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El PSUC reclama patrimonio incautado tras la guerra civil por valor de 1.347 millones

El PSUC presentó ayer en la delegación de Hacienda de Barcelona la documentación acreditativa del patrimonio incautado después de la guerra civil a este partido por el régimen franquista. La valoración actual de este patrimonio asciende a 1.347 millones de pesetas según la estimación realizada por el partido.El PSUC es actualmente uno de los componentes de Iniciativa per Catalunya-Verds, pero conserva su personalidad jurídica y política y, según explicó Rafael Ribó, presidente de IC-V, tiene pleno derecho al retorno de este patrimonio en los términos previstos en la Ley de Restitución o Compensación de Bienes y Derechos incautados a los partidos en el periodo 1936-1939, aprobada en 1998. El retorno o compensación de este patrimonio fue uno de los compromisos adquiridos por José María Aznar con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para conseguir el apoyo de los nacioanlistas vascos a su investidura como presidente del Gobierno.

En aplicación de aquel acuerdo se aprobó la correspondiente ley y desde entonces los partidos afectados han llevado a cabo una ardua tarea para acreditar los derechos sobre inmuebles o fondos económicos que les fueron incautados por el gobierno franquista.

Esta búsqueda ha resultado muy complicada. Lo es para todos los partidos, pero para el PSUC más porque este partido se constituyó como tal el 23 de julio de 1936, cinco días después de la sublevación militar y el estallido revolucionario que provocó en Cataluña. Nació como fruto de la fusión de cuatro partidos y, por lo tanto, el patrimonio previo de cada uno de ellos estaba registrado con otros nombres. El PSUC tuvo durante la guerra patrimonio incautado, pero también patrimonio propio. Pero lo que de momento ha conseguido acreditar documentalmente, según explicaron ayer Salvador Goya y Rafael Ribó, es la propiedad de 18 locales y el alquiler de otros 140. Por los locales de propiedad, que no pueden ser retornados, porque tienen otros propietarios y en muchos casos ya no son como eran, reclama 345 millones de pesetas y por los alquileres, 1.001 millones. El estudio sobre las cuentas corrientes no ha finalizado todavía. El plazo fijado por la ley para presentar la documentación acreditativa finaliza el 24 de abril.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de enero de 2000