VERTIDO TÓXICO Por un corredor verde de consenso

En el Seminario Internacional celebrado a principios de junio en Sevilla sobre Corredores Ecológicos y Restauración de Ríos y Riberas, en el que participaron prestigiosos expertos en conservación y gestión de corredores ecológicos y representantes de diversos sectores sociales, se llegó a una conclusión clara: "Las actuaciones medioambientales no pueden realizarse sin la implicación de las poblaciones afectadas".Esta condición fue expuesta en primer lugar por el representante de la Oficina de Corredores Fluviales de los Estados Unidos, Douglas Norton, quien afirmó que "el primer motivo de fracaso de los corredores en EE UU se ha producido por no consensuar las actuaciones con la comunidad científica y local", y fue suscrita por muchos de los científicos presentes, entre ellos por el representante del Fondo Mundial para la Naturaleza, Guido Smidt, que criticó "la falta de participación local en el corredor verde del Guadiamar", lo que, a su juicio, resultará "muy perjudicial para el proyecto". Esta condición está recogida también en el documento de conclusiones de la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992) en la que los jefes de Estado y de Gobierno de más de 150 países confirmaron que "la participación de las poblaciones de la zona es crucial para lograr un adecuado desarrollo medioambiental".

Ésta ha sido además la tesis que ha mantenido Asaja-Sevilla desde que se planteó la opción de crear un corredor verde en la vega del río Guadiamar, por lo que desde esta asociación agraria queremos aclarar algunos datos e inexactitudes aparecidos en una tribuna publicada en este diario el pasado 1 de septiembre.

En primer lugar, cuando se habla del vertido de Aznalcóllar se omite que fueron los agricultores afectados, concretamente los arroceros, los que con su propia maquinaria contribuyeron a evitar que la marea tóxica invadiera el Coto de Doñana. Se omite también que ha sido Asaja-Sevilla la única organización que, ante la desidia de la Junta de Andalucía, y utilizando un método riguroso, trabajó durante tres meses en la zona afectada en la que tomó 6.000 muestras de tierra y lodo para su análisis. Del mismo modo se obvia que fueron Asaja-Sevilla y los agricultores quienes como medida preventiva organizaron la recolección de la fruta de la zona afectada para su posterior destrucción.

Asimismo, Asaja-Sevilla trabaja en la elaboración de un plan de recuperación de la cuenca del Guadiamar. Este plan incluye la creación de una fundación, avalada por la DG XI (Dirección General de Medio Ambiente) de la Comisión Europea, para garantizar la conversación del corredor durante los próximos 20 años.

En definitiva, debe quedar muy claro que Asaja ni se opone ahora, ni se ha opuesto nunca a la construcción del corredor. Lo que Asaja rechaza es que la expropiación de las tierras agrícolas de la vega del Guadiamar sea la única fórmula para crearlo. Un corredor verde, al igual que cualquier otro espacio natural protegido, puede ser de titularidad privada, para ello tan sólo es necesario que se llegue a un acuerdo con los propietarios de la tierra, una opción mucho más lógica y económica que la de la expropiación. De hecho, el 17% de la superficie de Andalucía está constituida por espacios protegidos, y éstos son prácticamente en su totalidad de propiedad privada, lo que demuestra que la gestión privada no está reñida con la conservación.

Por otra parte, está más que demostrado que resulta contradictorio hablar del corredor verde en términos de riqueza y empleo. La sustitución de miles de hectáreas de competitivos cultivos por masas forestales provocarán una merma en las rentas de la zona y la pérdida de 73.660 peonadas al año, según fuentes del propio Inem. Hecho que, sin duda, debe ser compensado.

Es igualmente falso que el vertido haya dificultado la comercialización de los productos andaluces. Como pruebas las estadísticas de la propia Junta, las exportaciones de frutas y hortalizas se incrementaron notablemente la campaña pasada.

Por último, es también falso afirmar que el TSJA o cualquier otro tribunal hayan rechazado algún recurso sobre la constitucionalidad del decreto, puesta hasta ahora no se ha interpuesto ningún recurso de este tipo, a pesar de que reconocidos constitucionalistas, entre ellos don Javier Pérez Royo, tienen serias dudas sobre su constitucionalidad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA se ha limitado a rechazar un recurso contencioso por la vía de Derechos Fundamentales, por entender que no era la vía correcta, y sólo por ese motivo. Por lo que insinuar que el Tribunal Superior de Justicia ha considerado constitucional la expropiación no es sino mera falta de rigor.

Desde Asaja-Sevilla instamos una vez más a la Consejería de Medio Ambiente y al Ejecutivo andaluz para que intenten encontrar una solución satisfactoria a través del diálogo. Una solución que permita la integración y la plena convivencia de los agricultores del Guadiamar, los habitantes de las poblaciones ribereñas y el corredor.

MIGUEL AFÁN DE RIBERA YBARRA

Miguel Afán de Ribera Ybarra es secretario general de Asaja-Sevilla.