La Junta investiga la plaza de El Puerto por la inutilidad del 75% de los toros lidiados La mayoría sufría falta de peso y trapío
La Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz ha abierto una investigación sobre presuntas irregularidades en el control de los toros lidiados en la centenaria plaza de El Puerto de Santa María en la anterior temporada. Según la información de la Delegación, casi el 75% de los toros lidiados habían sido declarados inútiles, en la mayoría de los casos por falta de trapío o por falta de peso, según la evaluación realizada por los veterinarios de la plaza.
A pesar de ello, las reses fueron toreadas con la autorización del presidente del coso, o del delegado gubernativo, que habrían hecho caso omiso a las advertencias de los especialistas.La Junta andaluza abre la investigación después de haber tenido conocimiento de estos hechos gracias a la denuncia presentada por la docena de veterinarios que desarrollaron actividad profesional en el coso portuense. Según los veterinarios, de forma sistemática, el delegado gubernativo de la plaza no asistía a los análisis que se realizan tras la muerte de los animales, de forma que quedaban sin contenido los informes que pudieron haber dado pie a las correspondientes sanciones.
El delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Francisco Menacho, reconoció ayer que en las actas posteriores a cada corrida de la pasada temporada, enviadas por el presidente o el delegado gubernativo a la Junta, como administración competente en esta materia, "no se observaba ningún tipo de anomalía".
Menacho, que llegó ayer a calificar estos hechos de "muy graves", ha remitido el expediente informativo abierto al Ayuntamiento de El Puerto y a la Subdelegación del Gobierno central en Cádiz, por ser estas las administraciones encargadas de designar al presidente de la plaza y al delegado gubernativo, respectivamente.
En la pasada temporada, a la que se ciñen las denuncias realizadas, el cargo de presidente de la plaza fue delegado por el alcalde de El Puerto, Hernán Díaz Cortés, al aficionado Carlos Vicente Serrano, mientras que como delegados gubernativos actuaron indistintamente dos inspectores de la policía nombrados a propuesta del subdelegado del Gobierno central en Cádiz, Miguel Osuna.
