El PSOE pide que Romay explique las fundaciones en el Congreso
La secretaria general del grupo parlamentario socialista, María Teresa Fernández de la Vega, acusó ayer al Gobierno de eludir su comparecencia en el Congreso para informar, entre otros, del decreto que reglamenta las fundaciones sanitarias. Fernández de la Vega abogó por la convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara con el fin de convocar a Romay. Los decretos en los que el PSOE considera necesario una explicación parlamentaria hacen referencia a las nuevas formas de gestión del Insalud, a la aprobación de varios créditos destinados a proyectos de desarrollo social básico y a microcréditos relativos al Consejo de Cooperación al Desarrollo.
Fernández de la Vega lamentó ante los medios de comunicación que ayer el vicepresidente para Asuntos Económicos Rodrigo Rato y los ministros de Exteriores y Sanidad, Abel Matutes y José Manuel Romay, respectivamente, no ofreciesen los datos correspondientes a dichos asuntos a la Cámara.
La portavoz de Sanidad del PSOE, Ángeles Amador, tras asegurar que la autonomía de gestión que pretende el modelo de fundaciones sólo provoca "opacidad total" y "desmembración" de la Sanidad Pública, criticó que el Gobierno aprobara esta norma in extremis, sin una explicación pública en la rueda de prensa que se celebró tras el Consejo de Ministros y sin acudir al Parlamento a informar a la sociedad de una reforma de "extraordinaria gravedad".
Iniciativa popular
Amador acusó ayer al Gobierno de imponer a las diez comunidades autónomas que todavía no tienen competencias sanitarias el modelo de gestión de las fundaciones públicas sanitarias, cuando "no hay ni un solo indicador que demuestre la mejora" que éste supone. La ex ministra de Sanidad socialista aseguró también que esas comunidades tendrán que "resignarse" a asumir la competencia de sanidad con el instrumento de gestión diseñado por José Manuel Romay a quien instó a presentar los "avales" de ese nuevo sistema.
La Plataforma Estatal de Defensa de la Sanidad Pública, en la que participan asociaciones de consumidores, vecinos y sindicatos, junto con IU, ha anunciado su plan de presentar una iniciativa legislativa popular con la recogida de 500.000 firmas para derogar el nuevo modelo de gestión impulsado por el Gobierno.
A este respecto, Ángeles Amador se desvinculó de la intención de derogar también la ley de nuevas formas de gestión aprobada en 1997 con el apoyo del PSOE. Amador aclaró que esa ley facultaba al Gobierno para que la sanidad pública fuera gestionada por entidades públicas "admitidas en derecho", entre las que no se encontraban las legisladas después por el PP en diciembre de 1998 bajo el nombre de "fundaciones públicas sanitarias", que permitirán convertir a los hospitales actuales en fundaciones.
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