El caso Pinochet

Con la sentencia del juez británico Ronald Bartle se ha dado un paso más hacia la extradición a España del general Pinochet para ser juzgado por crímenes cometidos contra los derechos humanos durante los 17 años de la dictadura que presidió. Se trata de un acontecimiento histórico que trasciende largamente la circunstancia chilena y que debe ser saludado con alegría por todos los millones de seres humanos que, en el ancho mundo, son o han sido perseguidos, maltratados o silenciados por sus ideas, y por quienes no se resignan a que la cultura y las costumbres democráticas sean el privilegio de apenas un puñado de países en tanto que la barbarie del despotismo y la autocracia sigan imperando en las tres cuartas partes restantes del planeta.Quienes, sin ser partidarios de los regímenes dictatoriales, cuestionan el derecho de España y el Reino Unido de juzgar al exdictador chileno, alegan una serie de razones que, creo, no resisten un análisis en profundidad. La más socorrida de estas razones es pragmática: el acoso internacional a Pinochet pone en peligro la transición chilena hacia la democracia y puede desestabilizar al gobierno actual, crispar y exacerbar la vida política e, incluso, provocar un nuevo golpe de Estado. Este catastrofismo no está avalado por los hechos. Por el contrario: la realidad es que el enfrentamiento entre partidarios y adversarios del juicio a Pinochet fuera de Chile, aunque de gran virulencia, es protagonizado por sectores radicales minoritarios, y que una mayoría de la sociedad chilena lo sigue a la distancia y con creciente indiferencia. Mucho más intenso es el debate nacional con motivo de las próximas elecciones, en el que -algo que suelen omitir las informaciones internacionales- el caso Pinochet ha dejado de figurar en primer plano, se diría que por un tácito (y muy sensato) acuerdo entre los principales candidatos, Lagos (de centro izquierda) y Lavín (de centro derecha).

No hay un argumento serio que justifique los lúgubres vaticinios de que el caso Pinochet vaya a destruir la democracia chilena. Por el contrario, como acaba de mostrarlo The New York Times en un reportaje sobre el estado de la justicia en ese país, el procesamiento de Pinochet en España ha significado una reactivación de las iniciativas legales en Chile contra los crímenes y abusos cometidos durante la dictadura, y en los últimos doce meses veintiséis oficiales acusados de estos delitos han sido encarcelados por orden judicial. Este es un síntoma clarísimo de una mayor disponibilidad y libertad de los jueces chilenos para actuar sobre este tema, adquiridas gracias a la remoción del obstáculo que, para el normal desenvolvimiento de la justicia, significaba la presencia del senador vitalicio dentro de uno de los órganos rectores del Estado chileno. En vez de debilitarla, la acción internacional contra Pinochet contribuye a perfeccionar y acelerar una democratización ya firmemente enraizada en Chile.

Otra de las razones alegadas en contra del procesamiento de Pinochet por el juez Baltasar Garzón es de tipo nacionalista: la violación de la soberanía nacional que significaría juzgar al exdictador fuera de su propio país. Este es un argumento de un anacronismo contumaz, que ignora la realidad histórica contemporánea signada por la globalización, es decir por la sistemática erosión de las fronteras y del concepto decimonónico del Estado-nación. La economía se encargó de ser la punta de lanza de la gran ofensiva moderna contra esa visión estrecha, excluyente y particularista de la soberanía, incompatible con la interdependencia que el desarrollo de la ciencia, la técnica, la información, el comercio y la cultura ha establecido a finales del siglo veinte entre todas las sociedades del mundo. ¿Por qué la justicia quedaría excluida de este proceso generalizado de internacionalización de la vida contemporánea? De hecho, no lo está. Nadie objeta que los delincuentes comunes, o los traficantes y contrabandistas, sean perseguidos y sancionados judicialmente fuera de sus "patrias"; por el contrario, lo normal es que los gobiernos soliciten la acción mancomunada de los otros países contra sus delincuentes (por ejemplo, en lo que atañe al terrorismo). ¿Por qué los crímenes y abusos contra los derechos humanos constituirían un caso aparte? ¿Son acaso menos graves desde el punto de vista ético o jurídico estos delitos?

La importancia del caso Pinochet es, precisamente, que sienta un precedente para acabar con la impunidad de que hasta ahora han gozado sinnúmero de tiranuelos y sátrapas, que, luego de perpetrar sus fechorías y pillar la hacienda pública hasta amasar cuantiosas fortunas, se retiraban a disfrutar de una vejez magnífica a salvo de toda sanción. Ahora, de Baby Doc al general Cedras, de Idi Amín a Menghistu, de Fidel Castro a Sadam Hussein, y tantos otros de la misma estirpe, saben que no podrán vivir tranquilos, que vayan donde vayan y estén donde estén la justicia puede llegar hasta ellos y obligarlos a responder por sus crímenes. El efecto disuasivo que esta perspectiva tendrá sobre los candidatos a golpistas no debería ser soslayado.

