Juez contra ministro

El proceso de extradición de Pinochet abierto en Londres a petición de España se ha convertido en un laberinto político-judicial sembrado de minas que estallan a cada paso. La decisión preliminar del ministro británico Straw de liberar al dictador chileno, sobre la base de unos informes médicos que mantiene secretos, ha puesto en marcha una vía alternativa de recursos judiciales que con toda probabilidad puede prolongarse durante meses y desembocar en la Cámara de los Lores, que ya se ha pronunciado en dos ocasiones sobre materias vinculadas al proceso. Pero lo más llamativo del último meandro judicial es la ausencia de España como recurrente en un caso abierto en nombre de la Audiencia Nacional.La posición del Gobierno español a este respecto ha sido reiterada hasta la saciedad por el ministro Matutes. Exteriores no recurrirá la decisión de Straw porque haría el ridículo al tratarse de un asunto ya no judicial, sino político, y porque constituiría un acto inamistoso con el Gobierno de Londres y, sobre todo, con el de Chile. El argumento sirvió de base al Supremo para rechazar una demanda penal por obstrucción a la justicia. Pero amenaza con transformarse ahora en un conflicto de competencias entre el Gobierno y el juez Garzón, como ya sucediera con la desclasificación de los papeles del Cesid hace tres años. Garzón ha acusado a Matutes de "interferir y dificultar" el procedimiento de extradición. La posición gubernamental se debilita en la medida en que la justicia británica ha abierto un portillo a la revisión de la decisión preliminar de Straw y ha permitido a los representantes legales de Bélgica y de Amnistía Internacional defender sus alegaciones en sede judicial. El propio Straw ha dejado en situación algo desairada a Matutes al admitir que su decisión es cuasi judicial, lo que ha facilitado sin duda el retorno del asunto ante los tribunales.

A medida que se complica y prolonga el procedimiento judicial británico, lleno de meandros que resultan difíciles de seguir, resulta más obvio que el argumento de que Straw tomó una decisión política en el ámbito de la discrecionalidad que le permite la ley -y no sometida, por tanto, a examen judicial- se cae por el peso de la realidad. Incluso si el final del caso termina sancionando la decisión de Straw de liberar a Pinochet por su incapacidad mental para someterse a juicio. A la luz de estos hechos es de credibilidad cada vez más escasa la profesión de respeto a las decisiones judiciales que hace una vez tras otra el Gobierno mientras ante los tribunales británicos se escenifica la paradoja de que sea Bélgica la que defienda hoy la extradición de Pinochet... a España. Hoy más que nunca resulta evidente que no es la defensa de la justicia lo que ha primado, y es oportuno recordar que la resolución del Supremo que rechazaba la querella contra Matutes recomendaba al tiempo revisar las leyes que regulan la extradición en nuestro país, a fin de hacerla depender exclusivamente de las instancias judiciales. Mientras, es difícil conjugar el respeto a la justicia con la decisión de no dar trámite a las alegaciones del juez Garzón en esta fase del procedimiento.