Fracaso del Gobierno con la Ley de Extranjería

El Congreso rechazó ayer, con 190 votos en contra por 153 a favor, las 105 enmiendas que el PP y CiU introdujeron en la Ley de Extranjería durante su tramitación en el Senado. El desmarque de Coalición Canaria propició la más importante derrota parlamentaria del Gobierno en toda la legislatura precisamente en su último pleno, en el que el PP vio aprobados los Presupuestos del Estado para el 2000 y otras leyes, en este caso con el apoyo de los nacionalistas catalanes y canarios. La negativa de todos los grupos, salvo el popular, a apoyar las enmiendas, que limitaban drásticamente los derechos de los inmigrantes, supone la aprobación del texto consensuado en el Congreso, mucho más generoso. El PP ha anunciado que lo modificará si gana las proximas elecciones.

Desde que Coalición Canaria (CC) anunció, el martes por la tarde, que no respaldaría la contrarreforma de la nueva Ley de Extranjería pactada por el PP y CiU en el Senado, la derrota del Gobierno estaba cantada. Ésta fue, sin embargo, más rotunda de lo previsto porque, ante la falta de una mayoría suficiente para cambiar el texto del Congreso, el Grupo Catalán se consideró desligado de sus compromisos y votó en contra de las enmiendas que había pactado en la Cámara alta. "Hoy no se nos puede exigir más responsabilidad", alegó su diputado Carles Campuzano.Aunque el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, intentó minimizar la derrota, calificándola de "anécdota", su compañero el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, reconoció que lo sucedido constituye una "desagradable sorpresa", de la que responsabilizó al "ejercicio de irresponsabilizadad" realizado por el Grupo Canario.

Durante su intervención, el portavoz popular, Luis de Grandes se dirigió a los cuatro diputados de CC, sin citarlos, para criticar "algún cambio de posición, sobre entendimientos que supusimos razonablemente alcanzados, cuya intención no acabamos de comprender y de lo que tendrán que responder ante la ciudadanía quienes tan estrepitosa como ininteligiblementre lo han protagonizado".

"No han cumplido"

De manera más explícita, De Grandes se quejó en los pasillos de la Cámara baja del comportamiento de los nacionalistas canarios. "Nos dieron garantías de viabilidad [de la ley] y no han cumplido", afirmó. Según dijo, el acuerdo previsto con CC para eliminar algunas enmiendas y aprobar otras no fue posible porque "no quisieron negociar".

Fuentes gubernamentales aseguraron que el portavoz del Grupo Canario, José Carlos Mauricio, se comprometió el pasado jueves con el presidente del Gobierno, José María Aznar, con quien desayunó en La Moncloa, a respaldar la versión de la ley pactada en el Senado. Aznar volvió el viernes a hablar telefónicamente con Mauricio, según las mismas fuentes, para reprocharle que no hubiera facilitado la presentación de 11 enmiendas que el PP y CiU intentaron introducir durante el pleno de la Cámara alta y confirmar su compromiso.

El acuerdo con CC, en cuya gestación intervino el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, consistía en que una serie de enmiendas fueran rechadas en el pleno de ayer mientras que otras prosperarían pese a la oposición de CC, lo que obligaba a los negociadores a calibrar cuidadosamente la correlación de fuerzas en el hemiciclo. Finalmente, CC se alinearía con el PP y CiU en la votación de conjunto de la ley, a la que se incorporarían las enmiendas aprobadas.

Sin embargo, los dirigentes de CC no atendieron las repetidas llamadas que Álvarez Cascos y el portavoz del Grupo Catalán les hicieron el martes para fijar la reunión en la que debía concretarse el acuerdo. El único que consiguió establecer contacto con ellos fue el ministro del Interior, Jaime Mayor, quien telefoneó al presidente de Canarias, Román Rodríguez (CC), que se desentendió del asunto.

