Castilla-La Mancha achaca al Gobierno el descontrol de los fármacos animales

El vicepresidente del ejecutivo regional de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aseguró ayer que lleva dos años esperando a que la Administración central especifique qué medicamentos para uso animal están o no autorizados, y cuáles hay que retirar del mercado por sus riesgos para la salud humana. Según él, los ministerios de Sanidad y Agricultura se comprometieron en 1997 a enviar a las comunidades autónomas la relación de los medicamentos autorizados y comercializados para uso animal.Barreda afirmó que, si dispusieran de esa relación de medicamentos, los servicios técnicos de la Junta "podrían inspeccionar con mayor eficacia" los establecimientos y cooperativas donde se dispensan estos fármacos. Según el vicepresidente, el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha hecho dejación de funciones en la inspección de los establecimientos dedicados a la venta de medicamentos veterinarios, venta que, según denuncia la Federación de Empresarios de Farmacia, se realiza sin los controles que exige la ley.

Castilla-La Mancha es una de las cinco comunidades autónomas que ni siquiera mantienen un registro de los puntos de venta o dispensación de medicamentos para el ganado, pese a estar obligadas a ello por el real decreto 109 / 95 que estableció, hace ya más de cuatro años, una estricta regulación del mercado de los fármacos veterinarios. Las generalizadas transgresiones de esa normativa son particularmente evidentes en estas comunidades.

Mientras tanto, la consejera de Sanidad, Matilde Valentín, culpó a los farmacéuticos que han planteado la denuncia de no cumplir con su obligación, ya que esos profesionales, según ella, "son los responsables del control" de los medicamentos veterinarios. En cualquier caso, afirma Valentín, más allá de velar por la salud de los ciudadanos, determinados farmacéuticos han empezado una "guerra particular" con el único objetivo de conseguir hacerse con la cuota de mercado en la venta de este tipo de fármacos.

La Unión de Consumidores de Castilla-La Mancha, por su parte, pidió ayer a las consejerías de Sanidad y Agricultura que expliquen qué controles realizan para asegurar que las carnes no contienen residuos perjudiciales para la salud. Esta asociación también pidió a los farmacéuticos que se "abstengan de crear alarma entre los consumidores con denuncias que responden a intereses económicos".