La Unión Europea prohíbe la fabricación de mordedores con PVC
El comité de urgencia creado para analizar la Directiva sobre Seguridad de Productos de la Unión Europea aprobó ayer por unanimidad la propuesta formulada el 10 de noviembre por la Comisión para que se dejen de fabricar chupetes, mordedores y tetinas destinados a niños menores de 3 años que contengan en su composición ftalatos (PVC), unas sustancias que proporcionan elasticidad y resistencia a los plásticos. La medida será efectiva en unos diez días, pero no afecta a los productos y juguetes de estas características que ahora mismo se hallen en el mercado.La Comisión ha adoptado esta medida cautelar al considerar que los ftalatos plantean "graves riesgos para la salud", ya que ciertas cantidades pueden ser ingeridas por los niños en cantidades peligrosas cuando chupan o muerden estos juguetes. Los ftalatos ocasionan problemas hepáticos, renales y testiculares.
El 26 de noviembre, la Comisión rechazó una advertencia formulada por su propio grupo de asesores científicos, quienes en el último momento dijeron que la prohibición era una medida precipitada.
Decisión criticada
Para los científicos, la conclusión de que hay riesgos para los niños, aunque fue decidida por la Comisión, responsable de la salud de los europeos, carece de fundamento. Los fabricantes españoles de PVC consideran que la prohibición responde a una decisión estrictamente política, según su portavoz, Jaume Mora.
Para el Ministerio de Sanidad y Consumo, la prohibición coincide con la propuesta española. Aun así, la delegación española ha solicitado que se refuercen los trabajos para acreditar un método de ensayo que mida el control de la migración de los ftalatos en todos los productos infantiles.
Greenpeace, que alerta desde 1997 sobre los peligros del PVC blando en juguetes, considera que se ha dado un paso importante, aunque censura la exclusión de los juguetes, pues también se los llevan los niños a la boca. La portavoz del PSOE en Medio Ambiente, Cristina Narbona, acusó al Gobierno español de intentar bloquear la decisión de la Comisión, en una "actitud incomprensible", ya que el Ejecutivo reclamó en 1998 medidas urgentes con relación al PVC.
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