El socio nórdico, de casi seis millones de habitantes, gobernado por una coalición de socialdemócratas y liberales, ha endurecido las condiciones para solicitar asilo a quienes huyen del conflicto o la represión política, implantado numerosos programas para aumentar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular, reducido el tiempo de protección de los refugiados y ha extendido una regulación para integrar a quienes llegan que avala, incluso, la transformación de barrios y el realojamiento para cambiarles la cara. También se llegó a plantear el envío de solicitantes de asilo a centros en Ruanda. Su ejemplo se ha convertido en el faro –la cúspide de la Europa blindada— para otros, como Suecia, Finlandia o Austria.

Ahora, Copenhague, con su modelo disuasorio para los solicitantes de asilo —recibió 2.255 frente a las más de 13.000 de Irlanda, con una población similar y los 165.420 de España, según Eurostat—, lidera a un gran grupo de países que presionan dentro de la UE para apuntalar fórmulas migratorias más restrictivas, que reclaman firmar nuevos pactos para que Estados de fuera del club comunitario frenen las salidas hacia Europa a cambio de fondos, como se ha hecho con Túnez o Egipto, y ponen sobre la mesa la idea de abrir centros fuera de la UE para las personas rescatadas en el mar, la fórmula que Italia, gobernada por la ultraderecha, quiere hacer en Albania.

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“La idea, el modelo, es el de externalizar responsabilidades”, describe Eva Singer, del Danish Refugee Council, en su luminosa oficina del centro de Copenhague. “La premisa es que Dinamarca, Europa, no debe asumir la responsabilidad de acoger a los solicitantes de asilo y los refugiados y que deberían quedarse en otro sitio”, añade la experta, que destaca que el caso con quienes han buscado refugio desde Ucrania es completamente distinto en algo que muchos refugiados no occidentales califican como un “doble rasero”. “Se está tratando de crear un sistema que tenga un aspecto negativo para que así los migrantes se vayan a otros lugares. Y si todos los países europeos hacen lo mismo es una carrera hacia el abismo”, remarca la experta.

Singer navega por la política migratoria danesa y su evolución, que ha establecido la protección de los refugiados como algo temporal, por uno o dos años renovables, en función de las condiciones, y con la idea de que vuelvan a su país tan pronto como las condiciones mejoren. Solo se puede pedir el permiso permanente tras ocho años.

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En España, sin embargo, el estatus de refugiado reconoce al solicitante un permiso de residencia permanente –y a optar por la nacionalidad en cinco años— y a quien tiene protección subsidiaria, uno de cinco años. No obstante, el grado de reconocimiento de protección es uno de los más bajos de Europa, ya que la mayoría de quienes la piden son venezolanos a los que se enmarca en permisos especiales por razones humanitarias, con residencia de un año prorrogable a dos. En Dinamarca, sin contar con los ucranios, el mayor número de solicitantes de asilo procede de Afganistán, Siria y Eritrea y llegan al país tras entrar principalmente a través de Grecia o Italia.

Dentro de ese endurecimiento de la legislación y de la idea de que el asilo no es para siempre, el país nórdico estableció que algunas partes de Siria, como Damasco o Latakia, ya son seguras, lo que privó a quienes provenían de allí, como regla general, del derecho al asilo. Algunos, como Asmaa, de cerca de Damasco, o como Dounia y su esposo, Mohammed, terminaron en un centro de deportación. Cuando les retiraron los permisos, pasaron de vivir en un apartamento a tener que dormir en un centro con otras personas pendientes de expulsión, sin poder salir de la ciudad. “No podemos volver a Siria y nos estaban diciendo que ya no éramos bienvenidos en Dinamarca. Fue aterrador, después de salir de nuestra casa en Siria, todo fue de nuevo aterrador”, dice Dounia.

Copenhague no puede deportar de manera forzosa a los sirios, ni siquiera a esas zonas consideradas seguras, porque no reconoce al Gobierno de Bachar el Asad, lo que en realidad dejaba a estas personas en un limbo que las invitaba a marcharse del país para intentar pedir asilo en otro país europeo. Sin embargo, organizaciones como la de Eva Singer litigaron contra la norma, y la han paralizado, aunque no han conseguido eliminarla. Algo que a familias como la de Dounia y Mohammed les genera una preocupación y frustración inmensas. “Queremos asentarnos aquí, integrarnos, pero el sistema no es sencillo”, dice él.

