Todos los edificios tendrán que pasar una 'ITV' para controlar sus emisiones de CO2

Todas las viviendas nuevas deberán disponer a partir del año próximo de una calificación, del 5 al 10, que acredite su eficiencia energética. Esta certificación facilitará a los usuarios conocer el coste de mantener sus viviendas confortables, así como el volumen de emisiones de CO2 a la atmósfera. La credencial será expedida por las comunidades autónomas, y su importe no superará las 25.000 pesetas. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) ya ha iniciado la campaña de difusión de esta iniciativa por todas las capitales autonómicas.

Juan Antonio Alonso, director de promoción del IDAE y encargado de recorrer las 17 autonomías para explicar el alcance de la "certificación energética", está convencido de que contribuirá a hacer más transparente el mercado inmobiliario. ¿Cómo? "Cuando uno va a comprar una casa el vendedor siempre trata de convencer al cliente de que el sistema de calefacción y el agua caliente sanitaria instalado es el mejor y más barato, cuando eso no siempre es cierto ni el cliente tiene la oportunidad de contrastarlo".La adquisición de una vivienda es generalmente la inversión más fuerte que se hace a lo largo de una vida. Cuando se da ese paso, "lo primero que se valora es la ubicación; después el precio y en tercer lugar la superficie. La valoración del consumo enérgetico sólo influye en la decisión de la compra en un segundo plano", dice Alonso, a tenor de los resultados de una encuesta que realizó el IDAE durante el año 1994 y principios de 1995.

Lo que no sabe el comprador es que ese factor, que relega a un segundo plano, será decisivo para el coste del mantenimiento de su vivienda en unos niveles adecuados de confort a lo largo de todo su ciclo de vida. Pero hay algo más, que es lo que ha motivado la intervención de la Unión Europea, de los ministerios de Fomento e Industria y el propio IDAE.

El mantenimiento de los edificios consume mucha energía, proceso por el cual los edificios españoles emiten a la atmósfera anualmente 31,3 millones de toneladas de CO2, uno de los gases que más contribuyen al efecto invernadero y al calentamiento de la tierra.

Una directiva aprobada por la Unión Europea en 1993 intenta poner coto a esta carrera de contaminación atmosférica mediante la "certificación energética" de los edificios, una calificación del 6 al 10 que acredita el grado de eficiencia de los materiales constructivos, sus revestimientos y las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, de manera que los usuarios sepan cuál va a ser su gasto en energía y consecuentemente, sus emisiones de CO2 a la atmósfera.

La Unión Europea ha dado libertad a los estados para la implantación de la directiva. En España la Ley de Edificación aprobada recientemente incluía en su redacción original esta certificación pero fue retirada "lamentablemente", asegura Rafael Fraguas, presidente de APROMA, colectivo de profesionales con más de cinco años en tareas medioambientales..

Se retiró de la Ley pero se incluirá en el Reglamento que la desarrolla. "Estamos con el borrador y nos hemos propuesto que para el próximo mes de julio pueda estar aprobado, así como la actualización de la Norma Básica de la Edificación de manera que su implantación sea inmediata", precisa Alonso.

Descarga gratuita.

Hasta esa fecha el IDAE se ha marcado un calendario de presentaciones en las 17 capitales autonómicas para explicar a los profesionales y al sector inmobiliario en qué consiste la certificación. Para ello cuenta con una herramienta informática desarrollada por la Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla que estará disponible en la página de internet del IDAE (www.idae.es) para su descarga gratuita. Los ingenieros sevillanos han tenido en cuenta la compleja climatología del país, la orientación de la viviendas, sus revestimientos, materiales, cerramientos, (fachadas y ventanas) la tipología de los sistemas de calefacción y refrigeración y todos los elementos que influyen en el consumo energético de una vivienda. Con esta herramienta cualquier usuario con cierta cualificación en materia constructiva puede introducir los datos de su vivienda en los formularios. Una vez rellenos, el programa facilita automáticamente la calificación energética de la vivienda.

En colaboración con la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, el IDAE ya ha comenzado a construir 156 viviendas de protección oficial con la aspiración de obtener una calificación sobresaliente, entre el 8 y el 9. La constructora Cadeinsa que interviene en promociones inmobiliarias en Vitoria, Sevilla y la Comunidad Valenciana ya ha solicitado acogerse a esta nueva certificación.

Aunque Alonso reconoce que hará falta mucho trabajo de divulgación para que los usuarios opten por una vivienda certificada frente a otra que no lo esté en igualdad de condiciones, admite que no habrá otra alternativa que obligar a la certificación, como ya se hace con la revisión de las calderas o el etiquetado de los electrodomésticos. No se atreve a dar plazos, pero con toda seguridad estará implantada antes de cinco años.

Las compañías eléctricas han sido las más reticentes a que se avance en esa dirección. Manuel Martí Ferre, secretario de la Asociación de Promotores y Constructores de España no quiere creer que se trate de una argucia de los fabricantes de aislantes para incluir por decreto sus productos. Se queja de que "una a una, las administraciones van imponiendo obligaciones que globalmente incrementan el coste de la vivienda". A Fraguas, sin embargo, le parece esencial para avanzar en la reducción de las emisiones que aceleran el cambio climático