El Gobierno de Aznar sostiene que el auto es "un factor de distorsión"

El Gobierno, por boca de su secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando Villalonga, expresó ayer, con una rotundidad poco habitual, su malestar por la última iniciativa legal del magistrado Baltasar Garzón contra los militares argentinos acusados de genocidio. La orden de busca y captura emitida por el juez supone "una factor de distorsión" para la Cumbre Iberoamericana de La Habana, declaró Villalonga a la agencia Efe, aunque consideró "casual" que esta última decisión, como la que tomó hace un año al ordenar la detención del ex general Augusto Pinochet, coincidan con cumbres iberoamericanas.Para el secretario de Estado, la decisión de Garzón, "desde el punto de vista político es bastante dañina para la imagen de España en Iberoamérica". Las declaraciones de Villalonga, realizadas en la Embajada de Bolivia tras recibir una condecoración del Gobierno del general Hugo Bánzer, contrastaron con las realizadas por su ministro, Abel Matutes, que, en los pasillos del Senado, rechazó comentar la orden de Garzón. Matutes se limitó a decir que la orden del magistrado español "probablemente no será bien recibida en Argentina", donde se aprobó una ley de punto final. Por su parte, el ministro portavoz del Gobierno, José Piqué, dijo que el Ejecutivo tramitará, en caso de que se le presenten, cualquier solicitud de extradición, "como ha hecho en otros casos". La ministra de Justicia, Margarita Mariscal, subrayó, como Matutes, el respeto del Gobierno por las decisiones judiciales y su costumbre de no comentarlas.

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, reiteró ayer que el ministerio público ya entendió hace cuatro años que los tribunales españoles "no eran competentes para el conocimiento de estos hechos". Por ello, la fiscalía se mantendrá "por coherencia en la misma línea".

Por otra parte, Garzón declaró ayer que "no basta decir que en España se cumplen los derechos humanos". El magistrado de la Audiencia Nacional pidió, durante una conferencia pronunciada en Girona, que España tenga una actitud más avanzada y beligerante respecto a la puesta en marcha del Tribunal Penal Internacional (TPI). El juez recordó que España todavía no se ha pronunciado respecto a este estatuto internacional, que tendría jurisdicción sobre los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, y que hasta el momento sólo ha sido ratificado por cinco Estados.

Garzón opina que la reserva española se debe a que la ratificación exigiría modificaciones constitucionales.