Contradicciones

EL DEBATE parlamentario sobre los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 se convirtió en un enfrentamiento ácido, pleno de desplantes y sólo parcialmente clarificador sobre la política de ingresos y gastos del Gobierno, y, por extensión, sobre las prioridades económicas que ha manejado el Ejecutivo durante la legislatura. Para el Gobierno, representado por el vicepresidente Rodrigo Rato, estamos ante las cuentas del Estado "más saneadas de la democracia" y el déficit estará en mínimos históricos; para la oposición son unos Presupuestos "regresivos", con un esfuerzo social muy bajo, valorado por Joaquín Almunia, secretario general del PSOE, en 65.000 millones, a mucha distancia de los más de 900.000 millones con que el Gobierno asegura haber acrecentado el esfuerzo social.Era prácticamente inevitable que, tratándose de las cuentas previas a las elecciones del 2000 y contando con la fase alcista del ciclo económico, Rato desglosara las excelencias de los indicadores económicos para defender un Presupuesto contradictorio, demasiado expansivo para los defensores del rigor fiscal y demasiado cicatero para quienes, como Almunia, piden un mayor reparto de la riqueza generada por el crecimiento.

Sobre esta disputa caben al menos dos reflexiones. La primera es que, si se parte de que la economía española tiene un compromiso de estabilidad monetaria con la UEM, la petición continuada de aumento del gasto social -por motivos electoralistas también- es un bumerán que se volverá contra futuros Gobiernos, sean populares o socialistas. La segunda es que Rato, copiando la táctica favorita de su jefe de filas, José María Aznar, está instalado en la contemplación permanente del pasado y de los errores que cometieron los socialistas cuando gobernaban: hacer oposición a la oposición. Esta regresión política es, entre otras cosas, un obstáculo mental insalvable para enfrentarse al empeoramiento reciente de algunos indicadores económicos.

Almunia centró su intervención en el endeudamiento de la Seguridad Social -que, según el candidato socialista, ha subido en más de un billón de pesetas durante los últimos tres años- y en las dificultades del Gobierno para controlar la inflación y el déficit exterior. Estos dos últimos puntos son especialmente inquietantes: por más balones que despeje el Gobierno, la evolución reciente del sector exterior es preocupante. No se puede resolver la cuestión de la balanza de pagos olvidándose del intercambio comercial y jactándose de las cuentas turísticas. Y sus explicaciones sobre la inflación -comparándola con las de Holanda y EE UU- no son muy creíbles, aunque las cifras no sean todavía como para calificar la coyuntura de excepcional.