Un dictador derrotado

Pinochet ha perdido. Salvo sorpresas judiciales de última hora, el ministro del Interior británico, Jack Straw, en ejercicio de la discrecionalidad general que le otorga la ley, lo pondrá en libertad en los próximos días al considerar que la salud del ex dictador no le permite afrontar un juicio. Pinochet podrá regresar así a Chile eludiendo la acusación del juez Garzón, pero lo hace bajo una censura moral que se ha extendido por el mundo a medida que progresaba el juicio de extradición.Vuelve a casa derrotado, con varios sumarios judiciales abiertos en su país y el compromiso de los dos candidatos presidenciales, incluido el derechista Lavín, de llevar adelante los procesos en curso. Lejos del regreso triunfal que soñaron sus seguidores, hoy todos los políticos abominan de él. Sus víctimas y la comunidad internacional deben tomar la palabra a los políticos chilenos para que sus promesas de hoy no sean pura palabrería preelectoral. Paradójicamente, la legislación chilena no contempla la razón humanitaria para eludir una acusación criminal, de forma que el dictamen de los médicos británicos no podrá ser esgrimido por Pinochet. Y si los políticos más próximos a él dicen estar dispuestos a que actúe la justicia, deben ser capaces de eliminar su ominosa sombra de la vida pública chilena mediante una fórmula legal que anule su condición de senador vitalicio.

El caso Pinochet ha servido, en todo caso, para hacer avanzar la causa de los derechos humanos. Su detención en Londres, desde el 17 de octubre de 1998, a instancias del juez Garzón no ha sido en vano. Este caso ha animado a jueces chilenos y argentinos a abrir causas contra los responsables de crímenes en las respectivas dictaduras.

Lo que ha hecho Straw es anunciar que, en las actuales condiciones físicas de Pinochet, "no tendría ningún sentido" seguir adelante con el procedimiento de extradición a España, u otros países que la habían solicitado, porque no está en condiciones de someterse a juicio. Tomará la decisión definitiva tras recibir, en un plazo de siete días, las alegaciones de las partes, incluida España y también algunas ONG, siempre que, como pide la propia carta del Ministerio del Interior británico, se aporten elementos nuevos, lo cual puede resultar un ejercicio imposible si se mantiene secreto el contenido de los informes médicos. Una vez que Straw tome su decisión final, entonces sí cabe recurrirla, pero tal recurso resultaría inútil, pues no interrumpiría la puesta en libertad de Pinochet.

El momento elegido por Straw para anunciar su disposición -a cinco días de las elecciones presidenciales de Chile- es harto discutible, y su posible efecto sobre los resultados del domingo, incierto. En todo caso, Londres queda bien con Santiago, tanto si gana Lagos como si vence Lavín. Es ésta, sin embargo, una elección que se juega más sobre la crisis económica y la posibilidad de que un socialista vuelva a La Moneda que sobre la figura de Pinochet. La ventaja de Lagos sobre Lavín en la primera vuelta fue de sólo 30.000 votos en un país que cuenta con 29.000 mesas electorales, poco más de un voto por mesa.

Straw ha defendido que su posición no es política ni judicial, sino más bien gubernativa o administrativa. Puede que así sea, y que responda sólo al deterioro de la salud de Pinochet en los últimos meses, pues no hay por qué dudar de la profesionalidad e independencia de los cuatro facultativos que, en nombre del Gobierno británico y en respuesta a una petición del chileno, han examinado a Pinochet y emitido su informe. Por otra parte, resulta lógico que el ministro no tenga que esperar a la conclusión de todo el procedimiento de extradición si ha llegado a la conclusión de que Pinochet no puede someterse al juicio posterior, pues el ritmo biológico de las personas no tiene por qué acompasarse al de los procesos judiciales. Las partes acusatorias ponen en duda que el dictador y sus abogados tengan derecho a mantener la confidencialidad de los exámenes médicos.

Straw da también un respiro al Gobierno de Aznar, que a lo largo de estos meses ha realizado una pésima gestión de la situación, en detrimento de los intereses españoles y sin servir a la justicia. Llegó a generar expectativas en el Gobierno chileno al prometerle estudiar un posible arbitraje, a lo que no se atrevió al no contar con la colaboración de la oposición. Ha actuado mal y con una cobardía derivada de sus complejos.

Sea como sea, y aunque la demanda de extradición no se lleve a término, el juez Garzón puede quedar satisfecho de lo que ha logrado. Amparándose en una red de convenios internacionales y bilaterales que no existían hace un cuarto de siglo, consiguió que los tribunales británicos aceptaran la demanda de extradición a España, si bien limitándola a los crímenes de tortura cometidos por el régimen pinochetista en su fase final. Ha generado así un precedente que servirá de aviso a los dictadores y torturadores del mundo.