Una de cada tres familias que cobra el "salario social" no puede cubrir sus necesidades básicas

El Plan de Lucha contra la Pobreza recibió el rango de ley el año pasado. Desde entonces, cualquier ciudadano sin recursos empadronado en el País Vasco tiene derecho por ley a recibir una ayuda económica, del mismo modo que se garantiza su acceso a la sanidad o a la educación. Sin embargo, un estudio realizado por el Gobierno vasco revela la urgencia de actualizar el plan a las necesidades reales: una de cada tres familias beneficiarias de las ayudas procedentes del Ejecutivo y los ayuntamientos no puede cubrir sus necesidades básicas de vivienda y alimentación.

El Departamento de Trabajo, Justicia y Seguridad Social ha realizado varios trabajos para obtener una radiografía de la falta de recursos en Euskadi y comprobar los flancos más débiles de su Plan de Lucha contra la Pobreza, es decir, cuáles son las necesidades que no alcanzan a cubrir los servicios sociales de las instituciones vascas y qué tipo de personas rehúsan las prestaciones.Los colectivos con mayor riesgo de marginación y exclusión en el País Vasco están formados en la actualidad por los inmigrantes indocumentados (entre 10.000 y 15.000 personas), transeúntes y sin techo (entre 3.500 y 4.500 personas, aunque es un grupo formado por unos 1.500 los que constituyen el principal núcleo de marginación). A estos grupos se podría añadir otro colectivo muy similar integrado por jóvenes drogadictos o ex toxicómanos con problemas graves para buscar un trabajo (entre 3.000 y 5.000 individuos).

Inmigrantes

Según el estudio, para los inmigrantes irregulares no existe una política específica de servicios sociales. Están excluidos parcialmente de los servicios sanitarios de atención primaria y les falta asesoramiento para la tramitación de su documentación. En el caso de los sin techo, los informes aprecian una falta de coordinación entre los diversos servicios sociales, no hay una perspectiva de inserción integral, se da una incapacidad de constituir servicios sociales de referencia para este colectivo y existe un déficit de personal cualificado para atenderle. Para los jóvenes drogadictos o para los que están intentado reinsertarse no hay ofertas formativas y ocupacionales y los servicios de drogodependencias no se adaptan a la realidad cambiante de las toxicomanías.

Éstos son tres ejemplos -los más apremiantes de solución- de cómo tiene que cambiar el sistema para dar cobijo a todos los desfavorecidos. El informe revela que existen otros colectivos con un importante riesgo de caer en la marginación, como los menores de edad con familias desestructuradas (entre 4.000 y 6.000 personas), los parados de muy larga duración (entre 15.000 y 20.000) y las prostitutas (entre 2.500 y 3.000).

Ante esta realidad cambiante, el departamento constata el "desfase" que en los últimos tiempos han conocido las prestaciones del Plan de Pobreza, fundamentalmente el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) y las Ayudas de Emergencia Social. Este plan, promovido por el Gobierno del ex lehendakari José Antonio Ardanza en 1989, supuso la implantación del salario social (actualmente fijado en 46.000 pesetas) para familias carentes de recursos. "Una de cada tres familias beneficiarias de las prestaciones del IMI o las AES no cubre con la cuantía que percibe sus necesidades mínimas de vivienda y manutención", describe el trabajo elaborado por el departamento.

Este panorama llevó al consejero de Trabajo, Sabin Intxaurraga, a abogar por flexibilizar varios aspectos del Plan contra la Pobreza, desde aliviar el trabajo burocrático de los trabajadores sociales cuando tienen que enfrentarse a la avalancha de expedientes pidiendo ayudas hasta conseguir incorporar a los sin techo y toxicómanos a estos programas. "No me doy por vencido", dijo Intxaurraga. "No hay nadie irrecuperable".

Otro de los aspectos estudiados es el de los barrios con las situaciones de exclusión más graves, como son los casos de San Francisco, Bilbao la Vieja y Otxarkoaga (Bilbao); Trintxerpe y Pasajes Ancho, en Pasajes; Simón Drogas, en Sestao, y Arriagas, en Erandio.

Los informes analizan también la problemática de los jóvenes vascos con deseos de independizarse y que no lo pueden hacer por falta de dinero. Cerca de 40.000 personas sufren este problema en Euskadi. Su perfil responde al de jóvenes entre 25 y 34 años, hombres, solteros y mantenidos por sus padres.