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Tribuna:

Comunicando

La briosa irrupción del portavoz oficial del PP en la cacharrería de Televisión Española, acusando a los mandatarios del último Gobierno socialista de haber borrado vídeos lesivos para la imagen de Felipe González (abucheado por los estudiantes de la Universidad Autónoma madrileña en marzo de 1993 o flanqueado en actos públicos por Roldán), confirma que las encendidas pasiones desatadas en el seno de los partidos ante cualquier sospecha de sesgo de la información política suelen desembocar en el ridículo o en la paranoia. Rafael Hernando, un voluntarioso muchacho elevado a responsabilidades excesivas para sus hombros a causa de la política de renovación efebocrática del envejecido partido fundado por Fraga, ha sido desmentido por el propio director general de RTVE. El portavoz popular -un fox terrier asusta menos que el dobermann de la conocida metáfora socialista- pretendía contrarrestar la dimisión no menos pueril de los vocales del Consejo de RTVE designados por el Parlamento a propuesta del PSOE, presentada como protesta de unos telediarios laudatorios hasta la náusea con el Gobierno de Aznar y menospreciadores hasta la crueldad con la oposición.Ciertamente, el seguimiento de los espacios informativos de RTVE muestra que las acusaciones de los socialistas están sólidamente fundamentadas; sin embargo, ni la veracidad de esas afirmaciones justifica el abandono de sus consejeros, ni el quejumbroso tono victimista de su berrinche se compadece con los abusos de parecida índole perpetrados por el PSOE durante las cuatro legislaturas anteriores: todavía produce rubor el recuerdo de la infame entrevista realizada en 1995 a Sancristóbal en la cárcel de Alcalá y transmitida a bombo y platillo por los telediarios cuando Jordi García Candau dirigía RTVE. En cualquier caso, el descarado incumplimiento por todos los partidos que alcanzan el poder -central o autonómico- del mandato del artículo 20 de la Constitución respecto a "los medios de comunicación dependientes del Estado o de cualquier entre público" (la obligación de respetar el pluralismo y de garantizar el acceso a los "grupos sociales y políticos significativos") no exonera de responsabilidad a cada uno en particular cuando le toca el turno. Como sucede siempre que el corporativismo partidista y la endogamia de la clase política secuestran de hecho las competencias del Parlamento, sólo una continuada presión de la opinión podrá conseguir en el futuro la imparcialidad y autonomía hoy inexistente de todas las televisión públicas.

Por lo demás, la didáctica intervención del vicepresidente primero del Gobierno en el XII Congreso del PP asturiano, celebrado el pasado fin de semana, confirma la irrefrenable tendencia ministerial -desde Gabriel Arias-Salgado hasta Francisco Álvarez Cascos- a pontificar sobre la teoría de la comunicación y la deontología de los periodistas. Frente a quienes critican al PP por no haber sabido transmitir al público sus aciertos, Cascos echa la culpa al "abuso" de la libertad de expresión practicado por grupos de comunicación "supuestamente neutrales o que se autodenominan independientes", pero que están en realidad al servicio de "intereses no siempre confesables"; con su proverbial gracejo, el vicepresidente distingue entre la libertad de expresión legítima y la libertad de presión de cierta prensa. Como aquellos simpáticos vendedores de Biblias del Far West que predicaban morigeración y castidad antes de convertirse en los mejores clientes de la barra y de las chicas del saloon, Cascos sermonea a los periodistas -mediante la vivisección de EL PAÍS de Madrid y El Comercio de Gijón (de la cadena del Grupo Correo)- para que titulen correctamente las noticias, distribuyan equitativamente los espacios y no manipulen la información.

Pero a diferencia del ministro franquista Gabriel Arias-Salgado, Cascos carece de medios para hacer entrar directamente en razón a los díscolos: no puede cerrar periódicos, ni someterlos a censura previa, ni secuestrarlos, ni ordenar la inserción obligatoria de artículos, ni retirar el carné a los periodista, ni multarlos. Sin embargo, el Gobierno vicepresidido por Cascos ha tenido maña suficiente para utilizar otros procedimientos con idéntica finalidad: el acoso indirecto a los medios de comunicación independientes mediante la Ley de Televisión Digital y la Ley del Fútbol, con el fin de castigar económicamente sus cuentas de resultados y de atemorizar laboralmente a sus profesionales, y el empleo de Telefónica para crear un poderoso grupo multimedia afín al PP.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de octubre de 1999