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Juristas cuestionan la validez que puede tener la Ley de Protección de Testigos en Euskadi

Diversos juristas, entre los que se encuentra el magistrado del Tribunal Supremo y antiguo miembro de las audiencias de Bilbao y San Sebastián Joaquín Giménez, cuestionaron ayer la validez real de la Ley de Protección de Testigos en el País Vasco "dado que aquí nos conocemos todos y salvaguardar la identidad de los ertzainas en concreto es complicado".El problema surge cuando la defensa en un juicio quiere conocer quiénes son los testigos "y no se lo puedes negar", apostilló Ricardo Palacio, profesor de Derecho Penal en Deusto y participante junto a Giménez en las jornadas sobre Policía Judicial que se celebran en la Academia de la Ertzaintza en Arkaute.

Los juristas recordaron que la ley vigente, que data de 1994, nació precisamente tras un juicio en el que gran cantidad de agentes de la policía vasca tuvieron que declarar por la muerte del miembro de ETA José Manuel Ormazabal tras un tiroteo en el parque de Etxebarria de Bilbao. La proposición de ley apadrinada por el PNV finalmente se quedó coja "y se llegó hasta donde se pudo", indicaron. Los datos de un testigo que permite ofrecer la legislación son válidos "en Cádiz, si es guardia civil y se le traslada después a otra parte", subrayó Giménez, "pero con la policía vasca genera unas restricciones terribles derivadas del propio ámbito territorial" del actuación del cuerpo.

Números profesionales

En el caso de los agentes que declaran como testigos o imputados en un juicio, se puede encubrir su identidad a través de la fijación del domicilio en la comisaría o sustituir su nombre por el número profesional. Pero en el caso de la Ertzaintza tal medida "es ineficaz porque son quince promociones cuyos números constan en el Boletín Oficial y todos sabemos que hay personas de esta comunidad que tienen la costumbre de tener fichados estos datos", resaltó Giménez.

La solución pasa por crear una nueva identidad, "porque lo que es suficiente para otro cuerpo policial en este caso no vale". Los juristas consideran que hay que servirse de la actual ley para mantener la privacidad de estas personas. El cambio de número, marcado por Interior y del que se informa al juez a través de una pieza separada del sumario a la que no tienen acceso las partes, "es una de las soluciones más habituales", indicó Palacio.

Un sistema de mamparas en las vistas orales puede ser suficiente en la mayoría de los casos: "Todos estamos de acuerdo en que queremos una policía cercana al pueblo, pero este planteamiento tiene unos determinados riesgos en un sitio donde hay muchos ojos y muchas voces, y existen grandes posibilidades de coartar e intimidar al propio agente o a su familia", señaló el magistrado del Supremo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 1 de diciembre de 1999