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En el nombre de los ganaderos vascos

Iparlat, la central lechera vasca, vive un proceso de reestructuración sin límites que siempre ha estado abocado a la rentabilidad. Sin embargo, ésta nunca llega. La central lechera, la cuarta en facturación de España, acumula pérdidas desde su origen. El último paso en este camino sin fin de adecuación al mercado es el cierre de la planta de Iparlat en Bilbao (Beyena). El Gobierno vasco cuenta con un 27% del capital de la empresa y ha apoyado con el resto del consejo de administración el traslado de los activos de este centro productivo a Cantabria.

¿A quién sirve Iparlat? Al mirar la cuenta de resultados, la reestructuración permanente de las plantas y el interés del Gobierno por mantener vivo este sector sobre todas las cosas, deja claro que los únicos beneficiarios son los ganaderos. Mientras la empresa pierde millones y millones año tras año, los ganaderos venden su leche a precios muchas veces poco competitivos y mantienen sus diminutas explotaciones agrarias vivas. Frente a otros sectores, como el pequeño comercio, al que la Administración vasca le exige concentración y medidas imaginativas para superar la competencia de las grandes superficies, a los ganaderos se les mantiene en un estatus privilegiado en el nombre de la estructura agraria tradicional y gracias al dinero de todos los contribuyentes, ya que el agro vasco tendría un difícil futuro en un mercado europeo mucho más transparente.Este colectivo es más importante para el Ejecutivo vasco que el de los empleados de la planta de Beyena en Bilbao; un grupo no muy cualificado, "caro" y con una edad media elevada. El Ejecutivo vasco negocia con ellos su recolocación o su jubilación anticipada, pero no se compromete a nada. En las negociaciones la empresa ha sugerido la posibilidad de ceder a otro negocio los terrenos de Beyena en el alto de Castresana en Bilbao con el fin de recolocar excedentes. Sin embargo, no hay nada concreto, y el rumor más extendido es que la parcela está en buen sitio para una nueva y lucrativa operación urbanística.

Iparlat, que acumula pérdidas desde su origen, vive un proceso de reestructuración permanente

En 1995, siendo consejero de Agricultura Javier Retegui, se hizo la gran apuesta para salvar al sector lácteo vasco, comprando tres plantas de Lactaria Española, SA (LACSA) situadas en Logroño, Bilbao y Renedo (Cantabria). Se trataba de alcanzar la dimensión para frenar la fuerte competencia. En ese año las ventas eran de 22.762 millones de pesetas y la pérdidas de 2.077 millones. Doce meses después las ventas subieron hasta 29.577 millones de pesetas y las perdidas se redujeron hasta los 1.638 millones de. Esta pequeña variación, que en pura teoría podía marcar una tendencia, no lo hizo. En 1998 las ventas fueron de 30.014 millones de pesetas, las pérdidas de 1.367 millones y las previsiones para este año, según el plan de viabilidad aprobado por el consejo de administración, son similares: 31.200 millones de facturación y 1.300 millones de pérdidas. Eso sí, sobre la mesa se elabora un nuevo plan de reestructuración que una vez más va a llevar a la empresa a los números negros.

¿Perfil vasco?

La sede social de Iparlat está en Urnieta (Guipúzcoa) y su capital es mayoritariamente vasco. Sin embargo, su perfil vasco, al menos en su vertiente productivo empieza a diluirse. Pese a que la participación del Gobierno vasco, conforme crecían las pérdidas y se ampliaba el capital iba en aumento y hoy ya alcanza el 27%, la Administración vasca no se incomoda y propone como solución cerrar la planta de Bilbao para potenciar la de Cantabria.

El resto del capital está repartido entre la cooperativa de ganaderos vascos Gurelesa, con el 35,21%, la cooperativa navarra Copeleche, con un 7,82%, la Kutxa, con un 12,13%, y con porcentajes menores, entre otros, Caja Cantabria, Caja Vital o la Cooperativa Lechera SAM.

La influencia del Gobierno vasco en el consejo es evidente tanto por porcentaje de capital como por subvención. Al cierre de 1997, las subvenciones de capital ascendían en total a 3.699 millones de pesetas, de los que 1.984 fueron concedidos por el Ejecutivo vasco. A las cifras acompaña el nombre de los principales gestores de la firma. El consejero delegado es José Manuel Goikoetxea, ex consejero de Agricultura, y el director general, Eduardo Urrutia, ex viceconsejero de Agricultura en la pasada legislatura. Así, la opinión del Gobierno y la del PNV la dejó bien clara la parlamentaria nacionalista Izaskun Bilbao el pasado viernes 26 de noviembre en un pleno de la Cámara: "Es un problema de costes y por mucho que se inste al Gobierno la planta de Beyena se va a cerrar".

Este centro que recibió hace menos de dos años 900 millones de pesetas de inversión, de momento y gracias a una huelga, se mantiene a la espera del cierre. Pero esta decisión es sólo un paso más en un largo proceso en el que primero se cerraron las instalaciones de Bilbao y Logroño procedentes de LACSA. Así Iparlat se quedará con la planta de Urnieta, la de Renedo y la de Pamplona, que se han constituido en filiales de la firma. A estos centros hay que sumar el de Chile, que entrará en funcionamiento en enero.

En todo caso, el nuevo plan de viabilidad de Iparlat, que según la empresa llevará a los beneficios en el 2001, exige invertir 3.200 millones de pesetas. Este dinero se irá a otras comunidades autónomas e irá acompañado de una reducción de empleo de 104 personas.

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