Straw pide al Ejecutivo español "cualquier dato" sobre la filtración de los documentos secretos

El Ministerio británico del Interior solicitó ayer a las autoridades españolas que aporten "cualquier dato o información sobre cómo se hizo público el informe médico" del ex dictador Augusto Pinochet, publicado ayer por varios medios de prensa de Madrid. La defensa del ex dictador, asimismo, solicitó ayer al fiscal general británico, lord Gareth Williams, que investigue la existencia de un posible delito de interferencia en la acción de la justicia en la publicación del informe confidencial sobre el estado de salud de Pinochet.

Una fuente autorizada del Ministerio del Interior (Home Office) dijo anoche a éste periódico que se había canalizado a través de la Fiscalía de la Corona una petición de información al Gobierno español. "Se trata simplemente de saber si las autoridades españoles pueden aportar alguna información, algún dato, que permita saber cómo ha llegado a dominio público el informe médico", señaló la fuente. La primera reacción del Home Office, durante la mañana, fue sencillamente de perplejidad.Anoche, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Joaquín Pérez Villanueva, intervino en Radio Nacional de España y, a la pregunta de si el Gobierno español ha ofrecido ya explicaciones al británico sobre las filtraciones, afirmó: "Estamos en ello. Le explicaremos que hemos realizado una investigación y hemos comprobado que esa filtración no se ha producido ni siquiera en este país [España]".

Ayer, los abogados Michael Caplan y Hernán Felipe Errázuriz, miembros de la defensa de Pinochet, explicaron que existen bases para investigar un posible delito de interferencia en la acción de la justicia. "El Fiscal General escuchó atentamente los argumentos y se comprometió a estudiar la posible investigación", dijo anoche a éste periódico el abogado chileno Errázuriz. El abogado agregó: "Yo no sé nada de la política española, pero quien haya divulgado el informe médico ha quedado muy mal".

En fuentes judiciales se ha comentado que la posibilidad de una filtración ya había sido analizada por el tribunal divisional integrado por los jueces Brown, Latham y Dyson. Ellos señalaron en su sentencia, al ordenar el pasado martes la entrega del informe a los cuatro países que solicitan la extradición de Pinochet, entre ellos España, que "las conclusiones del informe médico fueron anunciadas a través de un comunicado de prensa". Se referían al informe del ministro Straw, del 11 de enero pasado.

Sin embargo, según los jueces, faltaban por desvelar algunas cosas: "Lo que permanece sin darse a conocer son datos fácticos que sustentan las conclusiones y éstos sólo serán conocidos por los Estados que piden la extradición bajo estrictas condiciones de confidencialidad". El juez Brown estimó que la entrega del informe podría suponer "una pérdida adicional de confianza limitada y previsible". Según dijo, "limitada", porque las conclusiones del informe ya han sido anunciadas por Straw. Y previsible: porque el asunto que plantea el informe -la incapacidad del acusado para someterse a juicio- es en muchos países objeto de resolución judicial.

"Incluso -matizó el juez- si el senador Pinochet hubiese argumentado su situación médica en la vista del recurso de habeas corpus [prevista para el próximo 20 de marzo] el informe médico debía haber sido entregado al menos a España". La opción de los jueces es que, aun con los riesgos de una "mayor diseminación del informe", la liberación de Pinochet por razones de salud debía consumarse de manera justa.

Decisión legal

Brown se preguntó: "¿Debe Pinochet ser extraditado a España para someterse a juicio por los graves crímenes de los que se le acusa? ¿O debe dejársele volver a su casa en Chile? Muchos, apasionadamente, sostienen una posición, muchos otra. Todos, empero, estarán de acuerdo en una cosa: es tiempo de que se adopte la decisión. El senador Pinochet ha pasado bastante tiempo, suficiente, en este país. Pero la decisión debe ser adoptada de manera legal, y este es el asunto que tenemos delante nuestro".

Fuentes jurídicas, sin embargo, señalan que el modo en que fue filtrado el informe no formaba parte de lo previsto. "Ha sido un golpe frío y calculado que busca sustituir una salida judicial ordenada, con alegaciones de expertos médicos de los cuatro países, por un golpe de fuerza que torne innecesario discutir acerca de la salud del ex dictador", dijo un abogado londinense a éste periódico.