El ministro de Inmigración e Integración danés, Kaare Dybvad, reconoce que su modelo es restrictivo. “Hemos tratado de democratizar el debate para que el Legislativo tenga mayor influencia”, dice en una sala del Parlamento danés. El político socialdemócrata señala que la fórmula danesa es simplemente hacer “efectivo” lo que marca la ley, como que quien no tiene derecho a asilo se tiene que marchar. “Se trata de implementar, de poner en marcha las políticas por las que la gente ha votado”, afirma. “Necesitamos un mejor control de lo que ocurre en Europa y de las personas que vienen”, señala el político, que explica que su modelo de recepción e integración funciona porque sus cifras son bajas.

La inmigración ya no es un debate político en Dinamarca, dice Torben Jorgensen, un profesor jubilado que aparca su bicicleta junto a un colorido lote de carteles electorales. Desde luego, a diferencia de otros Estados miembros, donde la ultraderecha y parte de la derecha impulsan un férreo discurso antinmigración y en algunos casos de odio a los de fuera, en el país nórdico ya no es un gran foco en la campaña a las elecciones europeas, que lidera en las encuestas el partido de la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen.

Frederiksen se ha caracterizado por continuar con la política dura hacia la inmigración irregular de sus predecesores conservadores. De hecho, ha dicho en alguna ocasión, reivindicar esa postura más firme para la socialdemocracia le hizo ganar votos. En políticas migratorias, Dinamarca ha girado a la derecha. Pero esa es la línea general de la mayoría de los Estados europeos.

Cambio de paradigma

El nórdico, fue un país bastante “acogedor” de trabajadores extranjeros, de países como Irán, en las décadas de 1970 y 1980, comenta Jorgensen. En los noventa, con la guerra de los Balcanes y la llegada de refugiados, algunas formaciones políticas, como el nacionalista Partido Popular Danés, se lanzaron a una dura retórica contra la acogida que se fue endureciendo con los años.

En la crisis de 2015, provocada por la guerra en Siria, donde Europa recibió cifras nunca vistas de solicitantes de asilo que huían del conflicto, el debate se hizo aún más áspero, y Dinamarca introdujo la fórmula de protección temporal. Ese, explica un estudio del Instituto Clingendael, fue un “cambio de paradigma”.

El país nórdico, miembro de la UE desde 1973, ha optado por no participar en el sistema europeo común de asilo, con lo que no está vinculado a la mayor parte de la estructura comunitaria. Eso le ha permitido diseñar fórmulas como la que ideó en 2021 para externalizar el asilo a un tercer país, Ruanda, un país al que ahora el Reino Unido quiere deportar a migrantes en situación irregular.

Copenhague nunca llegó a poner el plan Ruanda en marcha. Ahora aboga por plantear “soluciones europeas”, según defiende el ministro Dybvad. Con ese espíritu lanzó un grupo de trabajo en Bruselas con otros Estados miembros para plantear “soluciones innovadoras” a la gestión de la inmigración. A principios de mayo, encabezaba una carta al Ejecutivo comunitario con otros 14 países —entre los que no está España— que abogaban por firmar más pactos como los que la UE ya ha rubricado con Túnez, Mauritania o Egipto (fondos a cambio de frenar las salidas hacia territorio comunitario), hablaba del modelo planteado por Italia en Albania y instaba a estudiar más fórmulas para aumentar las expulsiones. La Comisión Europea se ha comprometido a analizar sus propuestas.

Fondos para frenar las salidas

La carta llegó pocos días después de que la UE diera la luz verde definitiva al pacto migratorio, que restringe aún más las condiciones de acogida de refugiados y establece, por primera vez, que todos los países tienen que contribuir a la gestión de la inmigración y acoger a una tasa de solicitantes de asilo o contribuir económicamente a una cesta común. “El pacto tiene elementos muy buenos y es un paso importante que hay que implementar lo antes posible, pero no es suficiente. Deja margen”, dice el ministro danés de Inmigración e Integración.

