Pobres contra pobres en La Española

ENVIADO ESPECIALLa masiva expulsión de jornaleros haitianos ejecutada por la República Dominicana en noviembre evocó en Puerto Príncipe el genocidio perpetrado 70 años atrás por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Hordas dominicanas batieron a machetazos los cañaverales patrios y asesinaron en pocos días a cuanto negro haitiano encontraron al paso. Si era mulato, los matarifes mulatos dudaban y le hacían decir "perejil". Una respuesta afrancesada, "pegejil" confirmaba su nacimiento en la antigua colonia de Francia y era abatido a cuchilladas.

Murieron 10.000 en aquella cacería de La Española, la isla antillana compartida por Haití y República Dominicana, dos Repúblicas marcadas por viejas rivalidades. El líder dominicano socialdemócrata José Francisco Peña no pudo llegar a la presidencia impedido, en gran medida, por su origen haitiano y su condición de negro como el carbón. Las cancillerías de Puerto Príncipe y Santo Domingo desarrollan conversaciones para solucionar un conflicto diplomático que comenzó al reprochar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la política migratoria del presidente dominicano Leonel Fernández.

Grupos de derechos humanos calculan entre 8.000 y 20.000 los haitianos, con hijos nacidos en la República Dominicana, que han sido deportados en condiciones penosas: atrapados en el tajo o en la calle y puestos en la frontera en camiones o vehículos policiales. Hubo niños que perdieron a sus madres y esposas separadas de sus maridos durante las redadas, según esos grupos. El 15 de octubre de 1990, en otro cruel episodio, el ex presidente Joaquin Balaguer decretó la deportación 200.000 peones. La campaña azucarera y las necesidades agrícolas determinaron su ritmo.

Los dominicanos reclaman el derecho a la repatriación de los ilegales, a detener "la invasión negra", según la xenofobia, y Haití admite esas prerrogativas legales, pero reclama la ciudadanía dominicana para los hijos de padres haitianos nacidos en la vecina nación, el cumplimiento del artículo 11 de su Constitución. Santo Domingo considera que "están de paso", sin derecho al carné de identidad.

La mayoría de los jornaleros trabajan en la construcción, ingenios azucareros y fincas agrícolas. Los más pobres de Haití cruzan la frontera de un país que los rechaza argumentado que ya tiene bastantes y la seguridad social no da para todos. "Es una situación degradante para la nación haitiana", lamenta el analista Jean Robert Antoine. "Pero lo que debemos hacer es convertir la mejora de las condiciones de vida de los haitianos sobre la tierra de Haití en una preocupación constante, además de reclamar respeto para nuestros hermanos". Las deportaciones fueron frenadas la espera de los resultados obtenidos en ronda de negociaciones abierta por las Administraciones del izquierdista René Préval y del centrista Leonel Fernández.

Las reacciones en Haití han sido de indignación aunque moderadas en su planteamiento. "Cada haitiano expulsado es un voto en Dominicana", comentan fuentes diplomáticas. Una organización popular de la ciudad de Gonaïves, sin embargo, convocó "a la caza de los dominicanos", aproximadamente 20.000 en Haití. Los ultras atacaron a pedradas sus domicilios en esta ciudad y hostigaron, hasta conseguir su huida, a un grupo de prostitutas de aquella nacionalidad. Varias pupilas denunciaron que, al amparo de la bronca binacional, grupos de clientes no pagaron los servicios prestados.

Pierre Raymond Dumas, crítico con el Gobierno de Préval, escribe en Le Nouvelliste que los problemas migratorios haitianos constituyen un serio revés para la Dominicana "que avanza a grandes pasos por el camino de la modernidad, mientras nosotros continuamos batiendo todos los récords de miseria, inestabilidad, de autodestrucción, en resumen, de regresión". Las carencias son tantas y tan profundas, políticas, económicas, sociales, institucionales, judiciales, sanitarias, educativas o agrícolas, que probablemente sólo una ayuda internacional masiva podrán encarrilar su solución.

Un técnico español confesaba, por otra parte, el desánimo causado entre los cooperantes cuando las trabas locales retrasan la ejecución de varios proyectos esenciales para el desarrollo de esta nación fundada en 1804 por cimarrones negros: 7,6 millones de habitantes, el 75% en la pobreza o en la absoluta miseria.

La ocupación norteamericana de 1994 expulsó una dictadira militar y reinstaló en el país más hundido de América al exiliado padre Jean Bertrand Aristide, que ganó las elecciones de 1990. Un cuerpo de Policía Civil de la ONU, a punto de cumplir su mandato, adiestra a la policía local e impide, al menos, que los matones de las tiranías anteriores levanten cabeza. La democracia de Haití, no obstante, es frágil por ajena a su historia. Estados Unidos teme además que el naufragio del proceso empuje hacia las costas de Florida a nuevas oleadas de compatriotas del millón y medio de haitianos afincados en varias ciudades norteamericanas y canadienses.