El déficit público bajó al 1,1% del PIB en 1999 y la Seguridad Social logró superávit

El déficit de las Administraciones públicas (Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos) se situó el pasado año en el 1,1% del PIB, medio punto menos de lo previsto. La Seguridad Social ha obtenido por primera vez un superávit del 0,21% del PIB, gracias sobre todo a un excedente en el Inem de 129.000 millones de pesetas. La reducción del déficit total se ha producido gracias a que ha bajado el peso del gasto público sobre la economía (1,1 puntos del PIB), debido al descenso relativo del gasto corriente, por intereses de la deuda y por prestaciones sociales, mientras se ha elevado el de las inversiones. También, porque ha vuelto a aumentar la presión fiscal (0,5 puntos).

La buena evolución del déficit el pasado año es consecuencia de un alto crecimiento económico (el 7% nominal, es decir, sin descontar la inflación), unos bajos tipos de interés y unos nuevos criterios contables. Los tres factores han permitido situar el déficit de las administraciones públicas en el 1,12% del PIB, medio punto por debajo de lo presupuestado.La cifra supera ligeramente el billón de pesetas (1,046 billones), y es un 53,1% inferior a la del año anterior. De esta cantidad, 1,036 billones (1,11% del PIB) correspondió al Estado. Las comunidades y los ayuntamientos han tenido un déficit del 0,22% del PIB, y la Seguridad Social ha logrado un superávit del 0,21% del PIB.

El positivo resultado de la Seguridad Social se reparte en 46.100 millones de pesetas para este organismo y en 129.000 millones para el Inem. La importante disminución del paro el pasado año explica el excedente del Inem, en un país con una tasa de cobertura que sólo alcanza a la mitad de los desempleados.

España tiene la tasa de paro más elevada entre los países de la UE, un importante déficit en infraestructuras y desarrollo tecnológico y un nivel de renta que no alcanza la media europea y, sin embargo, su nivel de déficit público es de los más bajos. La opción del Gobierno durante la legislatura ha sido precisamente ésta, al entender que un bajo déficit público es la garantía de un crecimiento económico sostenido y sin desequilibrios.

La trayectoria hasta ahora ha consistido, por ello, en bajar el peso del gasto público sobre la economía y en acumular más recursos. Entre los años 1995 y 1999, el gasto público ha pasado de representar el 45,4% del PIB al 41,1%, es decir, 4,3 puntos menos. El peso de los ingresos, por el contrario, ha pasado del 38,8% en 1995 al 40%, es decir, 1,2 puntos más.

En estos cinco años ha sido inferior el gasto en todas las partidas, en especial en el gasto corriente (del 39,2% del PIB al 35,8%), los intereses de la deuda (del 5,2% al 3,7%), las prestaciones sociales (del 13,9% al 12,6%) y la inversión pública (del 3,8% al 3,4%). En los ingresos, por el contrario, ha aumentado especialmente el peso del IVA (del 4,8% del PIB al 5,8%), también el del IRPF (del 10,2% al 10,3%) y el de las cotizaciones sociales (del 13% al 13,2%).

Esto indica que el sistema fiscal se ha escorado hacia los impuestos indirectos -más regresivos, ya que se pagan independientemente del nivel de renta-, debido al alto crecimiento del consumo, a las elevadas importaciones, al aumento del precio de las gasolinas y al afloramiento de economía sumergida.

En total, la presión fiscal ha aumentado 1,9 puntos del PIB entre los años 1995 a 1999. Este cálculo no es definitivo -ayer, la Intervención del Estado no facilitó la cifra oficial- y se obtiene de la suma de todos los ingresos por impuestos y cotizaciones, con la excepción de los recaudados, por ejemplo, por loterías (resto de ingresos en el cuadro).

En el año 1999, se ha seguido prácticamente el mismo esquema de política presupuestaria. Los gastos han bajado su participación en el PIB (1,1 puntos), mientras que los ingresos la han elevado (0,4 puntos). Esto es consecuencia de que, frente a un crecimiento económico nominal del 7%, los pagos han aumentado un 4,3%, y los ingresos, un 8,1%,

Por el lado de los pagos ha bajado la participación de los gastos corrientes y de los intereses de la deuda, pero ha crecido el de las inversiones, aunque sólo una décima, igual que el año anterior y tras mantenerse invariable en los dos precedentes. El gasto en prestaciones sociales ha bajado tres décimas en relación al PIB.

En cuanto a los ingresos, el IRPF ha mantenido su peso en el PIB (10,3%), pese a la reforma fiscal. También ha permanecido invariable el peso de las cotizaciones sociales (13,2%), pese a la elevada creación de empleo. El aumento de la presión fiscal (0,5 puntos del PIB) se ha debido exclusivamente al IVA.