Intxaurraga confía en que el CGPJ atienda la petición de introducir el criterio lingüístico en el reparto de casos

El consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, dijo ayer en el Parlamento que la efectividad de las iniciativas para la euskaldunización del personal de la Administración de Justicia ha sido "completa". Intxaurraga volvió a ofrecer, en respuesta a una pregunta del grupo socialista, los datos sobre el número de jueces (71), fiscales (17), secretarios judiciales (56) y funcionarios (590) en proceso de aprendizaje de la lengua, que ofrecen muy pocas variaciones sobre los del año pasado.El consejero destacó que todos las propuestas, excepto la que solicitaba que el criterio lingüístico sea tenido en cuenta a la hora del reparto de casos, han sido apoyadas por las instancias del poder judicial. Esta última propuesta, realizada, como todas las demás, por la comisión interinstitucional que integran el Gobierno vasco, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Sala de Gobierno del Tribunal Superior, las asociaciones de jueces, de fiscales y de secretarios, así como el Consejo Vasco de la Abogacía, está pendiente del informe del CGPJ.

Este asunto mereció el único "lamento" del consejero en su intervención. Intxaurraga se quejó de que la propuesta "no haya merecido mejor suerte" en la Sala de Gobierno del Superior, "pese a contar con el apoyo de todos" y mostró su confianza en que el CGPJ "realice una interpretación normativa más acorde a la realidad normativa y sociolingüística de este país".

Todas las propuestas fueron aprobadas en esa comisión por unanimidad, a excepción de la relativa al euskera en el reparto de casos, que contó con un voto discrepante de los ocho emitidos. Intxaurraga destacó el "máximo respaldo" obtenido por las iniciativas, que han sido apoyadas en su totalidad por las instancias del poder judicial, y "se han materializado en acciones y resultados concretos que están permitiendo avances en el proceso de normalización estancado durante tantos años", dijo. El consejero calificó las medidas como "el primer intento serio de establecer bases de futuro" y se lamentó de que el proceso no se hubiera iniciado "hace muchos años".

El diputado socialista Víctor García auguró un futuro "incierto" a la comisión interinstitucional y pidió que se replantee tanto su composición como sus objetivos, a la vista de que algunas de las medidas propuestas no suscitan el consenso suficiente.

Intxaurraga negó que sea necesario cambiar la comisión y pidió, sin embargo, clarificación al comportamiento "contradictorio" de la Asociación Profesional de la Magistratura (mayoritaria en la carrera y conservadora), cuyos representantes, según dijo, votaron a favor de la medida en la comisión para luego hacerlo en contra en la Sala de Gobierno.