"La inmigración no es la única respuesta para conservar el Estado de bienestar"
"Si hay voluntad política, en cinco años se puede alcanzar un espacio común de libertad, justicia y seguridad en Europa", asegura a este diario el socialista portugués António Vitorino, responsable de la nueva comisaría europea de Justicia e Interior (JAI). Tiene 43 años, excelente sentido del humor y un prometedor futuro que le puede llevar a ser primer ministro de Portugal una vez termine su mandato en la Comisión Europea. Su intención es retornar a la política portuguesa en 2005. Abogado, catedrático, magistrado del Tribunal Constitucional, ex diputado nacional y ex eurodiputado, Vitorino ha sido también vicepresidente y ministro de Defensa (1995-1997) en el primer Gobierno de António Guterres. Dimitió para permitir que se disiparan las sospechas de que había cometido un delito fiscal y la investigación concluyó que no había ningún fundamento.Pregunta. ¿Está en peligro el bienestar social en Europa a causa del constante declive demográfico como señalan las últimas cifras de la ONU?
Respuesta. No hay que leer estas cifras de modo mecánico. Es cierto que hay un proceso gradual progresivo de envejecimiento de la población europea y que en algunos sectores empieza a haber problemas de mano de obra. Sin embargo, yo no creo que la inmigración extranjera sea la única respuesta para conservar el Estado de bienestar. De todos modos, está claro que una política de inmigración cero no tiene sentido y que las políticas migratorias de los países de la UE deben prestar especial atención no sólo a aspectos del mercado de trabajo, aun cuando son importantes, sino también a la capacidad de integración de los extranjeros en los países de acogida.
P. ¿Cree que Europa podrá tener un espacio común de libertad, justicia y seguridad en 2005?
R. En Tampere (Finlandia) se selló el compromiso político de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para lograr no sólo este espacio, sino también para que se haga de modo equilibrado, es decir, que la profundización de las libertades ciudadanas, sobre todo el derecho de libre circulación, sea acompañado de garantías de seguridad para personas y bienes, de lucha contra la criminalidad organizada y de tutela jurisdiccional de la vida comunitaria. Si hay voluntad política de los Estados, en cinco años se puede alcanzar ese espacio común.
P. Hay algunos países signatarios del Acuerdo de Schengen que no justifican suficientemente la suspensión temporal del mismo como ha ocurrido con Francia y ahora Bélgica. ¿Hay que revisar el acuerdo?
R. Soy consciente de que nos movemos en un área muy sensible para la soberanía nacional y que puede acarrear dificultades para la creación del espacio común. Esos ejemplos que usted alude demuestran la necesidad de proceder a una mayor integración y profundización del acervo de Schengen. De todos modos, el artículo 2 del acuerdo permite la suspensión temporal de sus garantías por motivos de seguridad...
P. ¿Es partidario de revisar ese artículo?
R. Yo he dicho claramente en el Parlamento que el reparto de responsabilidades dentro de la UE como consecuencia de la integración de Schengen en el derecho comunitario debe ser revisado para adoptar un instrumento legislativo que garantice la libre circulación. Es un tema complejo que exige negociaciones entre los Estados miembros con la participación de la Comisión.
P. El Parlamento Europeo se queja de que ha habido pocos avances en la política de inmigración y asilo. ¿Se está aún lejos de una ley de extranjería europea?
R. La comunitarización de la política de inmigración y asilo se recoge por primera vez en el Tratado de Amsterdam, que está en vigor sólo desde el pasado 1 de mayo. La Comisión ha presentado un proyecto de reunificación familiar, importante para la integración de los inmigrantes legales en los países de acogida. Desde luego queda mucho por hacer. En Tampere se acordó en materia de asilo que los Estados miembros deben tener reglas mínimas comunes sobre los procedimientos y evaluaciones sobre solicitudes de asilo. También se estimó que debe existir un instrumento comunitario que promueva la armonización legislativa de los Estados miembros respecto a derechos y obligaciones de los inmigrantes legales en la UE. Espero que durante la actual presidencia portuguesa los Quince aprueben una especie de cuaderno de bitácora que la Comisión está elaborando para el desarrollo legislativo de esta política de aquí a cinco años.
P. ¿La ampliación de la UE dificultará más la creación del espacio común de libertad, justicia y seguridad?
R. Yo creo que la ampliación es un desafío para todos los sectores de la Unión, incluido ese espacio. Pero estoy convencido de que los Estados miembros quieren que se produzca una ampliación con seguridad y por eso creo también que las cuestiones de justicia tendrán una función importante en las negociaciones de adhesión.
P. Y lógicamente habrá un mayor flujo migratorio de esos países hacia los de la Unión.
R. No hay que ser demasiado tremendista sobre esa realidad. Los flujos migratorios de los países del Este hacia Europa Occidental ya se han producido al comienzo de los noventa. Ahora se tiende a una estabilización.
P. ¿Se van a tomar medidas en la lucha contra la droga?
R. La Comisión ha presentado un plan de acción quinquenal que será debatido el mes próximo. De lo que se trata es de armonizar criterios epidemiológicos sobre el consumo de drogas y apoyar a los Gobiernos en sus campañas de prevención, porque la lucha antidroga es ante todo una cuestión de responsabilidad nacional en torno a dos objetivos: reducir sustancialmente el número de menores de 18 años tóxicodependientes, así como el número de muestras relacionadas con el consumo de drogas.
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