Hay quienes argumentan que en vez de disuadir a futuros dictadores, el acoso judicial a Pinochet va a incitar a los que ya usurpan el poder a atornillarse en él, a no cometer la imprudencia que cometió el exdictador chileno abandonando un gobierno que lo hacía invulnerable a las sanciones. Quienes eso piensan, tienen una idea arcangélica de los dictadores, pues creen que estos se retiran del poder porque un día se vuelven buenos o demócratas y que hay que incitarlos a que experimenten esta conversión moral y política garantizándoles de antemano la futura impunidad. La verdad es que nunca en la historia un dictador ha dejado de serlo por voluntad propia, por una súbita transformación espiritual, ideológica o ética. Todos quisieran eternizarse en el poder (también muchos gobernantes demócratas, desde luego), y si no lo consiguen es, sencillamente porque no pueden, porque una situación determinada los empuja en un momento dado, de manera irresistible, a partir. Ni Fidel Castro ni el coronel Gaddafi ni Sadam Hussein ni sus congéneres van a acortar un solo minuto su permanencia en el poder porque cese el hostigamiento legal a Pinochet.

Otra de las razones esgrimidas en contra del procesamiento a Pinochet es el del distinto rasero con el que ciertos medios de comunicación y ciertos intelectuales y políticos juzgan a los dictadores: ¿por qué las satrapías de izquierda no les merecen el mismo repudio que las de derecha? ¿Ha sido acaso más cruel y sanguinario en sus diecisiete años de dictador Pinochet con sus adversarios que Fidel Castro en sus cuarenta años de tiranuelo con los suyos? Cualquier persona medianamente informada sabe que, aunque de distinto signo ideológico, ambos personajes son responsables de indecibles abusos contra los más elementales derechos humanos, lo que debería traducirse en una idéntica condena y acoso por parte de la comunidad internacional democrática. Sin embargo, ya lo sabemos, en tanto que ni un solo gobierno democrático defendió a Pinochet, sólo un ínfimo número de gobiernos de esta índole se atreve a llamar a Fidel Castro lo que en verdad es: un pequeño sátrapa con las manos manchadas de sangre. Y una veintena de presidentes y primeros ministros iberoamericanos se dispone, dentro de unos días, en un grotesco aquelarre político, a viajar a La Habana a abrazarse con el repugnante personaje, y a legitimarlo, firmando con él, una vez más, sin que les tiemble la mano ni se les caiga la cara de vergüenza, una declaración a favor de la libertad y la legalidad como el marco adecuado para el desarrollo de la comunidad iberoamericana.

Desde luego que esta doble moral (esta "hemiplejia moral" la llama Jean François Revel) para tratar a los dictadores según sean de derecha o de izquierda es indignante, sobre todo en la boca, la pluma y la conducta de los cínicos que, a la vez que la practican, se llaman demócratas o, escarnio supremo, progresistas. Sin embargo, traducir esta indignación en una propuesta de exoneración de toda culpa a Pinochet ya que (por el momento) no se puede castigar de la misma forma que a él a Fidel Castro, de carta blanca para los desafueros de los dictadores fascistas ya que los dictadores comunistas suelen ser menos vulnerables que aquéllos a la sanción internacional, es lo mismo que proponer que, como no existe una justicia universal y absoluta, la humanidad renuncie a toda forma de justicia, incluso relativa y parcial. Esa es una actitud fundamentalista y maniquea incompatible con la realidad humana social, en la que simplemente no es posible aspirar a la perfección y a lo absoluto en ningún orden. En el dominio penal siempre será preferible que un asesino sea juzgado y sancionado, aunque otros muchos escapen al castigo por sus crímenes. Lo mismo vale para los delitos contra los derechos humanos. El caso Pinochet es alentador desde el punto de vista moral, jurídico y político porque abre las puertas para que, en el futuro, otros dictadores -no importa de qué signo ideológico- sean acosados y sancionados por sus crímenes, y también porque, en este caso particular, unas víctimas concretas de torturas, asesinatos, cárcel y despojos están recibiendo una legítima aunque tardía reparación. Esta es una buena nueva para todas las víctimas de persecuciones y atropellos en los cinco continentes, un indicio de que, por fin, comienza una nueva era en la historia de la humanidad en la que los grandes criminales políticos podrán ser llevados a los tribunales a enfrentarse con sus delitos, sin que puedan escudarse detrás de la "soberanía nacional" o las amnistías que se concedieron ellos mismos cuando estaban en el poder para pasar al retiro con la conciencia tranquila y los bolsillos llenos. Que haya tocado a un exdictador de derecha y no de izquierda ser el primero de lo que -depende de todos nosotros y no sólo del juez Baltasar Garzón- será en el porvenir una larga lista de sátrapas sancionados, es un detalle circunstancial que no afecta para nada la trascendental importancia de lo alcanzado en el plano de la justicia con el caso Pinochet. Depende de los genuinos demócratas, de los verdaderos amantes de la libertad y la legalidad en el mundo entero, que lo ocurrido con Pinochet no sea una excepción sino una regla, no una mera victoria de la "izquierda", sino un primer acto efectivo de justicia para reducir drásticamente los asesinatos y torturas políticas en el mundo, cometidos no importa por quién ni con qué pretexto religioso o político. De alguna manera, poniendo a Pinochet en el banquillo de los acusados, los jueces españoles y británicos han llamado a comparecer junto a él a todas las efigies de una luctuosa e inmemorial dinastía.