Cataluña es la única comunidad que se plantea eliminar los controles a los libros

Los responsables educativos catalanes están abiertos a "eliminar el proceso de homologación" si se llega a un acuerdo sobre el tratamiento que se le da a la lengua en los textos, en especial para garantizar que en Cataluña no se distribuyan ediciones que la Comunidad Valenciana haya hecho revisar. En cambio, Galicia, Andalucía y el País Vasco justifican los controles que se realizan y consideran que es importante mantenerlos "para garantizar que hay una revisión previa de los contenidos que estudian sus alumnos", aunque niegan que se trate de ningún tipo de censura, como dicen los editores.

El Departamento vasco de Educación considera totalmente injustificadas las críticas de los editores de libros de texto. El detallado decreto que regula la autorización del material escolar, aprobado en noviembre pasado, disgusta profundamente a los editores, que lo tachan de "censura previa", informa Naiara Galarraga. El viceconsejero de Educación, Alfonso Unceta, responde que "la gente se debe acostumbrar a que haya un control previo sobre lo que los alumnos estudian" y rechaza tajantemente que éste implique "censura".Unceta explica que, en cumplimiento de ese decreto, la consejería tiene "el deber de hacer un control curricular" para garantizar que el texto es adecuado para el curso en cuestión; "lingüístico, si el texto es en euskera", para que se ajuste a las normas de la Academia de la Lengua Vasca, y "técnico", en el caso del material audiovisual o informático. De los 250 a 300 libros de texto analizados por la consejería vasca la primavera pasada, una veintena no se editó finalmente. En la mayoría de los casos, indica el viceconsejero, las objeciones que se pusieron eran lingüísticas. El anterior decreto era menos preciso que el actual. "Ahora tienen que presentar todo el texto, incluidas las imágenes", indica Unceta.

En Cataluña, la directora general de Ordenación Educativa de la Generalitat de Cataluña, Maria Angels González, no está de acuerdo con las quejas de los editores. La Administración catalana, explica, estableció un sistema de control en 1993, al tiempo en que empezaba a aplicar la reforma educativa de la LOGSE, informa José María Martí Font.

Ajustarse al modelo

La directora general explica cómo se ha llegado a la situación actual: "Lo que pretendíamos era que los libros se ajustaran al nuevo modelo educativo, que las editoriales no se limitaran a cortar y pegar viejos textos, sin cambiar el contenido. También queríamos evitar errores de bulto en las traducciones e incluso algunas expresiones racistas o machistas. Fue entonces cuando tuvimos algunas quejas, pero pactamos con los editores un sistema que se convirtió en un interactivo, de modo que nadie se encontrara con un libro hecho sin la seguridad de que fuera correcto".Maria Angels González recuerda que ese proceso coincidió con la puesta en práctica de la reforma y añade: "Ahora ya lo tenemos resuelto, disponemos de los libros desde hace tiempo, y podríamos incluso eliminar el proceso de homologación".

Para esta directora general, el problema es el de la lengua, especialmente con el valenciano. "Para eliminarlo, deberíamos ponernos de acuerdo Cataluña, Valencia y las Baleares. Creo que los editores se encuentran ahora con el problema de las nuevas comunidades que han recibido las transferencias de educación y que todas ellas quieren tener sus libros. Entiendo su preocupación. Sin embargo, considero que con las nuevas tecnologías de edición no es tan difícil ni encarece tanto el producto hacer versiones diferentes para cada comunidad".

En Andalucía, los portavoces de la Consejería de Educación opinan que las editoriales no pueden presentar unos libros de texto con unos contenidos comunes a todo el mundo "porque entonces no servirán a nadie", informa Carmen Morán. "Esos libros serían esqueléticos, lo que hacen las comunidades es engordar los contenidos". Reconocen que hay asignaturas de currículo universal, como las matemáticas o la física, donde habría menos que decir que en sociales, por ejemplo, pero, aun así, se reservan el derecho de inspección para que todo esté redactado con corrección.

"Los libros de texto deben cubrir el currículo diseñado para Andalucía porque, aunque no tenemos un idioma distinto, sí una cultura propia y representamos más de la quinta parte de la población escolarizada del país". Así lo asegura José Luis Torrecillas, técnico de la Consejería de Educación de Andalucía.

Torrecillas añade que no se conformarían con que los temas propios de la región aparecieran en cuadernillos complementarios "porque no se puede ofrecer a los niños una visión fragmentada de la materia". En cuanto a las relaciones con las editoriales, Torrecillas afirma que rara vez se desecha el material que les presentan, "salvo en casos de errores graves".

En Galicia, el director general de Ordenación Educativa de la Xunta, José Luis Mira, señala: "Nosotros, en la mayoría de los casos, preferimos hacer recomendaciones, sin imponer nada". Mira asegura que el Gobierno autónomo "nunca ha tenido problemas con los editores" respecto al contenido de los libros de texto, informa Xosé Hermida.

Al contar con lengua propia, en Galicia las grandes editoriales españolas ya están obligadas a variar sus textos si no quieren perder ese mercado. La ley establece que se han de impartir en gallego un mínimo de dos asignaturas y un máximo de la mitad del curso completo. "Cada vez hay más profesores que emplean el gallego y, por lo tanto, más demanda de libros en ese idioma", explica Mira. Ese fenómeno ha redundado en beneficio de las editoriales autóctonas, que, según la Xunta, en general han aumentado su cuota de mercado en la enseñanza.

Las indicaciones de la Xunta a las editoriales, afirma el director general, comprenden desde aspectos que afectan puramente a Galicia, como el establecimiento de las "referencias históricas más apropiadas", hasta otros generales, como ejemplos que "podrían herir sensibilidades respecto al derecho de igualdad entre los sexos".