Médicos Sin Fronteras se retira de Guinea a causa de las trabas impuestas a su labor
La ONG pide al Gobierno español que haga público el convenio firmado con Malabo
Médicos Sin Fronteras (MSF) ha tirado la toalla. La organización no gubernamental (ONG) de ayuda humanitaria, que acaba de recibir el Premio Nobel, anunciará esta semana que se ha "visto obligada a abandonar" Guinea Ecuatorial porque "se le niega el acceso a una población que sufre las consecuencias directas de la corrupción". Es los años noventa MSF sólo ha tomado cuatro veces una decisión tan grave, la última en Corea del Norte en 1998. Nunca lo había hecho, sin embargo, en el conjunto de un país africano, aunque en 1994 se retiró de Goma, una ciudad de Congo.
Presente desde 1989 en la antigua colonia española, MSF tomó en octubre la iniciativa, que hará pública mañana, de retirarse del país, donde sólo seguirán trabajando ONG españolas católicas como las Federaciones Españolas de Religiosos de la Educación y de la Sanidad. Al hacer su anuncio, MSF distribuirá un informe en el que explicará su decisión tomada "ante la imposibilidad de realizar sus tareas humanitarias desde la libertad de acceso a la población civil (...)".El informe, salpicado de anécdotas sobre la venta por las autoridades sanitarias de vehículos de la ONG y la obligada sustitución del personal sanitario de un centro de salud de MSF por funcionarios del régimen, dedica también gran atención a los derechos humanos. "Las violaciones de los derechos humanos, lejos de remitir, no dejan de aparecer con tétrica regularidad". "Guinea", concluye, "sigue sometida a la tiranía y corrupción (...)".
A finales de los noventa la producción de petróleo se ha disparado en Guinea hasta el punto de que, según MSF, "es un país con suficientes recursos para garantizar un nivel de vida aceptable a su población". "Pero esos recursos no repercuten en el bienestar de la población, sino que han sido monopolizados por el clan en el poder que los explota con total falta de transparencia".
"Los contratos entre el Estado y las compañías petroleras no se han hecho nunca públicos, y no es posible conocer el flujo de ingresos que genera la actividad, aunque existen sospechas de que las cantidades que constan en los Presupuestos Generales, no recogen la totalidad de éstos", prosigue el informe. "En este sentido, el Fondo Monetario Internacional recomienda repetidamente la apertura de una cuenta en el Banco de Estados de África Central exclusivamente para estos recursos".
"(...) De los contratos con las petroleras sí se conoce que el reclutamiento de personal entre ecuatoguineanos es competencia exclusiva de Apegesa, empresa propiedad del anterior ministro de Minas y Energía y de otro ex ministro, todos del clan de Mongomo , y cuya tasa por mediar en la contratación consiste en cobrar el 40% del sueldo de todos los trabajadores".
Coincidiendo con la retirada de MSF, el Ministerio de Exteriores español suscribió el 26 de octubre un convenio que reanuda la cooperación con el Gobierno guineano, suspendida hace seis años por el Ejecutivo socialista tras la expulsión del cónsul de España en Bata. Un mes antes, el titular de Exteriores, Abel Matutes, aseguraba, sin embargo, en el Congreso que no estaba prevista la firma de ningún convenio.
"MSF considera que no existe espacio humanitario en Guinea con las mínimas garantías", y por esa razón "considera impensable que España pueda fortalecer relaciones con un régimen que desprecia absolutamente las necesidades de su población y viola sistemáticamente sus derechos". "MSF entiende que firmar un convenio de cooperación es un aval internacional para el régimen que podría incitar a la comunidad internacional a normalizar relaciones con el país, consolidando una situación inaceptable". Para evitarlo, la ONG empezará una campaña en Europa, a finales de enero, y confía en contar con el apoyo de otras organizaciones de defensa de los derechos humanos.
La ONG termina su informe pidiendo al Gobierno español "que revise en profundidad la cooperación con Guinea comprometiéndola con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, que imposibilita el acceso al espacio humanitario". Le exige, por último, que "haga público ese convenio". Tras recibir varias peticiones, el secretario de Estado de Cooperación, Fernando Villalonga, entregó una copia del documento a varios parlamentarios. Los diputados lamentaron que el texto no incluya ninguna cláusula que vincule el desarrollo de la ayuda con avances democráticos y que no se les remitiesen anexos importantes como el listado de programas que se llevarán a cabo con las instituciones guineanas.
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