ADN

El alcalde de Algete pidió a los jóvenes de la localidad (unos 5.000) que se sometieran voluntariamente a la prueba del ADN para demostrar su inocencia y facilitar así la identificación del asesino de Eva Blanco, que lleva años sin descubrirse. La buena intención del alcalde y de quienes comparten su idea es indiscutible, promovida por una investigación que no acaba de ver la luz, por la piedad hacia la familia de Eva Blanco que estará sumida en la desesperación y basada en los sentimientos de solidaridad que se dan por seguros en todas las colectividades, incluida la de Algete. Pero no se puede descartar que el bando dictado por el alcalde haya situado a toda la población joven de Algete bajo sospecha.Una vez dictado, los jóvenes no tienen obligación alguna de someterse a la prueba del ADN -es voluntaria, efectivamente- mas nadie podría culpar a los familiares y amigos de Eva Blanco si recelaran de algunos de los muchachos de su entorno que se hubieran negado a someterse a esa prueba. Cargarían aquí, entonces, unos casos de conciencia, contradictorios con los derechos de las personas, que son innecesarios e injustos.

En una tertulia radiofónica en la que se planteó esta cuestión, se produjo la opinión contraria: la mayoría de los contertulios se manifestaba a favor de la prueba, fundada en razones de solidaridad. Y la justificaban con un razonamiento elemental: "Quien no tenga nada que ocultar no tiene nada que temer".

Es precisamente el argumento que se esgrimió para justificar la patada en la puerta que quiso legalizar el ministro Corcuera, mediante la que los cuerpos de seguridad del Estado podrían entrar en cualquier domicilio y efectuar registros sin mandamiento judicial ni previo aviso: el que no tuviera nada que ocultar, no tendrá nada que temer. Subyacen también en ese argumento las quejas de la policía por los teléfonos móviles de número secreto, que quieren sean públicos pues algunos narcotraficantes los utilizan para ocultar sus contactos delictivos.

Una parte de la sociedad está olvidando los derechos fundamentales de los ciudadanos que tuvimos secuestrados durante la Dictadura y nos fueron devueltos con la Democracia. Los derechos -por lo que se ve- acaban siendo temporales e interpretativos, siempre en función de otro bien como pueden ser la solidaridad, la tolerancia o la persecución del delito.

A veces estos no son nobles fines sino astutas coartadas. Ocurre con los datos informáticos, que ciertas empresas, incluso organismos del Estado, usan, negocian, venden, cruzan; y que recabaron en virtud de una información sobre los usuarios que consideraban indispensable para facilitarles una prestación. Todos recibimos por los buzones de nuestros domicilios ofertas publicitarias con una serie de datos sobre nuestra filiación, gustos y necesidades que o han salido de algún cruce de ficheros informáticos o no se explica.

Imagínese qué ocurriría si la petición del alcalde de Algete prendiera como precedente y cada vez que en nuestra ciudad o en nuestro barrio se produjera un delito de difícil solución se nos propusiera a los ciudadanos someternos a la prueba del ADN para demostrar nuestra inocencia. Imagínese que, hecha la prueba, los departamentos policiales -y quién sabe quiénes, además de ellos- dispusieran libremente, además del detalle de nuestra estructura genética, de nuestros datos informáticos, de nuestros números telefónicos sin excepción y además pudieran entrar en nuestras casas y registrarlas sin autorización ni previo aviso.

En el caso de Algete se duda de que el asesino de Eva Blanco vaya a someterse a la prueba del ADN, por razones obvias. El alcalde está en ello. Pero dice que si lo hace algún familiar se obtendría una pista segura ya que daría el mismo ácido desoxirribonucleico (ADN) del asesino, pues dicho ácido duplica los cromosomas y es la base de la herencia.

No sé yo... Un lío de mucho cuidado podría armar esta prueba voluntaria de ADN de 5.000 jóvenes, todos inocentes (menos uno, quizá) y parte de ellos unidos por razones de parentesco.