Los querellantes en Chile piden el desafuero del senador vitalicio

El primer paso dado por los acusadores de Augusto Pinochet en Chile tras el anuncio del ministro británico Jack Straw ha sido la petición formal de su desafuero para poder juzgarle. Hugo Gutiérrez, uno de los abogados querellantes en el caso de la Caravana de la muerte (operación represiva en la que se fusiló a 72 opositores a la dictadura), confirmó ayer a EL PAÍS la inminente presentación ante la Corte de Apelaciones de Santiago de la solicitud para que le sea retirada la inmunidad parlamentaria al senador vitalicio. La petición señala al exdictador como autor-inductor de cuatro delitos: homicidio y secuestro agravado y reiterado, torturas y asociación ilícita.Los 27 miembros de la Corte de Apelaciones tendrán que pronunciarse en pleno por mayoría absoluta sobre tal reclamación, que en caso de aceptarse, podría ser recurrida ante la Corte Suprema. Es la primera vez, desde que empezaron a llover las querellas criminales contra Pinochet, que se presenta una petición de desafuero. "La Caravana de la muerte es la causa en la que ha quedado más claramente establecida la responsabilidad de Pinochet", declaró Gutiérrez. Tras dos años de investigación, el juez instructor Juan Guzmán Tapia acumula una amplia documentación sobre uno de las operaciones más siniestras de la dictadura. Seis altos oficiales del Ejército están detenidos y procesados en esta causa.

De 11 a 55 querellas

Cuando Pinochet fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998, se habían presentado 11 querellas en su contra en los tribunales chilenos. Hoy suman 55 las denuncias que instruye el juez Guzmán. ¿Qué posibilidades reales hay de que sea juzgado en Chile? "Depende de quién gane las elecciones del domingo. Un presidente como Ricardo Lagos da más garantías que Joaquín Lavín, porque el Gobierno de la Concertación ya ha adquirido el compromiso de dejar el caso en manos del Poder Judicial", opina Hugo Gutiérrez.

En las filas de las organizaciones de derechos humanos reina una gran decepción y amargura tras la declaración del ministro Straw. Acariciaron hasta el último momento la esperanza de que Pinochet fuera entregado a España. "No lo esperábamos. Recibimos la noticia con mucha preocupación. Vamos a apelar a todas las instancias", decía ayer, con indisimulada impotencia, Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, Julia Urquieta, pidió redoblar "los esfuerzos para que Pinochet no quede impune por sus graves crímenes. ¿De qué razones humanitarias nos hablan? El régimen militar jamás respetó los derechos humanos".