El Estado da el visto bueno al regadío del alcalde de Laguardia pese al criterio del Gobierno vasco
La Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo controlado por el Ministerio de Medio Ambiente, ha otorgado la concesión de agua a la comunidad de regantes promovida por el alcalde de Laguardia, Javier Sampedro, del PP. Este trámite le permite extraer agua del río Inglares, cuyo caudal utiliza ahora otra asociación de agricultores. La decisión va en contra de un expediente enviado el año pasado por la Dirección de Aguas del Gobierno vasco, que desaconsejó la concesión porque "no se dan las condiciones mínimas exigibles" y porque el regadío auspiciado por Sampedro perjudica a la otra comunidad.
El plan de regadío promovido por el alcalde de Laguardia, más conocido como el plan Sampedro, reúne a agricultores de 14 municipios de Álava y de la Rioja, con una extensión de 5.000 hectáreas. Y desde que se concibió, en 1997, ha avanzado a unos pasos tan rápidos como polémicos. La comunidad de regantes, de carácter privado y presidida por el edil del PP, consiguió que el año pasado Loyola de Palacio -entonces ministra de Agricultura- firmara un protocolo para que el Estado invierta en él 6.000 millones de pesetas. En los Presupuestos del Estado de este año hay ya una partida de 1.000 millones.Javier Sampedro ha obtenido además una polémica subvención de 483 millones de la Diputación de Álava para que compre una central hidroeléctrica, a pesar de que el gobierno foral carece de competencias por tratarse de un regadío calificado de "interés general" para el Estado.
Sin embargo, el plan Sampedro necesitaba lo más importante: el agua. Para ello resultaba necesaria la concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, un trámite que normalmente necesita varios años. Este organismo controlado por el Ministerio de Medio Ambiente, con sede en Zaragoza y presidido por Tomás Sancho Marco, ya ha dado el visto bueno a la comunidad de regantes de la Rioja Alavesa y la Sonsierra riojana. Así lo anunció ayer el juntero alavés del PP Juan Carlos de Andrés, aunque la propia Confederación del Ebro no pudo confirmarlo.
Por tanto, se han desestimado las 13 alegaciones presentadas por algunos ayuntamientos de la zona y el expediente negativo del Gobierno vasco. De hecho, la Dirección vasca de Aguas presentó en sus conclusiones sobre el proyecto de Sampedro una larga serie de opiniones contrarias. Entre otras, se asegura que "no parece adecuarse al Plan Hidrológico" redactado por la propia Confederación, que establece que La Rioja extraiga el agua del Ebro, y no del Inglares.
El Gobierno vasco también asegura que el Inglares "no presenta caudales disponibles para atender una nueva concesión". Por el río discurren una media de 410 litros por segundo y la comunidad de regantes que ya opera allí -la del Valle Bajo Inglares, en el área de Zambrana- tiene una concesión de 487 litros. Sampedro solicitó 300 litros más por segundo.
Además, el Gobierno vasco alertó de las "deficiencias técnicas e incluso legales de difícil cuando no imposible solución" [del plan de regadío] y concluyó: "No se dan las condiciones mínimas exigibles desde el punto de vista de la política de agua y por una concepción racional de la gestión sostenible del recurso".
A estas críticas se suman las de la comunidad de regantes de Zambrana, que se siente perjudicada por la autorización al plan Sampedro para que capte 4,7 hectómetros cúbicos desde noviembre hasta mayo. "Si fuera hasta enero no nos causaría ningún problema, pero a partir de marzo nos dejarán sin agua", se quejó Miguel Ángel Samaniego, representante de la asociación. Sus alegaciones a la Confederación ya sólo podrá presentarlas por la vía contencioso-administrativa.
