La causa argentina del juez Garzón

El 2 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón notificó una resolución por la que procesaba a 98 autoridades argentinas relacionadas con las juntas militares y la dictadura de aquel país entre 1976 y 1983. Garzón inculpaba a los procesados en los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, ratificaba la prisión provisional incondicional de 10 de los procesados y acordaba esa medida cautelar para otros 87. Para todos ellos decretaba orden de busca y captura internacional. En cambio, confirmaba la libertad provisional del excapitán de la Armada Adolfo Scilingo, que testificó sobre los vuelos de la muerte, en los que los militares arrojaban al mar a los detenidos-desaparecidos. Varios de estos 98 militares procesados por Garzón ya estaban en arresto domiciliario por orden del juez argentino Adolfo Bagnasco, que les procesó por el robo, retención y suplantación de identidad de hijos de detenidas-desaparecidas durante la dictadura.

El pasado 5 de noviembre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió el procesamiento y la orden internacional de busca y captura de los 98 militares argentinos decretados por Garzón, al que pidió que archivase la causa por falta de competencia de la jurisdicción española. El fiscal pedía a Garzón que levantara las imputaciones y medidas cautelares dictadas. El 30 de diciembre, Garzón ordenó la busca y captura internacional de 48 de los 98 militares y policías argentinos procesados en noviembre por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura. Garzón ordenaba a la Interpol la detención a efectos de extradición de estas personas. A partir de ese momento, estas 48 personas no pueden abandonar Argentina bajo el riesgo de que les suceda lo mismo que a Augusto Pinochet.

Sin embargo, la orden no tiene efectos prácticos en Argentina, que no reconoce la jurisdicción española y cuyas autoridades han señalado que las órdenes de Garzón no tendrán allí "efectos operativos".