Josep López de Lerma (CiU)tuvo que acudir por la tarde al despacho en el Congreso del diputado y presidente de CC, Paulino Rivero, quien le comunicó que su grupo sólo estaba dispuesto a aceptar seis modificaciones de carácter estrictamente técnico. Mientras López de Lerma transmitía la mala noticia a Cascos, Rivero y los demás diputados canarios se reunían con los secretarios generales de CC OO y UGT, Antonio Gutiérrez y Cándido Méndez, respectivamente, a quienes anunciaban en primicia su decisión de rechazar el texto del Senado en la votación de conjunto, en la que sus cuatro diputados eran decisivos.

Rivero negó ayer que su grupo se hubiera comprometido a respaldar al Gobierno en esta ley. "Coalición Canaria no ha asumido ningún compromiso para apoyar este proyecto de ley, sino para apoyar un texto que recupere el consenso social y político", dijo.

Añadió que, si de sus conversaciones con Mauricio, el Gobierno dedujo que CC iba a apoyarle, "la intuición le ha fallado". "Han intuido que nuestros votos estaban a su disposición", agregó, "pero lo que hemos firmado con el PP es un acuerdo, no les hemos dado un cheque en blanco". Rivero alegó que al único que se puede acusar de deslealtad es al propio PP, que presentó más de cien enmiendas en el Senado sin consultar a sus socios y rechazó incluso la única de CC. "Antes de ver la paja en el ojo ajeno deben buscar la viga en el propio", concluyó.

Lo cierto es que el Grupo Canario dio a entender que estaría junto al PP y CiU al anunciar que pediría una votación separada de las enmiendas del Senado y que estaba dispuesto a aceptar algunas. Sólo era técnicamente posible hacerlo si luego se apoyaba la votación de totalidad.

Precisamente por ello, ayer, una vez que los nacionalistas canarios habían dejado claro que no respaldaban al Gobierno, las enmiendas se votaron en bloque y ni siquiera hubo que hacer la votación de conjunto al ser todas rechazadas.

En el PP buscaban ayer razones para explicarse el sorprendente cambio de actitud de sus socios. Rato las atribuyó a una "táctica electoral", ante la próximidad de las urnas, mientras que Piqué prefirió insistir en la colaboración que populares y canarios han mantenido a lo largo de esta legislatura y en apostar por su continuidad en la próxima.

El 27 de diciembre se reunirá en Madrid la comisión encargada de revisar la marcha del pacto que permite a CC y PP gobernar juntos en Canarias. Será en ese marco en el que ambas fuerzas políticas decidirán si el desencuentro de ayer es una excepción o el primer paso hacia un divorcio pactado hasta, al menos, después de las elecciones.

Dos errores al votar

Paradójicamente, ni siquiera con el apoyo de los cuatro diputados de CC y de José María Chiquillo, el único de Unión Valenciana, habría prosperado el texto del Gobierno de repetirse en sus mismos términos la votación de ayer. La suma del PP, CiU, CC y UV daba 176 escaños, uno más que la mayoría absoluta, pero dos diputados del PP, Álvaro Lapuerta y Guillermo Martínez Casañ, se equivocaron al utilizar el marcador electrónico y, en vez de votar a favor de las enmiendas del Senado, el primero lo hizo en contra y el segundo se abstuvo.

El resultado de la votación fue acogido con un prolongado apluso en los escaños de la oposición y en la tribuna de invitados, ocupada por representantes de ONG que apoyan a los inmigrantes. Uno de ellos desplegó una pancarta con el lema No a la Ley de Extranjería, lo que llevó al presidente del Congreso, Federico Trillo, a ordenar su desalojo.

Fue el broche final para un debate que empezó con la mitad del hemiciclo vacío y que ganó progresivamente en emotividad. Sobre todo, porque algunos diputados veteranos que no serán candidatos en las próximas elecciones, como Pablo Castellano, de Izquierda Unida, o Matilde Fernández, del PSOE, aprovecharon su última intervención para despedirse del Congreso.