Rigoberta Menchú denuncia por genocidio las dictaduras de Guatemala

Como "víctima, premio Nobel de la Paz y, sobre todo, mujer indígena", la guatemalteca Rigoberta Menchú presentó ayer una denuncia en la Audiencia Nacional de Madrid contra ocho personas, entre ellas el golpista José Efraín Ríos Montt, por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante las dictaduras en Guatemala. Menchú aseguró que hasta ahora no había hallado sino "negación de la justicia". Por eso ha venido a España. "Porque en algún rincón del mundo tiene que haber justicia".

"Creo en la justicia universal, creo que las víctimas hemos cargado nuestro dolor y tiene que haber justicia", declaró la premio Nobel momentos antes de entregar los archivos que contenían el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que cifró las víctimas habidas durante los 36 años de Gobiernos militares en Guatemala en 200.000 personas, el 93% de las cuales es atribuible a violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército y los paramilitares. "En este momento hemos visto el fortalecimiento de esa esperanza aquí y por eso acudimos a la Audiencia Nacional".La querella, según relató Menchú, se sustenta por tres casos "paradigmáticos e ilustrativos" que resumen todas y cada una de las características de genocidio, terrorismo y tortura. Estos casos son el asalto y la matanza cometida el 31 de enero de 1980 en la Embajada de España en Guatemala, ocupada por decenas de indígenas que protestaban por la represión y su paupérrima situación y durante la cual murieron 37 personas, entre ellas tres ciudadanos españoles -una de las víctimas fue el primer secretario de la embajada, Jaime Ruiz del Árbol- y el padre de Rigoberta Menchú.

Los otros dos casos que se detallan en la documentación presentada ayer son la persecución que sufrió la familia de la propia premio Nobel y la muerte de los sacerdotes españoles Faustino Villanueva, José María Cirera, Juan Alonzo Fernández y Carlos Pérez Alonzo durante las sucesivas dictaduras guatemaltecas. Además de perder a su padre, Vicente Menchú, dos hermanos de Rigoberta fueron asesinados y su madre fue secuestrada y torturada hasta la muerte.

En la denuncia presentada ayer se imputa de manera directa y explícita como responsables de los crímenes descritos al general Fernando Romeo Lucas García, presidente de Guatemala de 1978 a marzo de 1982, y a los ex jefes de Gobierno por golpe de Estado generales José Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía Víctores. También se acusa al ex ministro de Defensa general Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, al ex ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz, al ex jefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García y a los ex jefes policiales Germán Chupina Barahona y Pedro García Arredondo. Amnistía Internacional afirmó ayer a través de un comunicado que "los crímenes de lesa humanidad cometidos en Guatemala no pueden quedar impunes" y recordó que todos los Estados tienen la obligación de cooperar en la identificación, detención, extradición y castigo de los responsables de esos delitos.

La premio Nobel guatemalteca se presentó en la Audiencia Nacional acompañada del secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, y presentó su denuncia en el juzgado de guardia, que ayer correspondía al número 5, cuyo titular es Baltasar Garzón. El magistrado, que tramita otro proceso por genocidio, terrorismo y torturas contra el dictador chileno Augusto Pinochet y contra los jefes de las juntas militares argentinas, no se encontraba en el juzgado en el momento de la presentación de la denuncia, sino en otras dependencias de la Audiencia Nacional.

Fuentes jurídicas señalaron que Garzón no quiso estar presente, y la denuncia se presentó ante la secretaria judicial, con el fin de que no se interprete que admite cualquier denuncia por violaciones de derechos humanos en cualquier país. De esta forma se desmarca completamente del caso, ya que la denuncia fue remitida al juez decano, Carlos Dívar, para que se reparta entre los seis jueces centrales.

La denuncia, en cualquier caso, será remitida al fiscal para que informe sobre si la Audiencia Nacional es competente para enjuiciar los hechos y sobre si éstos constituyen los delitos que se mencionan: genocidio, terrorismo y torturas.