Una decisión "casi judicial"

El Gobierno español ha calificado el anuncio de Jack Straw, en el sentido de denegar la extradición del general Pinochet, como la expresión de un acto político. También en sus alegaciones, Garzón señala que el ministro británico ha tomado una decisión política. Sin embargo, es el propio Straw quien ha negado por activa y por pasiva estos días que haya actuado en su calidad de ministro "político". Según el ministro, la conclusión de que Pinochet no debe ser extraditado, precisamente, ha sido alcanzada en el ejercicio de su función "casi judicial", según se le asigna en la Ley de Extradición británica.El miércoles, en un largo debate en la Cámara de los Comunes, Straw explicó: "Tengo el claro deber legal de aplicar la Ley de Extradición de 1989 a fondo". ¿Qué significa este claro deber? "A la luz de la información que me proporcionó la Embajada chilena en Londres, este deber incluía involucrarme e informarme completamente sobre los verdaderos hechos de la salud del senador Pinochet. Luego le pedí que se sometiera a exámenes médicos".

Al explicar por qué razón no ha informado sobre el caso Pinochet a la Cámara de los Comunes, el ministro insiste: "A lo largo del procedimiento, no he podido hacer declaraciones ni informes dirigidos a esta Cámara por mi papel casi judicial en relación con los asuntos de extradición y por las reglas que fija la Cámara para asuntos sub júdice. Siempre he dejado en claro que haré un informe oral completo cuando el asunto se resuelva, lo que por supuesto voy a hacer".

Straw, asimismo, explica que ha solicitado las alegaciones precisamente porque la Ley de Extradición le "obliga" a ello; en otros términos, no se trata de una "cortesía" de su parte, y, en efecto, es así, ya que el ministro, antes de fallar, tiene que pedir y estudiar las alegaciones a todas las partes. Quizá fue en su respuesta al parlamentario laborista Tony Benn cuando más se explicó Straw. El diputado dijo: "¿No es acaso un hecho que, cualesquiera sean sus consideraciones judiciales, usted ha tomado una decisión política?". El ministro replicó: "Mientras es perfectamente posible hacer ante mí alegaciones sobre criterios humanitarios, en esta circunstancia particular he llegado a mi conclusión preliminar -que Pinochet no debe ser extraditado- basándome en el más restrictivo concepto de su incapacidad para someterse a un juicio en base a las pruebas médicas que he recibido. Si se me hacen alegaciones en base a criterios más generales, las consideraré antes de adoptar mi decisión final. Debo expresar mi desacuerdo con el honorable amigo cuando señala que estas decisiones son decisiones políticas. No son decisiones fáciles, pero creo que antecesores míos en Interior intentaron ejercer sus responsabilidades de un modo cuasi judicial y sopesar cada uno de estos casos y sus obligaciones legales".

En resumen: Straw sostiene que actúa, al haber anunciado su próxima decisión, "dentro" del procedimiento de extradición, "en base a la ley", y que así lo hará cuando dentro de pocos días comunique su decisión última. Por eso, caben las alegaciones y por ello también por definir el recurso de revisión judicial contra la decisión final. Aunque este recurso, como tal, no tiene fuerza para paralizar la orden de liberar a Pinochet.