Margen, sobre todo, en esa dimensión “exterior”. Es decir, externalizar los procedimientos de asilo, algo sobre lo que Dinamarca empezó a debatir ya en 1986. Es, como dice Singer, una de las claves de su modelo. También, el de ampliar las repatriaciones de inmigrantes económicos y de quienes han visto denegado el asilo, ya sea a través de expulsiones o con la vuelta voluntaria a cambio de incentivos. El país nórdico cuenta con acuerdos con varios países de origen, donde ha creado estructuras y oficinas de repatriación especializadas; programas a los que dedica un importante paquete de fondos procedente del Ministerio de Exteriores. El Gobierno asegura que las tasas de expulsión están en un 95%.

Europa avanza así a un modelo de fronteras externalizadas. Otros países de la UE han tratado de implantar acuerdos con países de origen y de tránsito. España es pionera en firmar pactos con terceros países para que colaboren en el control migratorio; colaboración que incluye acuerdos de repatriación de migrantes en situación irregular, por ejemplo con Marruecos, Mauritania, Senegal o Argelia. El problema para España es que el cumplimiento de esos acuerdos depende de la coyuntura y voluntad del tercer país y el cupo de personas devueltas es muy reducido. Las repatriaciones a Marruecos, por ejemplo, no llegaron al millar en 2023; Rabat las suspende y reduce sin explicación de forma recurrente.

Dinamarca, como otros países europeos, quiere centrarse en esquemas para incentivar las vías legales para la inmigración y que se pongan en marcha mejores fórmulas europeas. Dinamarca, como otros Estados miembros ha apuntalado el lema de que quiere decidir quién llega y cómo. “Al final es una cuestión de pensar en el bien común”, dice Clara Eldrup, pintora, en una cafetería en la vibrante Copenhague. La economía va como un cohete y el país nórdico busca trabajadores cualificados. El cambio de rostro del país en los últimos años, dice Elldrup, ha sido enorme. Ahora, cafeterías, como en la que la joven artista sorbe un té matcha tienen personal extranjero de países como Argentina, por ejemplo.

Estado del bienestar

Dinamarca defiende ferozmente su Estado de bienestar y ha calado la idea de que los refugiados, los solicitantes de asilo —que reciben ciertos beneficios sociales, aunque mucho menores que en países vecinos, como Suecia— y la inmigración irregular lo están drenando. De hecho, los datos del Ministerio de Finanzas señalan que los migrantes y refugiados de países no occidentales suponen un coste para el Estado de alrededor del 1,4% del PIB, según un estudio de 2018. “En Dinamarca, como en otros países nórdicos, se ha puesto el foco en proteger el Estado del bienestar, en cambio en España, por ejemplo, el foco suele estar en la seguridad nacional y el control de fronteras, aunque la idea danesa va creciendo en las clases populares”, dice Gemma Pinyol, del centro de pensamiento Instrategies.

En la política migratoria danesa también predomina una cuestión identitaria, señala Albert Mora, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. “Es un país que se considera muy homogéneo. El extranjero es visto como alguien con valores diferentes que no comparte una seña de identidad que es la de proteger, contribuir y hacer un uso responsable del Estado del bienestar”, añade el experto.

Por eso para Dinamarca es tan importante la política de integración con una serie de normas de estudio de las costumbres, idioma y cultura que a veces llegan al extremo, señala Eva Singer. El país nórdico tiene, por ejemplo, una regulación para acabar con lo que llama “sociedades paralelas” o guetos para que los refugiados y solicitantes de asilo se distribuyan por zonas. Esa regulación puede forzar a Duska a irse de la casa en la que vive desde hace dos décadas en un barrio multicultural de Copenhague que ha recibido esa etiqueta de “sociedad paralela”. A quienes tienen que marcharse les preocupa no solo tener que dejar su casa, barrio y vecinos, sino también que el precio de la vivienda ha subido y las condiciones de lo nuevo que encuentre sean peores. El desalojo de Duska y de otros como ella, sin embargo, está parado. Han judicializado el caso y tienen esperanza en ganarlo.

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