El largo adiós de Straw al general

ENVIADO ESPECIALEl viejo caserón de Virginia Water, donde se extiende la tranquila y elegante urbanización de Wentworth Estates, está más custodiado que nunca por la policía del condado de Surrey. En la casa de ladrillo rojo, última morada británica del general Augusto Pinochet, sólo pueden entrar militares. Todas las visitas de civiles, incluyendo a algunos amigos, han sido canceladas desde el pasado jueves. Trece meses y medio después de llegar a esta finca, los servicios del general han empezado a preparar el viaje a Santiago. No será la primera vez, pero a diferencia del 25 de noviembre de 1998, cuando ya las maletas estaban embaladas en un avión de la Fuerza Aérea Chilena, y tuvieron que ser bajadas algo más tarde cuando trascendió que la Cámara de los Lores había despojado a Pinochet de su inmunidad, esta segunda será la vencida. Todas las fuentes consultadas indican que el ministro británico del Interior no se echará atrás en su decisión de liberar al ex dictador.

El largo adiós de Jack Straw a Augusto Pinochet comenzó, paradójicamente, cuando el ministro británico dictó, el 9 de noviembre de 1998, la autorización para proceder a la extradición, esto es, iniciar el procedimiento judicial. La defensa del ex dictador presentó ante el ministro argumentos para que frenara el caso en seco precisamente en ese momento por la edad (el ex dictador había cumplido 83años) y por su estado de salud (neuropatía diabética, entre otras afecciones).

Tras estudiar los informes médicos que la defensa de Pinochet elevó junto con sus alegaciones, el ministro autorizó el procedimiento. "No parece que el senador esté incapacitado para someterse a juicio, por lo que, tras estudiar todas las circunstancias, no sería injusto o cruel para él ser enjuiciado en relación con los delitos extraditables por los que es acusado", señaló Straw. Pero añadió: "He tenido también en mente que este problema, entre otros, puede ser examinado a la luz de cualquier evolución posterior en el momento en que haga uso de mi decisión discrecional última, al final del proceso de extradición". El 14 de abril de 1999, tras reducir los jueces lores, en marzo, los cargos contra Pinochet a tortura y conspiración para cometer tortura, Straw no se echó atrás. Pero, ante nuevas alegaciones sobre la edad y la salud, con otros tantos certificados médicos a la vista, el ministro insistió: "No parece que el senador Pinochet esté incapacitado para someterse a juicio".

El 8 de octubre de 1999, el magistrado de extradición, Ronald Bartle, falló, con una dura sentencia, que Pinochet, desde el punto de vista de las acusaciones que se formulaban contra él en España, podía ser extraditado. Pero ese día Pinochet no acudió al tribunal, como es preceptivo, a escuchar la sentencia. Dos días antes, la defensa del ex dictador expuso en una audiencia los problemas de salud del general y subió al estrado de testigos el médico clínico que ha atendido en el condado de Surrey a Pinochet desde diciembre de 1998. Se habló de su neuropatía diabética, de los mareos que sufre cuando permanece de pie y de dos preinfartos que había sufrido semanas antes. El magistrado Bartle consideró que se podía excusar a Pinochet de escuchar el veredicto en el tribunal; la Fiscalía de la Corona subrayó que su médico, Peter Dean, había intentado la víspera revisar al ex dictador en su casa, pero que la defensa de éste no pudo organizar la visita.

Fue en este contexto cuando el Gobierno de Eduardo Frei, bajo la sugerencia insistente de su canciller, Juan Gabriel Valdés, resolvió solicitar al Ministerio del Interior británico la realización de exámenes médicos. Para ello envió varios certificados de una revisión que varios especialistas habían hecho a Pinochet, por iniciativa del Gobierno chileno, en julio de 1999. Según declaró Valdés a EL PAÍS el 24 de septiembre de 1999, en una amplia entrevista celebrada en Nueva York, fue animado a seguir este camino por el ministro de Asuntos Exteriores británico, Robin Cook, con quien se entrevistó con ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas. El 14 de octubre, Valdés hizo la propuesta al Ministerio del Interior británico.

La gran sorpresa tuvo lugar el 5 de noviembre. Fenella Tayler, miembro del equipo de extradición del Home Office británico, escribió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile que Straw proponía exámenes médicos y que para ello designaría un equipo oficial. El hecho fue dado a conocer por el canciller Valdés. En Londres, todas las fuentes consultadas en aquellos días estimaban que Straw había dado una muestra de cortesía al Gobierno de Chile. Sobre todo porque la defensa de Pinochet había presentado un recurso de hábeas corpus, el 22 de octubre de 1999, contra la sentencia de extradición. Pinochet no sólo argumentaba las razones de salud, sino que estaba dispuesto a seguir la larga batalla legal en los tribunales ingleses.

Jeremy Corbyn, diputado laborista, un hombre de izquierdas que ha trabajado arduamente en la causa de los desaparecidos en Chile, escribió tres cartas a Straw, en las que preguntaba por el estado de la situación y si el ministro podía adoptar una decisión antes de que terminaran de ventilarse los recursos en los tribunales. Antes de recibir respuesta, dijo a EL PAÍS: "Supongo que el partido socialista chileno le ha pedido un favor al Gobierno británico. Creo que es posible. Pero ya veremos".

Finalmente, el 22 de noviembre, Corbyn recibía una carta de Lord Bassam of Brighton, subsecretario parlamentario. Le pedía disculpas por el retraso y, entre otras cosas, explicó la situación: "El senador Pinochet ha presentado un recurso de hábeas corpus y el ministro no puede, mientras dure el proceso, ordenar su extradición a España". Era una obviedad. Lo importante era esta otra frase: "Sería una cuestión abierta para el ministro decidir contra la extradición antes de la conclusión del procedimiento. Cómo y cuándo va a adoptar la decisión es algo que compete al ministro. Tendrá que tener en cuenta las alegaciones que se le dirijan y otras consideraciones relevantes".

Los exámenes, finalmente, tuvieron lugar el 5 de enero. Las instrucciones de Straw eran precisas: necesitaba decidir con celeridad. En la noche del jueves 6, los cuatro médicos -dos de ellos, una neuropsicóloga y un neurólogo, mantuvieron una conversación de una hora con Pinochet el miércoles 5- enviaron el informe a Straw, a quien le fueron entregados el sábado 8. Ese fin de semana hubo una filtración periodística en la que se anunciaba el desenlace. El martes 11, finalmente, Straw comunicó a la defensa de Pinochet que fallaría en contra de la extradición. Según Straw, el ex dictador no está en condiciones de someterse a juicio. "No puede seguir el desarrollo de un procedimiento judicial, dar instrucciones inteligibles a los abogados que le representan ni ofrecer una declaración coherente sobre su caso, recordando hechos". Pero Straw no ha revelado el contenido del examen a España, porque "Pinochet rechazó hacerlo".

Pinochet, en sus entrevistas de julio pasado con la prensa, estaba en plena lucidez, tanta que responsabilizó, más o menos directamente, de la represión en Chile al jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el general Contreras. Según explicó entonces, un presidente, como lo era él, daba instrucciones generales y los jefes de inteligencia resolvían cómo se debían hacer las cosas. Entonces, en julio de 1999, estaba lúcido. Ahora también ha tenido la claridad para oponerse a entregar el examen médico a España.

¿Senilidad sobrevenida? ¿Meses de vida? ¿Certificado... de impunidad? Hay algo seguro: se sabrá, más pronto que tarde.