Rebajas confusas

El Gobierno está preparando una rebaja de las tarifas telefónicas como parte de un conjunto de medidas antiinflacionistas que pretenden atajar el desasosegante crecimiento de los precios -2,4% de inflación anual, cuatro veces más que Francia, el doble que la media de la Unión Europea y cuatro décimas por encima de las recomendaciones de estabilidad monetaria- y de la creciente inquietud que pudo detectarse en la última reunión de los ministros del Euro11 sobre la evolución de los precios y el déficit público en varios países, entre ellos España. Por ahora, es muy difícil cuantificar el efecto que tendrán estas rebajas telefónicas sobre el IPC. Y no solamente porque el Ministerio de Fomento no las haya aprobado oficialmente todavía - las tarifas provinciales bajarán en torno al 4,36%; las interprovinciales, el 17,5%; las internacionales, el 6,68%, y las de fijo a móvil, el 12,2%-, sino porque hoy resulta un misterio el sistema de ponderación que tiene el servicio telefónico en el IPC, así como qué tipo de llamadas, de qué empresas y en qué proporción se tienen en cuenta. Fomento y el INE deberían aclarar estos extremos, en la medida en que sea posible, sin romper los límites del secreto que legalmente protege las distintas ponderaciones de precios con las que se construye el IPC.Cualquier rebaja de tarifas debe ser bien venida, ya que beneficia a los consumidores y abarata la formación de costes de los productos. Pero en este caso hay al menos tantas sombras como luces, y lo peor es que las primeras forman parte de una tendencia recurrente del Gobierno del PP a la opacidad y a una propaganda optimista que después se diluye en el vacío. Las rebajas de tarifas no incluyen el abaratamiento de las llamadas locales, que son las que en mayor medida afectan a los consumidores. Por lo tanto, su efecto beneficioso para los usuarios es muy discutible y la proyección sobre el IPC es incierta, aunque probablemente será muy baja.

Siendo la inflación un problema complejo que debe tratarse con medidas precautorias, causa una cierta inquietud el que el Gobierno haya esperado tanto para enfrentarlo y que lo haga de forma tan dispersa en el tiempo. Los planes de liberalización de sectores estratégicos, el de las telecomunicaciones entre ellos, no se hicieron cuando era necesario ni con la intensidad debida, por lo que su eficacia para moderar preventivamente los precios ha sido nula. El Gobierno se ve obligado a recurrir a prácticas intervencionistas porque no existe un mercado transparente que baje los precios. Después de tanta retórica sobre la liberalización y de anunciar como cambios revolucionarios lo que no eran sino trivialidades, el Gobierno tiene que actuar por decreto e intervenir discrecionalmente sobre los precios. Quizá la inflación baje por efecto de estas decisiones, aunque es dudoso que sea de forma duradera; pero el mensaje que se transmite es el de incapacidad de conseguirlo como se debe, es decir, garantizando la competencia.