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Editorial:

Objetivo Cuiña

Un juez de Ponferrada investiga la trama criminal que, entre otras actividades mafiosas, parecía tener el objetivo de asesinar al consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Xunta de Galicia y hasta octubre pasado secretario regional del Partido Popular, Xosé Cuiña. No hace falta subrayar la dificultad enorme de la tarea que le ha tocado en suerte a este juez. Pero ninguna duda cabe albergar de que la llevará a buen término. La Guardia Civil ha puesto en sus manos importantes indicios de prueba y no es descartable que aparezcan otros en el curso de la investigación. Sólo la justicia, al final de las diligencias emprendidas, podrá determinar la realidad de los hechos y señalar, con indicios fundados, a sus posibles autores. Pero entretanto resulta prematuro afirmar, como ha adelantado Fraga, que "aquí no ha pasado nada".Los indicios que tiene encima de su mesa el juez apuntan a hechos gravísimos. Se trata, ni más ni menos, de la existencia de una trama que no ha dudado en echar mano de sicarios y matones a sueldo para extorsionar y amenazar a empresarios de la competencia que no se avienen a sus deseos. Algunos han aparecido en televisión y han dado cuenta de los sabotajes sufridos en sus instalaciones. También se conocen los posibles sicarios. Pero de momento no hay ningún imputado, por lo que sería impropio hablar del derecho a la presunción de inocencia de quienes no han sido formalmente acusados ante la justicia.

El asunto, grave de por sí, ha adquirido tonos inquietantes cuando se ha conocido el escrito de uno de estos sicarios, tras su suicidio o, según su mujer, asesinato el 13 de julio pasado en León, en el que afirma que se le encargó asesinar al entonces segundo de Fraga, Xosé Cuiña, y apunta a un constructor leonés como el ordenante último del encargo. El constructor en cuestión ha negado cualquier relación con los hechos investigados, aunque tendrá que ser el juez, si, como parece previsible, le toma declaración como ha hecho con Cuiña, quien determine la inexistencia o no de esa relación. Para el consejero gallego, el motivo para acabar con su vida habría sido su negativa a doblegarse a cualquier interés empresarial para hacerse con obras de la Xunta.

Pero el hecho de que el constructor sea alguien relacionado con los presidentes de Galicia, Manuel Fraga, y de Castilla y León, Juan José Lucas, adjudicatario privilegiado de obras públicas y contribuyente de las arcas del Partido Popular, añade al caso, aparte su posible naturaleza criminal, innegables connotaciones políticas. El PP se ha negado en redondo a que Fraga comparezca en el Parlamento gallego para explicar sus relaciones con el constructor como pedía la oposición. Es una lástima porque habría sido ocasión de reflexionar sobre los riesgos de contaminación que corre la política si no se cuida lo suficiente de amistades peligrosas. Ese debate podría ser ineludible cuando la justicia esclarezca los hechos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de febrero de 2000