El obispo de Córdoba dice que la ley de Cajas reduce la libertad social y fomenta una "cultura totalitaria"

El obispo de Córdoba, Javier Martínez, tomó ayer partido en el enconado enfrentamiento entre el Gobierno andaluz y la entidad cordobesa CajaSur por la ley de Cajas que el Parlamento autonómico aprobará casi con toda seguridad hoy. "Es un paso adelante en la reducción del espacio de libertad de la sociedad", dice la nota de Javier Martínez. El obispo tilda el proyecto legislativo de "injerencia del Estado" y asegura que "detrás de términos como democratización" hay una "politización estatalista que favorece una cultura totalitaria". La Junta replicó que esta expresión pertenece "a un tiempo pasado cuyas claves y conductas institucionales han sido felizmente esclarecidas por la historia".

La Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz respondió con celeridad a la "opinión estrictamente política" del obispo de Córdoba. En la nota, el Ejecutivo autonómico muestra su "respeto institucional" sobre la posición de Javier Martínez pero recuerda al obispo cordobés que las leyes emanadas del Paralamento "son el resultado de un proceso genuinamente democrático", y que "no puede aceptarse" que la ley de Cajas "sea un paso adelante en la reducción del espacio de libertad de la sociedad". En su nota, el obispo de Córdoba indica que "la Iglesia tienen algunos derechos en la caja y en su gobierno de los que no puede hace dejación" y relaciona la aprobación de la nueva norma autonómica con "la pretensión de un control [del Estado] cada día mayor sobre el conjunto de la vida social, y especialmente sobre los medios de comunicación, desde los cuales se imponen a la sociedad los criterios morales del poder".

La réplica del PSOE a las palabras del obispo de Córdoba también fue rápida. "Es una postura que no tiene justificación", dijo el vicesecratario de los socialistas andaluces, José Asenjo, quien rechazó las críticas de Martínez: "Nadie puede entender que la Iglesia diga que esto no es democrático". Asenjo, que ha sido el ponente del PSOE en la elaboración de la ley afirmó que "se está instrumentalizando a los cordobeses; les engañan diciendo que se van a llevar CajaSur de Córdoba, cuando saben que es mentira".

La norma autonómica que el Parlamento aprobará hoy introducirá numerosos cambios en la organización de CajaSur. Hasta ahora, la Iglesia católica, que fundó la entidad en 1878, nombraba al 35% de los miembros de la asamblea general de la caja de ahorros y a seis representantes en el Consejo de Administración, entre los que se elige al presidente: desde hace 26 años el sacerdote Miguel Castillejo desempeña ese cargo. A partir de la aprobación de la ley, la Iglesia, como otras entidades fundadoras, sólo podrá elegir al 9% de los miembros de los órganos de gobierno, que decidirán por mayoría simple quien será el presidente.

Enmiendas cambiantes

Aunque el acuerdo entre socialistas y andalucistas garantiza la aprobación de la ley, el texto llega a su último votación en el Parlamento andaluz con algunos cabos sin atar, fuera de la polémica sobre la situación de CajaSur. IU duda aún sobre cuál debe ser el límite de mandatos de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro; hace dos semanas, se abstuvo ante la enmienda socialista que pretendía dejar el límite en ocho años, lo que dejaría fuera de su cargo a los presidentes de todas las entidades andaluzas menos Julio Rodríguez, de La General. Ahora, el portavoz parlamentario de Economía de IU, Francisco Ríos, admite que estudian si "es aconsejable" respetar una prórroga de cuatro años "para evitar la inestabilidad". Sería el último de los sucesivos cambios de posición, a veces extremos, que se han registrado en el debate de esta ley:

Límite a los mandatos. Las dudas de IU no son exclusivas de este partido. El primer texto acordado por los socialistas y los andalucistas preveía que los máximos responsables disfrutaría de una prórroga adicional de cuatro años sobre el límite habitual de dos mandatos (ocho años). En su enmienda a la totalidad del texto, el PP abogaba por suprimir esta prórroga. Luego, los socialistas anunciaron una enmienda en el mismo sentido, pero los populares retiraron su enmienda y ahora están a favor de la prórroga.

Participación de la Junta. El texto original -"acordado letra por letra y coma por coma", con el PA, según la consejera de Economía, Magdalena Álvarez-, reservaba para la Junta una representación del 21% en los órganos de gobierno de las cajas: el 10,5% lo elegía el Ejecutivo y el otro 10,5% el Parlamento autonómico. "El sistema mixto de representación es inalterable", llegó a decir el portavoz parlamentario del PA, Pedro Pacheco. Finalmente, el PSOE recogió las propuestas de PP e IU y todos los representantes de la Junta serán elegidos por la Cámara.

Instituto Andaluz de Finanzas. La consejera de Economía defendió con ardor la inclusión de este nuevo organismo público con amplias competencias en la supervisión de la actividad financiera. IU bregó desde el principio por su exclusión del texto y el PSOE terminó retirándolo, aunque ahora lo creará en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos. "Nos han hecho trampa", se quejó Ríos.

El cambio de la CEA. Lo que empezaron siendo tibios apoyos del presidente de la patronal, Rafael Álvarez Colunga, acabaron en acusaciones de "intervencionismo" e "inconstitucionalidad" a un texto, que según los empresarios, convierte las cajas en "empresas públicas".