El Parlamento de Brasil destapa una red criminal que implica a políticos y jueces

La Comisión de Investigación del Narcotráfico del Parlamento de Brasil ha descubierto la mayor organización criminal conocida en el país, denoninada Sindicato del Crimen, en la que están presuntamente involucradas 150 personas de 16 Estados para las que el Parlamento prepara órdenes de detención. Se calcula que la red supera a la descubierta en Italia por los jueces de Manos Limpias. Esa red criminal, responsable de tráfico de drogas, de contrabando de armas, de lavado de dinero negro y de organizar escuadrones de la muerte, implica a parlamentarios federales y estatales, a empresarios, jueces, alcaldes, policías militares, presos comunes y hasta expresidentes de clubes de fútbol.

La Comisión Parlamentaria del Narcotráfico ha conseguido poner las manos en este Sindicato del Crimen tras haber despojado de su escaño, en septiembre pasado, al diputado federal de la derecha Hildebrando Pascoal, excoronel de la policía militar, acusado, entre otras cosas, de haber participado en la creación de escuadrones de la muerte. Por primera vez, en aquella ocasión, casi el Parlamento en pleno votó a favor de que el diputado perdiera su inmunidad para poder así juzgarle y encarcelarle.Con Hildebrando fueron detenidas entonces otras 61 personas que formaban parte de su clan criminal. Y tirando de esta madeja el Parlamento ha podido descubrir que la cosa no acababa en el diputado de marras, sino que se extiende a más de la mitad de los Estados de Brasil.

Las 150 personas para quienes el Parlamento pedirá la cárcel los próximos días -según informó ayer el diario O Globo, que acaba de recibir el Premio Rey de España precisamente por haber revelado la trama del clan criminal del diputado Hildebrando que permitió al Parlamento investigarle- pertenecen a 16 Estados del país. El presidente de la comisión del Parlamento que lleva el caso, Magno Mata, ha afirmado que las órdenes de prisión preparadas se deben a declaraciones ya recogidas por el Parlamento y a otras que están siendo culminadas.

La comisión que estudia a las 28 empresas supuestamente involucradas es muy prudente en dar a conocer los nombres de las mismas. Pero la diputada Laura Carneiro, vicerrelatora de la comisión, ha hablado de tres empresas involucradas propiedad del empresario William Souza, en Campinas, del Estado de São Paulo, que ha confesado al Parlamento su participación en el Sindicato del crimen. Otras dos son del diputado estatal José Gerardo de Abreu y de su brazo derecho, el también diputado Francisco Caiça, que serán detenidos apenas los respectivos Parlamentos les priven, los próximos días, de la inmunidad parlamentaria.

Otras 23 empresas, 13 de ellas de exportación e importación, están siendo investigadas por los mismos propietarios, y en otras 10 el Parlamento investiga si están involucrados altos funcionarios y los mismos propietarios.

Lo que más trabajo le está costando a la comisión parlamentaria es depurar las responsabilidades de personajes supuestamente involucrados en la red criminal pertenecientes a la magistradura, a la Policía Militar y a miembros de los diferentes Parlamentos, ya que a ellos se atribuye sobre todo la creación de escuadrones de la muerte que habrían realizado decenas de asesinatos y la impunidad ofrecida a los criminales comunes que actuaban para la organización. Algunos de ellos como el político Augusto Farias, del PRTB, o el empresario William Souza, que fue también presidente del mismo partido, están ya en paradero desconocido.