Garzón acusa a Matutes de invadir sus competencias en la extradición de Pinochet

El juez Baltasar Garzón remitió ayer un oficio al ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, en el que le acusa de invadir sus competencias en el proceso de extradición del ex dictador Augusto Pinochet. Garzón contesta a una carta de Matutes del 9 de febrero en la que, tras señalar que ha colaborado en todo momento con el juzgado, le informa de su intención de no recurrir la decisión del ministro británico del Interior, Jack Straw, sobre la salud de Pinochet. El juez señala que Exteriores ha colaborado parcialmente y que ahora invade sus competencias al impedir la defensa de las alegaciones españolas.

Garzón afirma que se ha producido una contradicción porque el ministerio ha dado curso a las alegaciones del juez sobre los informes médicos y a la vez ha imposibilitado su defensa en la revisión judicial concluida ayer en Londres, al no cursar varias peticiones que formuló. El magistrado considera que se ha producido un "incumplimiento por omisión por parte de ese Órgano Administrativo al no permitir ahora la defensa de las primeras alegaciones [sobre el informe médico de Pinochet] en la Judicial Review [apelación]". Garzón, en su escrito diferencia dos ámbitos:

Por un lado, el recurso contra la eventual decisión de Straw, respecto del cual el juez expone su criterio y pide al Gobierno -que dirige la política exterior- que lo interponga en su momento, pues no hacerlo es renunciar anticipadamente a la continuación de la extradición.

Por otro, el de inasistencia, siguiendo instrucciones de las autoridades diplomáticas españolas, de los fiscales ingleses y defensor de la posición española en una incidencia esencial del procedimiento de extradición. Pero agrega que la decisión de Exteriores ha impedido una actividad jurídica como es que la Fiscalía de la Corona asista a la apelación para defender la posición española.

Garzón insiste que esa no participación impuesta por las autoridades administrativas españolas a la Fiscalía de la Corona para defender el fondo de las alegaciones cursadas por España afecta al ejercicio de la jurisdicción. Exteriores envió ayer una carta a Garzón en la que asegura que "las autoridades diplomáticas españolas no han dado instrucción alguna a la Fiscalía británica para que sus representantes no asistan al proceso de revisión judicial".

El juez critica también a Exteriores que no haya dado curso al escrito de ampliación de alegaciones y que se le hayan ocultado documentos jurídicos. El magistrado critica implicitamente una interpretación del Supremo, según la cual las autoridades administrativas tienen la responsabilidad de agotar los trámites posteriores a la decisión de Straw. Garzón señala que deben ser los ingleses los que interpreten sus propias normas y no los españoles.

Finalmente, Garzón pide al ministro que no dé las instrucciones que le parezcan, sino que se limite a dar curso a los documentos que ha remitido, sin interferencias.

El ministro, por su parte, advirtió ayer que no descarta plantear él mismo el conflicto de jurisdicción con el juez Garzón si, en algún momento entendiera que el juez entorpece su labor como ministro en el caso Pinochet. Sin nombrarle, Matutes recordó reiteradas veces a Garzón que si considera que el Gobierno está interfiriendo en sus competencias debe recurrir al mecanismo previsto por la Constitución española.

"Si existe alguien que tiene quejas lo que debe hacer es plantera un conflicto de competencias", afirmó el jefe de la diplomacia española respecto al oficio de Garzón. "Lo importante es que cada cual haga lo que tiene que hacer", reiteró Matutes a la vez que recordó que en el ejercicio de sus funciones como ministro de Asuntos Exteriores a veces tiene que tomar decisiones que no son fáciles e incluso "ir contracorriente".

Viabilidad del recurso

Ante la carta de Garzón, el ministro manifestó haber dado orden de que le sea remitido al juez el último informe del abogado británico Alun Jones en el que se pronunciaba en contra de la viabilidad del recurso, aunque quiso dejar claro que hasta el momento Garzón no lo había solicitado al ministerio.

Los conflictos entre jueces y la Administración pueden ser planteados por cualquiera de las dos partes ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, cuya resolución es inapelable.