El Supremo y la patente de corso

El subsecretario de Exteriores, José de Carvajal, remitió anoche una segunda carta al juez Garzón. Señala que el informe del abogado Alun Jones del 20 de enero "quedó a disposición de este Ministerio, que lo había encargado, y ha sido enviado a ese juzgado de instrucción, tan pronto como este ministerio tuvo certeza por el escrito de fecha 9 de febrero de que era éste el interesado por ese juzgado". Garzón, en realidad, preguntó en la mañana del 21 de enero a Exteriores por dicho informe. Según Carvajal, Exteriores vio que se había recibido ese mismo día 21 una comunicación del Ministerio del Interior británico con plazo perentorio para contestar. "Esa era la única documentación de la Fiscalía británica sujeta a plazo perentorio, por lo que lógicamente este Ministerio solo pudo referirse al mencionado escrito".

Las horas de entrada de los faxes, según deja constancia el juez Garzón, son claras. El juez no podía adivinar a las 11,17 horas del lunes 21 que el Home Office iba a enviar una carta avanzada esa tarde.

La jugada es evidente. Matutes, pillado por Garzón en la mañana del 21, en relación con el informe favorable a recurrir de Jones, decidió no enviárselo, amparado en la argucia de que el magistrado no mencionaba con total precisión al autor del informe. Santiago Cabanas, jefe de gabinete de Matutes, sabía en la tarde del 21 que EL PAIS preguntó en la embajada española en Londres por ese informe.

Carvajal utiliza para justificar la decisión del Gobierno de no recurrir en Londres, el auto del Tribunal Supremo en el que se desestimó la querella contra Matutes, y recuerda que los magistrados del Supremo califican lo que ocurre estos días en los tribunales británicos como una revisión de un acto administrativo.

Hay quien cree, y quizá no sin razón, que el Supremo no se siente cómodo extendiendo patentes de corso.