Bruselas examinará qué empresas recibieron ayudas fiscales vascas

La Comisión Europea mantendrá abierta la investigación sobre los regímenes fiscales vascos "ya que ha podido haber empresas que se han podido beneficiar de ellos desde 1995", según explicó ayer el comisario de la Competencia, Mario Monti, que reconoció que el acuerdo entre los Gobiernos central y vasco "podría poner fin" a expedientes abiertos a España. Monti recordó, además, que la Comisión ya se pronunció contra las ayudas concedidas a Daewoo y Ramondín por considerarlas contrarias a las leyes comunitarias.

Monti indicó que se mantiene a la espera de "precisiones" para conocer el "contenido exacto" del acuerdo. La Comisión abrió un expediente general en julio pasado contra el crédito fiscal del 45% a empresas que invierten más de 2.500 millones de pesetas y contra las minivacaciones fiscales del 99%, 75%, 50% y 25% en los cuatro primeros años para las empresas de nueva creación. Este expediente se debió a los recursos interpuestos por la Administración central y algunos gobiernos regionales.Paralelamente, sancionó a las empresas Ramondín y Daewoo por considerar que se habían beneficiado de dichos incentivos tras instalarse en Álava. La Comisión, en una decisión que se encuentra en ambos casos recurrida ante el Tribunal de las Comunidades Europeas, considera que se produjo una ayuda de Estado "incompatible con las reglas del tratado".

Monti explica en una declaración escrita a la prensa que según las informaciones de las que dispone la Comisión "parece que podría poner fin" a las medidas fiscales "que no sólo han dado lugar a un recurso que actualmente está siendo examinado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sino también a las quejas depositadas en la Comisión". Pero el Ejecutivo comunitario deja claro en su comunicado que "el examen" a los incentivos fiscales prosigue porque "ha estado en vigor desde 1995", y apunta que "otras empresas también han podido beneficiarse".

Por otro lado, las tres diputaciones forales vascas han decidido poner la directa y cumplir con su parte del compromiso fiscal firmado anteayer entre las administraciones vascas y la del Estado. Las tres diputaciones decidieron anteayer llevar los cambios en las normativas a las juntas generales de sus territorios antes del 31 de enero. Con este fin, el martes que viene el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) vasco se reúne para intentar elevar un único texto de las tres haciendas, que tenga las mínimas diferencias posibles.