El fiscal pide nueve años de cárcel para los tres directivos de Rontealde por el escape tóxico de 1994

Cinco años después del escape tóxico en Barakaldo de la empresa Rontealde, que causó la muerte a un vecino, el fiscal ha formulado sus acusaciones. Pide tres años de cárcel y siete años de inhabilitación para cada uno los tres máximos responsables técnicos de la planta química: el director y los jefes de producción y mantenimiento. El Ministerio Público solicita además una indemnización de ocho millones para la familia del fallecido. Ahora las acusaciones y la defensa deberán formular sus calificaciones y el juicio podría celebrarse en el segundo trimestre de 2000.

Han pasado casi dos años desde que un juez de Barakaldo procesase a los tres directivos (el director de la planta, José Elizalde; el jefe de Producción, Koldo Iturrarte, y el jefe de Mantenimiento, Mariano Ruiz) y un año de la confirmación del auto por la Audiencia de Bilbao en lo que fue la primera acusación por un delito ecológico con resultado de muerte.El fiscal parte de las diligencias que establecieron cómo aquel 21 de octubre de 1994 se produjeron emanaciones de dióxido de azufre 12 veces superiores a los límites legales y la comisión por parte de Rontealde de múltiples irregularidades: la operación de puesta en marcha de la producción se hizo sin tener en cuenta las condiciones climáticas, el sensor no cumplía las prescripciones técnicas y no hubo consulta previa al Departamento de Medio Ambiente. Además se estimó una relación directa entre las emanaciones tóxicas y la muerte del vecino de Barakaldo Jesús Artiagagoitia, de 70 años.

En su escrito, la fiscalía entiende que hubo un delito contra el medio ambiente, junto a otro de homicidio imprudente y varios de lesiones a la veintena de personas que sufrió problemas respiratorios. Las penas que pide totalizan para cada uno de los procesados 3 años de cárcel, 7 de inhabilitación y 16 arrestos de fin de semana. Además deberán pagar una indemnización conjunta de 8 millones. El director de la planta está acusado de ser "la persona que verificó el proceso de arranque y el que tenía el control de la operación probablemente defectuosa"; el jefe de Producción dio "la orden de que se proceda al arranque de la planta sin preaviso que provoca la emisión en cantidades superiores a las legalmente establecidas", mientras que al jefe de Mantenimiento "le correspondía el control y cuidado del sensor".

La plataforma ecologista Erreka, una de las partes personadas en la causa junto al Ayuntamiento de Barakaldo, HB y la familia del fallecido, mostró ayer su satisfacción por la petición fiscal, aunque lamentó que no incluya al consejero delegado de Rontealde, procesado por el juez, pero no incriminado por la Audiencia. La acusación de los ecologistas elevará su petición de prisión. Los tres directivos de Rontealde se beneficiarán del cambio de Código Penal -cuando ocurrió el escape estaba vigente el anterior- pues el delito ecológico con resultado de muerte establecía penas de entre 12 y 20 años de cárcel. El actual Código desgaja ambos delitos: el medioambiental está penado con de seis meses a cuatro años, y el homicidio imprudente, de uno a cuatro años. El fiscal ha optado por la calificación por el delito más grave, el homicidio, pero con una petición de tres años.

Erreka cree que la condena debería subir "al existir agravantes como no incumplir las órdenes de la Administración u obstaculizar la inspección".