La cumbre de Montreal intenta acordar 'in extremis' el protocolo sobre transgénicos

ENVIADO ESPECIALLas delegaciones de 131 países negociaban anoche contrarreloj para firmar en Montreal (Canadá) el Protocolo de Bioseguridad, un acuerdo mundial para imponer ciertas barreras al comercio de organismos transgénicos en caso de dudas sobre sus riesgos para el medio ambiente. Al cierre de esta edición, el optimismo que se respiraba desde la mañana no había cristalizado sobre el papel. El escollo era si el protocolo podría dominar o no sobre los tratados de la Organización Mundial de Comercio (OMC), generando así excepciones medioambientales.

La reunión, enmarcada en el Convenio sobre Seguridad Biológica de la ONU, empezó el lunes y entró a partir del jueves en un ritmo negociador frenético. Los principales responsables de ello eran los delegados de la Unión Europea, y muy en particular el ministro portugués de Medio Ambiente, José Sócrates, que está ansioso por adornar la presidencia portuguesa de la Unión con la firma de un Protocolo de Bioseguridad que, desde hace cinco años, se ha mostrado enormemente correoso. El último fracaso se produjo el año pasado en Cartagena de Indias (Colombia), en donde los aplazamientos no condujeron a resultados positivos.En cualquier caso, y según explicaba ayer mismo el jefe de la delegación española, el secretario general de Medio Ambiente, Juan Luis Muriel, las prisas europeas tenían también una razón objetiva de considerable peso. Nunca hasta la presente reunión de Montreal, los representantes de Estados Unidos habían mostrado un talante tan negociador, a pesar de que, en la madrugada del jueves al viernes, este país y sus aliados vetaron en el último momento un acuerdo redactado en términos genéricos. La razón, según fuentes de la delegación española, fue la supeditación o no a las normas de la OMC.

Y nunca habían enviado a una reunión del Convenio de Seguridad Biológica (en realidad, no suscrito en ningún momento por Washington) a un vicesecretario de Estado como Frank Loy, que se desplazó a la capital canadiense el jueves.

Grupo de Miami

Estados Unidos y sus aliados (Argentina, Uruguay, Chile, Canadá y Australia) han sido hasta ahora el principal problema para la firma del Protocolo de Bioseguridad. Son los grandes exportadores de grano, asociados en el llamado Grupo de Miami, y temen que una normativa sobre seguridad biológica, o sobre protección del medio ambiente, pueda poner en peligro sus exportaciones de semillas transgénicas.

Con el protocolo, un país importador podría negarse a aceptar la entrada de un producto modificado genéticamente si existen dudas razonables -no ya pruebas irrefutables- sobre su idoneidad para los ecosistemas del país receptor.

Uno de los aspectos cruciales de las negociaciones a última hora de ayer era la necesidad de concretar de alguna forma objetiva qué se puede considerar una duda científicamente razonable y qué no. Estas precisiones son necesarias para evitar que un país importador pueda imponer barreras comerciales arbitrarias aduciendo informes técnicos propios de validez no homologada por la comunidad internacional.

El caso más citado hasta ahora es un perfecto ejemplo del problema de la homologación científica de los riesgos. La comunidad científica internacional ha sido muy crítica con un experimento de la Universidad de Cornell (Estados Unidos) que pretendía demostrar que el polen del maíz transgénico más habitual en las plantaciones resulta mortal para las mariposas monarca.

Cualquier país que adujera ese estudio podría bloquear todas las importaciones de maíz transgénico. Pero ¿estaría haciéndolo sobre una duda científica "razonable"?

Otra cuestión que ocupaba los debates de última hora era la de los prospectos de los cargamentos. La Unión Europea y los países en desarrollo quieren que cada cargamento de organismos transgénicos (actualmente, esto se reduce a las semillas de soja y maíz modificados, pero en el futuro las posibilidades son enormes, como reconocen todas las partes implicadas) vaya acompañado de una información completa y exacta sobre el tipo de modificación genética que lleva y sobre los eventuales riesgos científicamente acreditados que pueda conllevar.

Según los delegados españoles, éste no era un punto particularmente conflictivo a última hora de ayer. Los negociadores estadounidenses saben que, tarde o temprano, su país tendrá que aceptar las exigencias europeas de etiquetado, información y transparencia, debidas fundamentalmente a las crecientes presiones de los consumidores y las organizaciones ecologistas.

Pocos consumidores entenderían una negativa a informar con claridad. Las discusiones se centran exclusivamente en los organismos transgénicos vivos (semillas, plantas, animales), ya que éstos son los únicos que pueden tener algún efecto sobre el medio ambiente si se diseminan.

Los productos transgénicos derivados, sean harinas, piensos o galletas, se han dejado por completo al margen de la reunión de Montreal. Los supuestos riesgos para la salud humana de estos productos muertos tienen una credibilidad virtualmente nula para la comunidad científica.

Por esta última razón, una de las patatas más calientes de la discusión ha sido la inclusión o exclusión de los cargamentos de semillas dentro de la categoría de "mercancías" (commodities). La mayoría de estos cargamentos están dedicados a la fabricación de harinas, pero, siendo estrictos, hasta el momento de su manufactura se trata de organismos vivos que pueden, en principio, diseminarse al medio.