"La Unión debe mejorar la protección de los inmigrantes"

Gil Carlos Rodríguez Iglesias (Gijón, 1946), presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), con sede en Luxemburgo, inicia hoy una visita oficial a España encabezando al pleno de los magistrados, en la que éstos debatirán con el Supremo y el Constitucional asuntos de interés común. El máximo responsable de que la Unión Europea (UE) sea un espacio jurídico común en cuanto a las leyes que ya son comunes, propugna ampliar los derechos de los residentes/inmigrantes procedentes de terceros países en la Unión, reclama a los 15 Gobiernos una reforma que permita acelerar los procesos y considera que la crisis que acabó con la Comisión de Santer plantea la "exigencia de una responsabilidad más rigurosa" a todas las instituciones. Jurista preciso y prudente, contesta a las preguntas más políticas "a título personal".Pregunta. Usted siempre fue partidario de una Constitución Europea. ¿La ve ahora más cerca o más lejos que hace cinco años?

Respuesta. Lamentablemente, no soy muy optimista. No parece que haya mucho consenso para avanzar. Sigo pensando que es deseable. Pero cada vez que alguien propone algo similar a un proceso constituyente europeo se levantan muchas voces en contra. La prueba son las dispares reacciones al reciente informe de los sabios encabezados por Jean-Luc Dehaene.

P. Aumentan los partidarios de una Carta Europea de Derechos Fundamentales.

R.Pero hay que esperar a ver cómo se concreta. Hay muchas concepciones sobre esa constitucionalización. Me parece que late más bien la idea de realizar un acto cargado de simbolismo político que de responder a una insuficiencia de protección de los derechos de los ciudadanos. Para que fuera algo tangible habría que conseguir una clara definición de esos derechos y una protección de los mismos adicional a la actual.

P. No parece entusiasta.

R. Desde un punto de vista pragmático, no percibo en la sociedad europea una deficiencia de protección de los derechos fundamentales, pero todo es mejorable.

P. A esa idea se le añade la de redactar un Estatuto del Residente, que homogenice en toda Europa los derechos de los inmigrantes procedentes de terceros países.

R. Ése sí es un sector donde cabe mejorar la protección de los derechos. La Unión tiene necesidad de mejorar los derechos de los residentes, en el contexto de la progresiva unificación europea.

P. Aumentarían las competencias del tribunal.

R. Acabo de reunirme con el ministro finlandés. Su idea es que la función de protección de esos derechos se concentre en los tribunales nacionales. Pero en la medida en que el TJCE tendrá instrumentos de interpretación, a través de su competencia prejudicial, sí repercutiría, porque se trata de una extensión del campo de aplicación del derecho comunitario.

P. ¿Está satisfecho del equilibrio entre libertades y seguridad alcanzado en la cumbre de Tampere? ¿O hay una deriva obsesiva hacia la seguridad?

R. Estamos ante un proceso en gestación. Es verdad que existe el peligro de que la unificación en la política sobre estos asuntos conduzca a un énfasis excesivo sobre los aspectos de seguridad, en detrimento de las libertades individuales. Pero en esto sí que soy optimista, porque la sociedad europea y muchas fuerzas políticas están velando porque no se produzca esa deriva excesiva hacia el aspecto de la seguridad.

P. Han presentado al Consejo propuestas para encajar el nuevo Tratado de Amsterdam.

R. Su espíritu es dar al Tribunal mayor flexibilidad para adaptarse a los casos que debe resolver, respetando las garantías procesales. Queremos tratar más rápido los casos urgentes, más sencillamente los asuntos que no plantean grandes problemas y concentrarnos en los más importantes.

P. Para ello plantean varias medidas.

R. Yo destacaría la creación del procedimiento acelerado, de manera que, en circunstancias de excepcional urgencia, el TJCE decida rápido una cuestión prejudicial . Para algunos, esto es chocante, porque llegaría hasta la supresión de la fase escrita para concentrarse en la fase oral. Las cuestiones prejudiciales constituyen la mayoría de los procedimientos, por eso lo que más nos preocupa es su duración, que se añade a la de los tribunales nacionales. Otra propuesta es la decidir por auto asuntos que son resolubles en base a la jurisprudencia existente, que son muy repetitivos o muy claros.

P. Para realizar estos cambios necesitan el acuerdo del Consejo.

R. Han tenido una acogida favorable. Ahora los evalúa un grupo de expertos. Espero que obtendrán luz verde en general durante la presidencia portuguesa . Algunos Gobiernos tienen dudas sobre la conveniencia del procedimiento acelerado, consideran indispensable la fase escrita. Espero poder convencerles.

P. Con la ampliación, la UE tendrá 18, 20 o 25 miembros. ¿Y el Tribunal?

R. Lo veo como ahora. A diferencia de otras instituciones, el TJCE trata de seguir siendo lo que es. La Conferencia Intergubernamental (CIG) posiblemente tenga un temario limitado, porque si empieza en el 2000 y acaba el mismo año, difícilmente puede ser exhaustiva. En ese caso, hemos propuesto que se modifiquen las condiciones para la modificación del reglamento: nosotros querríamos ser autónomos, pero subsidiariamente pedimos que al menos se suprima la exigencia de unanimidad para modificar los procedimientos. Casi todos creen que la unanimidad es desproporcionada.

P. ¿Teme que algún Gobierno aproveche la CIG para intentar cortar las alas del Tribunal, al ser la institución que garantiza jurídicamente el camino europeísta?

R. No lo excluyo, pero no parece probable, pues no detecto elementos que hagan presagiar ese peligro. En la CIG anterior sí hubo una serie de propuestas, procedentes sobre todo del Reino Unido, en fase de euroescepticismo agudo, que cuestionaban elementos del acervo judicial comunitario, y una idea alemana tendente a limitar las cuestiones prejudiciales.

P. ¿Qué conclusiones extrae de la crisis institucional que desembocó en la dimisión de la Comisión de Santer?

R. La crisis se precipitó por un cúmulo de circunstancias desafortunadas, y dio una imagen de desorden institucional que quizá no correspondía plenamente a la realidad. Dicho esto, su desenlace supone la afirmación de la exigencia de una responsabilidad más rigurosa a todas las instituciones comunitarias.

P. Al empezar su primer mandato, en 1995, usted se proponía aumentar la productividad del Tribunal, pero la duración de los procesos sigue siendo casi la misma, unos veinte meses.

R. No hemos mejorado mucho. Por un lado, estamos muy preocupados por la duración de los procedimientos; por otro, satisfechos de que no haya empeorado. Sí ha mejorado el número de asuntos que resolvemos: en 1994 fueron 292, y en 1998, 420. Pero también ha aumentado el número de asuntos presentados, de 351 en 1994, a 485 en 1998. Resolvemos más asuntos, aunque no pueda ser más rápidamente. Al aumentar los asuntos que llegan y agravarse los problemas de traducción, haber conseguido que la situación no se deteriore es un logro, pero esa satisfacción no disminuye la preocupación por la duración de los procesos.

P. ¿Cuándo dictarán sentencia sobre los casos de las vacaciones fiscales vascas y del ex comisario Martin Bangemann?

R. El primero ya está en fase de deliberación, tras las conclusiones del abogado general; el segundo, en fase de procedimiento escrito.

P. Son casos importantes para España. El presidente tiene la facultad de decretar su urgencia.

R.Que yo recuerde, nadie ha solicitado una urgencia especial.