Villalonga y los directivos de Telefónica deberán revelar sus retribuciones especiales

El presidente de Telefónica, Juan Villalonga, y los 99 directivos que, como él, son beneficiarios del plan de opciones sobre acciones de la compañía (prevé el reparto de entre 30.000 y 45.00 millones entre el núcleo de dirección), tendrán que comunicar a la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) los derechos otorgados y contar con la autorización de sus accionistas.Así lo prevén una serie de enmiendas de última hora introducidas por el PP a los Presupuestos, que modifican las leyes del Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas, y que fueron anunciadas paralelamente por el PP y por el ministro Portavoz del Gobierno, Josep Piqué. Con las enmiendas, el PP trata de sofocar la polémica suscitada por el plan de Telefónica, que, en definitiva, viene a marcar distancias con la empresa, cuyo presidente, Juan Villalonga, fue nombramiento fue propuesto por José María Aznar tras llegar a la Moncloa.

En estos momentos, las empresas no tienen ninguna obligación de detallar este tipo de planes a la CNMV, si bien, este organismo había recomendado que se comunicaran. Telefónica ha dado cuenta a la Comisión de Valores de sus planes de incentivos para los ejecutivos de forma genérica, con mención al número de beneficiarios (100) y al número de acciones propiedad de los mismos, pero no los ha detallado.

Mercado de Valores

La enmienda del PP que modifica la Ley del Mercado de Valores establece que "los directivos de sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en una Bolsa de Valores deberán comunicar a la Comisión los derechos de opción sobre acciones de la propia sociedad, concedidos por ésta, de que fueran titulares, sometiéndose dicha comunicación al régimen de publicidad de hechos relevantes". Asimismo, estarán obligados a comunicar las operaciones que realicen sobre ellas.

La enmienda popular a la Ley de Sociedades Anónimas establece, por su parte, que: "La retribución consistente en la entrega de acciones propias o de derechos de opción sobre las mismas, deberá preverse expresamente en los estatutos [de la sociedad] y su aplicación requerirá un acuerdo de la Junta General de Accionistas en el que se exprese el número de acciones a entregar, el precio del ejercicio de los derechos de opción y el plazo de duración de este sistema de retribución".

Las enmiendas del Grupo Popular no fueron las únicas presentadas ayer para responder al impacto provocado en la opinión pública por los planes de la dirección de Telefónica aprobados en febrero de 1997, coincidiendo con la salida del Estado del capital de la compañía de telecomunicaciones tras privatizar el 21% que restaba en manos públicas.

Enmienda del PSOE

El PSOE, que calificó el plan de incentivos de Telefónica de "pelotazo", también ha presentado una enmienda en la que solicita que las ganancias derivadas de los planes de opciones sobre acciones se integren, como ganancias patrimoniales, en la base regular del IRPF, sin reducción de tributación alguna.

Se trata de una forma de elevar su tributación y, según el diputado socialista Francisco Fernández Marugán, "de proteger al conjunto de los contribuyentes de las prácticas de un núcleo reducido de poder y de influencia que dirigen empresas que cuentan con millones de accionistas".

La enmienda socialista pretende, además, que "aquellas sociedades que no repartan dividendos no podrán facilitar a su personal de alta dirección el ejercicio de acciones sobre acciones a precio inferior al del mercado".

Por su parte, las enmiendas presentadas por el partido del Gobierno persiguen, según afirmó su portavoz de Economía en el Congreso, Ramón Aguirre, "introducir una mayor transparencia".