Andalucía duplicará sus fondos estructurales si España aplica los criterios de la Unión Europea

Si España repartiera entre sus regiones los fondos estructurales comunitarios, del 2000 al 2006, con el mismo criterio con el que la Unión Europea distribuyó las subvenciones entre los países miembros en la cumbre de Berlín de marzo, Andalucía multiplicaría por dos estas ayudas. Pasaría a 15.314 millones de euros, mientras entre 1994 y 1999 recibirá 6.870 millones. Ésta es la cifra que aparece en una carta enviada por la Comisión al Gobierno. El Plan de Desarrollo Regional español está diseñado, pero falta su cuantificación. Antes de final de mes todos los Estados miembros tienen que enviar sus planes a Bruselas.

Dentro del paquete Delors II, de 1994 a 1999, la previsión de fondos estructurales para Andalucía era de 6.870 millones de euros. Ahora, según los cálculos de la Comisión Europea, para el período 2000-2006, le corresponderían 15.314 millones de euros. Esta cantidad, equivalente a 2,54 billones de pesetas, podría financiar el plan de desarrollo regional andaluz que necesita subvenciones públicas por valor de 3,6 billones. Con las cifras de la Comisión, la región pasaría de percibir un 26% de los fondos estructurales españoles a un 40,5%. Así se desprende de la carta que el director general de Política Regional de la Comisión Europea, Eneko Landaburu, envió en julio al Gobierno español. Pero los datos elaborados en Bruselas "no son más que indicativos y en ningún caso obligan al Gobierno", precisó el director general.

"La Comisión puede aceptar que se privilegie a una región por diversas razones, una muy importante puede ser que vaya a sufrir más que otras el impacto de la ampliación", añadió. Landaburu, tras 14 años en el cargo, acaba de ser nombrado responsable de las negociaciones para la entrada de los países del Este. Dejará el puesto el 1 de enero al luxemburgués Guy Crauser.

Cumbre de Berlín

El "reparto indicativo" de la Comisión ha seguido el método descrito en el reglamento de los fondos, aprobado por los ministros de Exteriores en junio. Los servicios de la Comisión han hecho una simulación de cómo quedarían todas las regiones comunitarias, con el mismo criterio que se utilizó en la cumbre de Berlín para hacer el reparto de la Agenda 2000 entre los 15 países miembros.

En Berlín, a finales de marzo, el Consejo Europeo asignó a España 45.955 millones de euros de subvenciones para el desarrollo regional, la modernización agrícola o pesquera y la formación profesional. Esta cantidad era el resultado de unos baremos concretos de población, empleo y prosperidad (producto interior bruto por habitante).

Se introdujo una novedad, para favorecer a los länder de la antigua Alemania oriental y animar al canciller Schröder a dar su apoyo al conjunto del paquete: el principio de concentración, por el cual se primaba más a los territorios con mucha población y altas cifras de desempleo. Andalucía sale beneficiada con este método, en el que la Comisión utilizó el censo de 1996, que todavía no reconoce el Gobierno en los repartos nacionales.

La mayor parte del dinero que vendrá a España, 37.744 millones de euros, irá a las nueve regiones españolas Objetivo Uno, cuya renta está por debajo del 75% de la media comunitaria, a las que hay que añadir Ceuta y Melilla.

España tiene ya perfilado un plan de desarrollo regional para el conjunto del país, que ha sido negociado por el Gobierno central y las comunidades autónomas. Pero este plan, que debe entregarse en Bruselas antes de final de mes, todavía no tiene cifras. Se mantienen criterios clásicos como las subvenciones Feder para la construcción de infraestructuras; el fondo social para la formación profesional de jóvenes o parados de larga duración; el Ifop, para la modernización de la flota pesquera o la acuicultura, y el Feoga orientación, para la renovación de las explotaciones agrarias o apoyar la industria de transformación.

Los estrategas españoles han consensuado innovaciones interesantes, como fondos Feder para mejorar la competitividad de las empresas, las telecomunicaciones, el I+D, el turismo y el patrimonio. Falta establecer qué porcentaje de la inversión total cubrirán los fondos europeos: en este momento el máximo suele estar en torno al 75%.