De la 'Moribunda' al 'Muchachito'

El presidente venezolano, Hugo Chávez, la llama cariñosamente El Muchachito. Los críticos de la nueva Constitución venezolana, cuya redacción final fue aprobada en la noche del jueves por la Asamblea Constituyente, son algo más sarcásticos; para ellos es La Nueva Moribunda. La anterior (la Constitución de 1961), ya fallecida políticamente en espera del referédum popular del 15 de diciembre, fue enterrada por el chavismo, aupado al poder a través de las urnas, en diciembre de 1998, tras 40 años de bipartidismo y, según denuncian sus seguidores, de saqueo de las arcas del Estado. La nueva Carta Magna es una amalgama de buenas intenciones, a veces progresistas, otras conservadoras, pero casi siempre contradictorias, desarrolladas en 395 artículos."La crisis de un país se presenta cuando algo está muriendo y no termina de morir y, al mismo tiempo, cuando algo está naciendo y no termina de nacer". Son declaraciones de Chávez al diario argentino La Nación, publicadas el 16 de noviembre de 1999. Esa crisis quedó solucionada el jueves, cuando la Asamblea Nacional Constituyente -elegida el 25 de julio de 1999- alumbró tras semanas de trabajo acelerado el texto de lo que posiblemente sea la Carta Magna más larga, articulada y enrevesada del mundo.

El lirismo del que suele hacer gala Chávez en sus discursos impregna la nueva Constitución desde el primer párrafo: "El pueblo de Venezuela, inspirado por los poderes creadores y por los grandes sentimientos de amor necesarios para emprender todo proceso de cambio, representado por la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y guiado por la doctrina y acción de Simón Bolívar, el Libertador...". En el larguísimo preámbulo, que sigue enumerando intenciones, se reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas (a cuyos descendientes se otorga en el articulado posterior derechos y obligaciones, como a todo ciudadano, y se les reconoce como pueblo). También se define que el sistema político de Venezuela es "una democracia social, participativa y protagónica [palabra no admitida en el diccionario de la lengua]".

El artículo 10, dentro del título II, es una polémica declaración, que afecta a las fronteras internacionalmente reconocidas: "El espacio geográfico de la República es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las determinaciones y modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad". Esta última frase es una clara referencia a Guyana ex británica -rica en mi-nerales-, sobre la que Venezuela reclama la soberanía de sus 2/3 partes (159.000 kilómetros cuadrados). Ésta es una reivindicación histórica, de gran calado popular, que Chávez se ha comprometido a resolver por medios pacíficos a través de la ONU.

La Constitución es progresista en lo referente a la defensa y protección de los derechos humanos (Capítulo II, De los derechos individuales): prohíbe expresamente la pena de muerte; la cadena perpetua o cualquier otra "pena infame"; prohíbe asimismo a las autoridades del país "permitir o tolerar la desaparición forzada de personas" y el empleo de la tortura en cualesquiera de sus formas.

La Constitución chavista declara que los delitos de lesa humanidad no prescriben ni son amnistiables, en línea con los tratados internacionales y la doctrina aprobada tras la II Guerra Mundial, y que ha llevado al ex dictador chileno Augusto Pinochet a perder su libertad, en espera de la conclusión del proceso de extradición a España. El mensaje es: no existe impunidad alguna para estos delitos. El articulado venezolano, a diferencia de otros, va más lejos: "El Estado está obligado a investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades".

La misma Constitución es, en cambio, conservadora en lo referente a la familia (aunque reconoce el derecho de los hijos naturales y equipara el matrimonio a las uniones de hecho) y de forma clara es conservadora en la cuestión del aborto. En una concesión a la Iglesia católica local, los constituyentes han aprobado: "El derecho a la vida es, desde el momento de la concepción, inviolable". En un borrador anterior, ya olvidado, se otorgaba ese derecho a la vida tan sólo a los nacidos, y no desde la concepción. Este cambio cierra, según diversas organizaciones feministas, la futura regulación del aborto. En la actualidad está permitido el terapéutico, y en casos muy limitados.

Pero los aspectos más criticados de la Carta Magna, además de los artículos referidos a la libertad de información, son aquellos que regulan hasta el detalle la vida económica del país y los que establecen la base de una democracia plebiscitaria (capacidad de destituir cargos electos por consulta popular) que, según los opositores y desafectos del chavismo, facilita el nacimiento de un Gobierno autoritario. El recorte de funciones del Legislativo (una Cámara de 160 diputados) y del Judicial (un Supremo con cinco salas), en detrimento de los nuevos poderes (el Ciudadano y el Electoral), preocupa a los partidos tradicionales (Acción Democrática, socialdemócrata, y Copei, democristiano), descabalgados del futuro inmediato.

La excesiva puntillosidad en el capítulo referido a las cuestiones sociales y económicas es, a juicio de los empresarios venezolanos, un grave error, pues, a su criterio, "crea un corsé" legal que dificulta cualquier cambio, según recoge la prensa venezolana.

La Carta Magna dice: "Toda persona tiene derecho al trabajo (...). El Estado promoverá, de conformidad a la ley, todas las acciones necesarias y apropiadas para garantizar el pleno empleo..." (Capítulo V, Derechos sociales). El artículo 45 es de los más intervencionistas: "La jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias ni de 44 horas semanales"; también regula la jornada nocturna. Se prohíben las horas extraordianrias obligatorias y se garantiza un salario mínimo a todos los trabajadores.

La patronal venezolana, agrupada en Fedecámaras, ha calculado que esta reducción, por ley constitucional, de la semana laboral, representará el 10% del Producto Interior Bruto (PIB). Este dato, unido a que la nueva Constitución garantiza el derecho a la sanidad universal y a la educación, provoca perplejidad a los economistas. A Fedecámaras no le salen ninguna de sus cuentas: la Constitución garantiza un incremento del gasto público en un país sumido en una recesión y sin capacidad de maniobra a medio plazo. La cifras son inapelables: la caída del PIB en los tres primeros trimestres de 1999 supera el 9%, la inflación tiene dos dígitos y el desempleo oficioso alcanza el 22%. No hay dinero para cumplir con una Carta Magna que muchos tildan de simple oferta electoral. ¿Y después de las elecciones qué?