El Parlamento catalán aprueba pedir la gestión tributaria plena para el 2002

El Parlamento catalán encargó ayer al Gobierno de Jordi Pujol que en las negociaciones para el nuevo modelo de financiación autonómica, que ha de entrar en vigor en 2002, incluya el traspaso de la Agencia Tributaria a la Generalitat. El acuerdo fue tomado con el voto en contra de los diputados del PP y la abstención de los socialistas. Estos últimos propusieron como alternativa la creación de un consorcio que integre la gestión de las administraciones central autónoma y local en materia fiscal.

Un debate parlamentario provocado por el diputado Josep Huguet, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sobre la supuesta trama de corrupción que afectaba a ocho miembros de la Inspección Tributaria de Barcelona culminó con la aprobación de una moción que, entre otras cosas, pide el traspaso "de los medios humanos y materiales" de la Agencia Tributaria a la Generalitat y "la asunción por parte de ésta de las potestades como Administración única en materia tributaria en Cataluña". A favor del traspaso votaron los grupos parlamentarios de Convergència i Unió (CiU), de ERC, y de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V). Los republicanos y CiU defienden posiciones similares en todo lo relativo a la financiación autonómica, en la que ambas fuerzas nacionalistas coinciden en presentar a Cataluña como víctima de un expolio fiscal. Para hacer frente por anticipado a las críticas de insolidaridad y las acusaciones de separatismo, la moción encarga también al Gobierno catalán que en la negociación para el traspaso de la Agencia Tributaria incluya el establecimiento de los mecanismos de coordinación con el Estado que garanticen la lucha contra el fraude y la efectividad necesaria en la actuación de la Agencia.

El Parlamento pidió también, en este caso por unanimidad, que el Gobierno le presente los datos de la Agencia Tributaria sobre la actuación que lleva a cabo en Cataluña. Concretamente se reclama un informe que especifique el número de inspectores, subinspectores y personal afín; número de actas abiertas, su montante económico inicial y el efectivo; el número de expedientes sancionadores y su cuantificación; las liquidaciones complementarias y el incremento de las bases imponibles propuestos por la Agencia Tributaria y el periodo medio de aplazamientos de las sanciones.

La reclamación de estos datos obedece, explicó Huguet, a que "tenemos la doble sensación de que la Agencia Tributaria no ejerce la misma presión en todas las comunidades y que en Cataluña es más fuerte que en otras, por una parte, y que por otra, el Gobierno de CiU mantiene una posición muy laxa en la gestión de los impuestos traspasados". Su objetivo es relacionar los datos reclamados con el número de habitantes y el PIB, para comprobar si esa "sensación" se corresponde con una realidad.